La normativa actual establece umbrales específicos para operar sin llamar la atención del organismo recaudador. Quienes excedan estos valores quedarán sujetos a un seguimiento detallado de sus transferencias.
A mediados del año en curso, tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC, se ajustaron estos límites mediante la Resolución General 5512/2024, difundida en el Boletín Oficial. Estas disposiciones, vigentes desde el 1° de junio, continúan aplicándose durante noviembre y se mantendrán en los próximos meses.
Si se superan los topes establecidos, las instituciones financieras tienen la obligación de informar a ARCA, lo cual puede activar alertas y derivar en un análisis pormenorizado de las operaciones. En estos casos, es posible que se solicite justificar el origen de los fondos, para lo cual suelen requerirse contratos de compraventa, recibos de pago, facturas emitidas (bajo monotributo o régimen general), recibos de haberes, constancias de inscripción ante el fisco o certificados de procedencia de fondos firmados por un contador público.

Las repercusiones de una operación que no pueda justificarse adecuadamente pueden incluir sanciones económicas, suspensiones temporales de la cuenta o incluso la intervención de la Unidad de Información Financiera (UIF), organismo encargado de investigar posibles operaciones de lavado de activos.
Parámetros en vigor: ¿a partir de qué suma ARCA ejerce control?
Los umbrales establecidos para noviembre son aplicables tanto a personas humanas como a sociedades:
- Transferencias o acreditaciones: $50.000.000 (personas físicas) y $30.000.000 (personas jurídicas).
- Retiros de efectivo: $10.000.000 para ambos casos.
- Saldos bancarios al finalizar el mes: $50.000.000 (físicas) y $30.000.000 (jurídicas).
- Plazos fijos: $100.000.000 (físicas) y $30.000.000 (jurídicas).
- Transferencias mediante billeteras virtuales: $50.000.000 (físicas) y $30.000.000 (jurídicas).
- Tenencia de valores en sociedades de bolsa: $100.000.000 (físicas) y $30.000.000 (jurídicas).
- Compras como consumidor final: $10.000.000.
- Pagos generales: $50.000.000 (físicas) y $30.000.000 (jurídicas).
