El Gobierno nacional decidió una nueva prórroga en los incrementos pendientes de los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, una medida orientada a atenuar el impacto en los surtidores y sostener la tendencia de desaceleración inflacionaria.
De esta manera, el Ejecutivo busca que la escalada del petróleo —que por el conflicto en Medio Oriente se sostiene cerca de los u$s100 por barril— no golpee de lleno a los automovilistas, y sobre todo, que no se traslade a los costos del transporte que luego pagan los consumidores.
La disposición fue formalizada a través del Decreto 405/2026, difundido este lunes en el Boletín Oficial con las rúbricas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Economía Luis Caputo.
La normativa introduce cambios al Decreto 617/2025 y prolonga hasta el 30 de junio el régimen de postergación de los ajustes impositivos que afectan a la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil. Como resultado, los aumentos residuales de las actualizaciones del 2024, 2025 y del primer trimestre de 2026 no se aplicarían plenamente hasta el 1 de julio de 2026.
En los fundamentos, el Poder Ejecutivo argumentó que la decisión se toma "con el objetivo de seguir impulsando el crecimiento económico mediante una trayectoria fiscal sostenible", por lo que evaluaron necesario postergar una vez más la entrada en vigor de los incrementos tributarios estipulados por la ley.
Los gravámenes sobre los combustibles líquidos y el dióxido de carbono se ajustan cada tres meses según la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el INDEC, aunque desde 2024 el Gobierno viene retrasando total o parcialmente esos ajustes para moderar su efecto en los precios finales.
La aplicación de estos tributos está a cargo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que responde al Ministerio de Economía, y repercute de forma directa en los montos que los usuarios abonan en las estaciones de servicio.
Con esta movida, el Ejecutivo recurre una vez más al diferimiento impositivo como mecanismo para evitar una presión extra sobre los combustibles, un rubro clave por su capacidad de contagiar incrementos al resto de la economía a través de los costos de flete y logística.