La provincia cuyana atraviesa una compleja situación geopolítica que ha reactivado antiguas disputas por sus fronteras. Por un lado, el mandatario riojano, Ricardo Quintela, intensificó en los últimos meses un pleito histórico que pone en duda la pertenencia de San Juan sobre el ambicioso proyecto cuprífero Vicuña -la iniciativa minera más relevante del país, con una inyección de capital cercana a los 18.000 millones de dólares- y sobre el área protegida de Ischigualasto, más conocido como el Valle de la Luna. Por otro lado, el límite con San Luis permanece sin una resolución definitiva en un área de más de 3.000 kilómetros cuadrados, donde residen numerosas personas que, en la práctica, se desempeñan como ciudadanos sanjuaninos pero que, desde un punto de vista jurídico, habitan en una zona de indefinición administrativa.
El enfrentamiento entre las provincias de La Rioja y San Juan tiene sus orígenes en 1968, cuando el gobierno militar de Juan Carlos Onganía promulgó la Ley Nacional 18.004, estableciendo las fronteras interprovinciales entre ambas. Dicha normativa adjudicó a San Juan territorios como el cerro El Potro -donde actualmente se lleva a cabo el proyecto Josemaría, integrante del complejo Vicuña- y el Valle de la Luna, pese a que, previamente, eran considerados parte de La Rioja.
Durante muchos años, esta delimitación no provocó mayores inconvenientes. No obstante, el punto de quiebre se produjo en 2018, cuando surgieron las primeras demandas riojanas para obtener una porción de las regalías del proyecto Josemaría. La discusión trascendió lo meramente territorial y se transformó en una pulseada económica vinculada al empleo, la cadena de proveedores y la repartición de beneficios.
En abril de 2026, la situación se agravó cuando la jueza de Cámara de Chilecito, María Greta Decker, emitió una resolución que ordenó detener las operaciones del proyecto Vicuña durante 30 días y prohibió la utilización de caminos y rutas en suelo riojano, que son las únicas vías de acceso al campamento Batidero, situado en San Juan. La decisión se fundamentó en la falta de un Estudio de Impacto Ambiental aprobado por las autoridades riojanas, considerando que la mina se ubica a tan solo 1,5 kilómetros del límite provincial.
Ante este panorama, el gobernador Ricardo Quintela no solo respaldó el fallo judicial, sino que también reabrió el debate histórico sobre los límites provinciales. Su argumento principal sostiene que el convenio de 1968 carece de validez democrática, ya que fue suscripto por gobernadores de facto y jamás fue convalidado por un Congreso electo constitucionalmente.
"En este momento tenemos una situación conflictiva con la empresa Vicuña, en el proyecto Josemaría que está enclavado en San Juan en el límite con La Rioja. Ellos utilizaron durante 25 años el camino de La Rioja, nunca dejaron un peso", denunció Quintela en una entrevista, durante esos días. "Les planteamos -a la empresa- que necesitamos oportunidades laborales para los riojanos y una participación proporcional en los servicios”, afirmó.
En esa línea, propuso que San Juan se quede con el 80% de los puestos laborales y La Rioja con el 20%, e instó a que el Senado de la Nación actúe como mediador institucional para redefinir los límites y llegar a una solución definitiva para el conflicto.
La demanda riojana no es una novedad. Ya en 2010, el entonces senador nacional Carlos Menem había impulsado un proyecto de ley en el Congreso para revisar los límites, argumentando la inconstitucionalidad de la Ley 18.004. En 2021, Quintela ya había intentado una primera revisión, y en octubre de 2025 anunció la apertura de un frente judicial para "recuperar los límites históricos". Actualmente, su planteo incluye cuatro puntos: rediseñar la frontera, obtener una participación económica, incorporar proveedores locales y explorar la posibilidad de esquemas de gestión compartida.
"La ley es la ley"
La respuesta desde San Juan fue de un rechazo contundente y casi unánime. El gobernador Marcelo Orrego fue categórico: "Quiero ser claro: la jurisdicción de San Juan es legal y está respaldada por la Ley 18.004 y la Constitución Nacional. No es un acuerdo entre funcionarios, es una ley vigente desde hace más de 50 años. Los recursos que están en el subsuelo sanjuanino son de los sanjuaninos y los vamos a defender con la ley en la mano, siempre", escribió en sus redes sociales.
La postura sanjuanina se basa en que los límites fueron ratificados posteriormente durante un período democrático. El investigador de la Universidad Nacional de San Juan, Fredi Varas, explicó que el acuerdo de 1968 fue ratificado en 1973 mediante la Ley 3.848, en plena democracia, y reafirmado en 2014 a través de un informe del SAIJ (Sistema Argentino de Información Jurídica).
En la Cámara de Diputados de San Juan, tanto el oficialismo como la oposición se unieron en un proyecto de resolución conjunto para manifestar un "enérgico repudio" a las acciones del gobernador riojano. Los bloques de Cambia San Juan, el Bloque Bloquista y La Libertad Avanza denunciaron que las declaraciones del gobernador riojano constituyen una "intromisión en asuntos internos". El diputado nacional José Peluc (LLA) fue uno de los más críticos: calificó la maniobra de "política antigua" para buscar "dos minutos de fama" y afirmó que Quintela "pone palos en la rueda" porque le molesta que a San Juan le vaya bien.
Paralelamente, la Justicia de San Juan respondió con una medida cautelar que ordenó la reanudación de las actividades en Vicuña, impidiendo que "ningún tercero, sea público o privado, obstruya o suspenda la continuidad operativa del proyecto". Desde Vicuña Corp. -la empresa conformada por BHP y Lundin Mining- se comunicó que continúa operando en total cumplimiento de los marcos legales vigentes.