Autoridades Indígenas de los Pueblos Originarios de Catamarca realizaron una petición a la presidenta de la Cámara de Diputados, Paola Fedeli, con el propósito de que se prorrogue el tratamiento parlamentario del “Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones” (RIGI), tramitados por expedientes Nº 452/2024 y Nº 447/2024, e iniciados por el poder Ejecutivo y por el Bloque la Libertad Avanza.
El petitorio presentado el 3 de septiembre, se ampara en los “Derechos de los Pueblos Indígenas reconocidos en la Constitución Nacional art. 75 inciso 17 y 22 y en Convenios, Declaraciones y Cartas de organismos de la ONU, de la Organización de Estados Americanos (OEA), algunos de ellos con rango constitucional y otros suscriptos por legislación nacional, como así también la jurisprudencia internacional”.
“Según nuestro leal saber y entender, la Ley Nacional Nº 27742, en su capítulo VII, afecta principalmente a nuestras comunidades, toda vez que la misma favorece la instalación de mega emprendimientos mineros y, por ende, afecta el desenvolvimiento de nuestras vidas, conforme los marcos jurídicos y nuestra cosmovisión”, expresaron.
Al respecto, indicaron que no fueron convocados a participar “de modo efectivo” en el tratamiento parlamentario del proyecto de marras, con lo que “incumplieron con las mandas constitucionales y con los estándares internacionales”.
Obligación establecida en el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del trabajo) sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y tribales, ratificado mediante la Ley Nº 24071. En el que se estipula, entre otras, el deber de los Gobiernos de consultar a los “pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”.
Por su parte, la legislación de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos indígenas y Tribales en sus artículos 18 y 19, también avala el derecho de los pueblos indígenas a “participar en la adopciones de decisiones en las cuestiones que afecten a sus derechos”.
Finalmente, señalaron que esta misma petición la realizarán ante la Cámara de Senadores de la Provincia, con copia a cada uno de los senadores de las jurisdicciones correspondientes. Haciendo reserva “de las acciones administrativas y judiciales” que sean necesarias.
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