El diputado provincial Francisco Monti presentó un proyecto de ley para modificar el régimen de fueros y desafueros en Catamarca, con el objetivo de permitir que las investigaciones penales contra legisladores y funcionarios puedan avanzar sin necesidad de un desafuero previo. La iniciativa busca adecuar la normativa provincial al esquema vigente a nivel nacional desde la sanción de la Ley 25.320, conocida como “Ley de Fueros”.
La propuesta plantea cambios sobre artículos del Código Procesal Penal de Catamarca vinculados a inmunidades constitucionales y procedimientos judiciales. Según el planteo, las causas penales podrían continuar en todas sus etapas, investigación, producción de pruebas, juicio oral y sentencia, aun cuando el funcionario investigado conserve sus fueros.
El proyecto establece que el desafuero solo sería necesario en situaciones donde exista una medida que implique privación o restricción efectiva de la libertad, como una detención.
Monti sostuvo que el sistema actual genera “obstáculos excesivos” para el avance de las investigaciones judiciales y advirtió que el desafuero puede convertirse en una herramienta sensible desde el punto de vista político.
“No estamos proponiendo eliminar fueros ni debilitar garantías institucionales. Estamos proponiendo un sistema más equilibrado, donde la Justicia pueda actuar sin que eso implique automáticamente apartar a representantes elegidos por el voto popular”, expresó el legislador.
La iniciativa toma como antecedente el modelo implementado en el Congreso de la Nación desde 2000, donde diputados y senadores nacionales pueden ser investigados y llevados a juicio sin perder sus bancas, salvo en casos donde exista una medida restrictiva de libertad.
Entre los principales cambios, el proyecto propone reemplazar artículos del Código Procesal Penal provincial para limitar el alcance de las inmunidades y establecer que estas deben interpretarse de manera restrictiva.
Además, incorpora protección específica para documentación, comunicaciones y elementos vinculados al ejercicio de la función legislativa, evitando que medidas judiciales puedan afectar directamente el trabajo parlamentario sin autorización de la Cámara correspondiente.
En los fundamentos del proyecto, Monti argumentó que la reforma busca fortalecer la independencia de poderes, garantizar el principio de igualdad ante la ley y mejorar la confianza pública en las instituciones democráticas.