La Comisión de Asuntos Constitucionales y Juicio Político de la Cámara de Diputados retomó esta semana el análisis de distintos expedientes parlamentarios, entre ellos el pedido de desafuero de la diputada provincial Natalia Saseta, una causa que permanece en tratamiento legislativo desde hace varios años.
El diputado Javier Galán expresara públicamente su malestar en redes sociales, donde cuestionó los tiempos políticos del tratamiento y sugirió que existe una intencionalidad vinculada a su propia situación judicial.
“Después de más de dos años sin mover un solo papel sobre el pedido de desafuero de la diputada Natalia Saseta, recién ahora quieren ‘armar el expediente’ y avanzar con urgencia. ¿Casualidad? No lo creo”, publicó el legislador.
Galán consideró que “durante años no hubo interés político en tratar el tema”, pero que ahora, “justo cuando empiezan a hablar también de un posible pedido de desafuero” en su contra, surgió la intención de acelerar el expediente de Saseta.
“No voy a acompañar el desafuero de Saseta. Las instituciones no pueden utilizarse como herramientas para perseguir opositores ni sacar de la cancha a quienes piensan distinto”, agregó el diputado del MID.
El pedido de desafuero contra Saseta fue realizado por el juez de Garantías Nº4, Marcelo Sago, en el marco de una causa por presuntas exacciones ilegales, originada tras la denuncia de un exempleado legislativo que aseguró que la diputada del PRO le exigía entregar parte de su sueldo mientras trabajaba en la Cámara Baja.
La Justicia reiteró el requerimiento en distintas oportunidades. Incluso, en 2024 Sago volvió a remitir un oficio a Diputados solicitando que la legisladora pueda ser sometida al proceso judicial correspondiente.
Saseta, por su parte, rechazó en reiteradas ocasiones el pedido y sostuvo que existen planteos de nulidad pendientes de resolución en la causa penal.
El planteo de Galán ocurre en paralelo a las denuncias judiciales que pesan sobre él en las últimas semanas. El diputado fue denunciado por una exempleada legislativa por hechos de abuso sexual, acoso laboral, extorsión y retención de haberes. La causa es investigada por la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género.
Además, hay presentaciones judiciales sobre maniobras de peculado y pedidos de devolución de parte de salarios a trabajadores legislativos.
En ese contexto, el legislador aseguró que “cada vez que aparece alguien que incomoda al poder, buscan disciplinarlo, condicionarlo o eliminarlo políticamente”, y concluyó que “los catamarqueños merecen algo mucho mejor que estas maniobras políticas”.
