La modalidad consiste en que personas ajenas a nuestra institución se ofrecen como intermediarios para realizar el pago de facturas del servicio con supuestos descuentos especiales. Estos individuos se encargan de realizar las operaciones con tarjetas de crédito robadas y cuando las mismas son denunciadas, los pagos son anulados.
Desde la empresa comunicaron lo siguiente:
"Recordamos a nuestros usuarios que la participación voluntaria, o involuntaria, en este tipo de trámites constituye un acto delictivo y acarrea consecuencias judiciales. A su vez, estas operaciones generan múltiples inconvenientes a nuestra empresa y al propio usuario, porque su pago carece de validez y pierde el dinero que le entregó al estafador, y además se convierte en un virtual cómplice del acto delictivo".
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