De acuerdo con la querella, entre el 18 y el 19 de julio, la fiscalía dispuso la restitución del vehículo oficial al intendente de Pozo de Piedra, José Yapura, "en calidad de guardador", sin que previamente se llevara a cabo la pericia accidentológica obligatoria, fundamental para establecer las circunstancias en las que se produjo la tragedia.
La camioneta quedó resguardada, parcialmente bajo techo, precintada y cubierta con un plástico, en un taller mecánico. Permaneció en ese lugar durante más de un mes.
Los familiares de Maza y la querella realizaron presentaciones judiciales, y el sábado 30 de agosto la fiscal ordenó el secuestro de la camioneta "previa constatación de las fajas de seguridad, debiendo colocarse nuevas", y su traslado hasta la plaza principal de Belén, donde quedó estacionada a la intemperie, frente a la Comisaría Departamental.
Ese mismo día también solicitó al Laboratorio Satélite Forense que designe un perito accidentológico para que realice las evaluaciones técnicas correspondientes.
Varios días después, el vehículo fue trasladado al centro de Belén. Argumentando la existencia de más deficiencias, la querella pidió a la Procuración que el caso sea derivado a las fiscalías de la Primera Circunscripción Judicial, en el Valle Central.
"En este momento nadie puede garantizarle a la familia de la víctima que ese vehículo -prueba fundamental para determinar la etiología del hecho- no haya sido manipulado", expresó la abogada. Por su lado, la defensa del intendente Yapura presentó como perito de parte al ex jefe de Policía de la Provincia Orlando Quevedo y la Fiscalía admitió su incorporación.
Poco tiempo después, la querella lo recusó, argumentando que su designación podría comprometer “la independencia e imparcialidad que debe existir en toda pericia". Afirmó además que el exjefe comandó la fuerza de seguridad "durante un período del actual gobierno, del mismo signo político que mi denunciado", el intendente Yapura.
El planteo fue rechazado por la fiscalía, la querella se opuso al fallo judicial y el Juzgado de Control de Garantías respaldó la resolución de la fiscal.
