La negociación salarial entre la Unión Tranviaria Automotor (UTA) y las empresas de transporte de todo el país ha llegado a un punto muerto, lo que ha llevado a un anuncio de paro de colectivos en la Ciudad y el Gran Buenos Aires (GBA) para la próxima semana. Según confirmó Roberto Fernández, líder del sindicato, la medida de fuerza comenzará el martes 13 de junio.
El Ministerio de Transporte, a cargo de Diego Giuliano, le avisó esta semana a la UTA que no tiene el dinero para darle a las empresas de colectivos, por lo que se viene demorando la actualización en la estructura de costos. Por eso, en el sector privado cuentan que los dueños de los colectivos "no van a poder pagar" el aumento que piden los choferes.
La UTA intenta adicionar un incremento en el pleno de las escalas salariales, actualizadas ahora en consonancia con el ritmo de la inflación y tras la absorción de la suba del 29,7% pautada en tres tramos: 10% enero; 10% en marzo y 7% en mayo.
El próximo lunes 12 de junio expira la conciliación obligatoria impuesta por el Ministerio de Trabajo, y a partir del martes 13, en caso de no llegar a un acuerdo, se suspenderán los servicios de transporte público automotor. A pesar de esto, la reunión llevada a cabo el jueves 8 por la tarde nuevamente finalizó sin éxito en la consecución de un acuerdo entre las partes involucradas.
Además, se informa quó el sistema de subsidios se transformará en un subsidio directo para los pasajeros, eliminando la intermediación de las empresas. Estas medidas podrían ser parte de una estrategia para desbloquear la situación y encontrar una solución al conflicto en el sector del transporte público.
Una realidad que desborda
El Gobierno reconoce $ 49.600 millones por mes entre lo que abonan los usuarios con las tarifas ($ 28,79 en promedio) y los subsidios; además, dicen en el sector privado, Nación, la Ciudad y la provincia de Buenos Aires tenían hasta mediados de mayo una deuda corriente de unos $ 23.000 millones.
La diferencia entre lo que no se recauda de tarifas (aproximadamente un 14% del total del ingreso) y subsidios (el otro 86%) son $ 27.700 millones o $ 113,15 por cada pasajero, que las empresas computan como pérdidas pero en realidad es deterioro de calidad del servicio, menos frecuencias y demoras en la renovación de unidades por encima de los 10 años.
Se ha anunciado que el Gobierno actualizará el cálculo de costos en la medida en que la situación económica lo permita, lo cual podría ser la clave para resolver el conflicto actual.
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