Durante el primer mes de 2026, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dio a conocer una novedad que modifica la dinámica entre el organismo fiscal y los contribuyentes inscriptos. El objetivo de la medida es sistematizar información básica y prevenir complicaciones a futuro.
Esta iniciativa se enmarca en un proceso de modernización que pretende minimizar las presentaciones presenciales, agilizar los tiempos de respuesta y reducir el peligro de enfrentar multas económicas significativas por errores en los formularios.
La modificación para eludir sanciones
El ajuste principal comunicado está relacionado con la administración del domicilio fiscal. Según la nueva normativa, el procedimiento para el alta o la rectificación de este dato deberá efectuarse de manera completamente en línea, bajo criterios uniformes y con una documentación más sencilla que la requerida anteriormente.
El domicilio fiscal constituye el canal oficial que el Estado utiliza para remitir notificaciones, requerimientos y comunicaciones formales. Mantenerlo correctamente actualizado es crucial, dado que las discrepancias o la información obsoleta pueden acarrear penalidades que, de acuerdo a la legislación actual, pueden llegar a sumas muy elevadas.
Con este cambio, la agencia procura simplificar la carga y verificación de direcciones, disminuir fallas habituales y aligerar la carga administrativa que soportaban tanto personas como empresas. El sistema ahora habilita la selección de domicilios previamente validados, sin necesidad de presentar nuevamente papeles que los certifiquen.
Para llevar a cabo la actualización, los pasos quedaron establecidos de la siguiente forma:
- Ingresar al servicio web "Sistema Registral".
- Acceder al "Registro Único Tributario".
- Dirigirse luego a la solapa "Domicilios" y seleccionar la opción "Modificar".
- Completar el formulario electrónico de declaración jurada N° 420/D, con Clave Fiscal de nivel 3 o superior.
Desde el organismo destacaron que este procedimiento achica el margen de equivocaciones y evita incumplimientos que, en situaciones graves, pueden resultar en sanciones que alcanzan hasta los 35 millones de pesos.
Asimismo, la agencia ratificó que las billeteras virtuales continuarán excluidas del Impuesto a los Créditos y Débitos Bancarios. No obstante, los servicios vinculados a activos criptográficos permanecen dentro del padrón del tributo, con las obligaciones impositivas que están en vigor.