
El Poder Ejecutivo oficializó una serie de modificaciones en la documentación laboral, incluyendo un nuevo diseño para los recibos de sueldo que busca digitalizar procedimientos y transparentar el costo total que las empresas afrontan por cada empleado. La medida se concretó a través del Decreto 407/2026, como parte del paquete reglamentario de la Ley de Modernización Laboral 27.802.
Esta disposición forma parte de un conjunto de normas publicadas este lunes en el BoletÃn Oficial, junto con los decretos 408/2026 y 409/2026. El objetivo central de estas medidas es impulsar la simplificación administrativa, la digitalización de los procesos laborales y la actualización de diferentes aspectos de las relaciones de trabajo.
Cómo será el nuevo recibo de sueldo
Uno de los ejes principales de la reglamentación es la incorporación de nuevos estándares para la emisión de recibos de haberes, promoviendo un mayor uso de herramientas digitales para el registro y la documentación de los vÃnculos laborales.
Según lo establecido en el decreto, el nuevo formato apunta a ofrecer una perspectiva más detallada sobre los gastos vinculados al empleo. En este sentido, los recibos deberán desglosar de manera clara el costo laboral total que asume la empresa, los conceptos inherentes a la relación laboral y el importe neto que finalmente percibe el trabajador.
La iniciativa se inscribe en una estrategia destinada a reforzar la trazabilidad de la información laboral y disminuir las cargas burocráticas relacionadas con la gestión documental de las compañÃas.
Digitalización de certificados médicos y controles por enfermedad
La reglamentación también contempla modificaciones en el manejo del ausentismo por motivos de salud. A partir de ahora, las recetas médicas que prescriban reposo deberán ser emitidas a través de plataformas registradas en el Registro Nacional de Plataformas Digitales Sanitarias (ReNaPDIS).
Adicionalmente, estos certificados deberán contar con la firma de profesionales inscriptos en la Red Federal de Registros de Profesionales de la Salud (REFEPS).
En aquellos casos en los que existan discrepancias entre el diagnóstico presentado por el empleado y la verificación realizada por la empresa, las partes podrán acudir a juntas médicas oficiales o a instituciones públicas y privadas de reconocido prestigio para dirimir la controversia.
Cambios en acuerdos laborales y trámites jubilatorios
Otro de los puntos reglamentados se enfoca en los acuerdos de desvinculación pactados entre empleadores y trabajadores. El decreto precisa el alcance de las homologaciones ante la autoridad administrativa y fortalece los mecanismos de control para verificar la legalidad de dichos convenios.
Asimismo, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) deberá poner en marcha un sistema informático para notificar el inicio y la conclusión de los trámites jubilatorios. Esta medida busca que los empleadores puedan gestionar de manera oportuna la continuidad del vÃnculo laboral y las coberturas de salud correspondientes.
Plataformas digitales y modificaciones sindicales
La normativa también dispone que los servicios independientes de reparto y movilidad de personas quedan expresamente excluidos de la Ley de Contrato de Trabajo. En este contexto, la SecretarÃa de Transporte será la autoridad de aplicación del régimen, mientras que la SecretarÃa de Trabajo intervendrá en eventuales negociaciones colectivas del sector.
Por otro lado, se establecen cambios en el funcionamiento de las asociaciones sindicales. Entre ellos, se exige una proporcionalidad estricta entre los dirigentes sindicales y los afiliados cotizantes, habilitando mecanismos de auditorÃa cruzada con las bases del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
Además, se fija un umbral del 5% de superposición para resolver conflictos relacionados con la personerÃa gremial y se determinan lÃmites para el uso del crédito horario sindical, con el propósito de evitar perjuicios en la actividad de establecimientos industriales y comerciales.
Con estas disposiciones, el Gobierno avanzó en la reglamentación de una porción relevante de la Ley de Modernización Laboral, introduciendo modificaciones que repercutirán en la documentación laboral, los controles médicos, los trámites previsionales y la organización sindical.

