El diputado provincial Francisco Monti presentó un proyecto de ley que busca garantizar que los municipios catamarqueños reciban una parte proporcional del adelanto financiero extraordinario otorgado por Nación a la Provincia mediante el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 219/2026.
La iniciativa establece que el 25% de los recursos percibidos por Catamarca, equivalentes a un adelanto de $150 mil millones, sea distribuido automáticamente entre los municipios, respetando los índices de coparticipación municipal actualmente vigentes.
En los fundamentos del proyecto, Monti sostiene que el adelanto financiero nacional tiene como respaldo futuros recursos coparticipables, cuya devolución impactará posteriormente sobre la masa de fondos que también corresponde a los municipios. En ese sentido, argumenta que “resulta razonable, justo y jurídicamente consistente” que las comunas participen desde ahora de esos recursos extraordinarios.
El legislador advierte que, de no concretarse la distribución, se generaría una “asimetría” en el sistema: la Provincia concentraría la liquidez inmediata mientras que los municipios terminarían afrontando indirectamente parte de la devolución futura a través de las retenciones sobre la coparticipación federal.
El proyecto remarca además que el régimen vigente en Catamarca, establecido mediante el Decreto Acuerdo N° 671/2020, reconoce a los municipios una participación del 25% sobre los ingresos provenientes de impuestos provinciales y de la coparticipación federal.
En esa línea, la propuesta busca evitar mecanismos discrecionales de reparto y establece que la distribución se realice de forma “automática, objetiva y proporcional”, sin intervención política en la asignación de los fondos.
La iniciativa también señala que muchas administraciones municipales atraviesan dificultades financieras debido al incremento de costos operativos, la inflación y el aumento de las demandas sociales, por lo que estos recursos podrían destinarse al sostenimiento de servicios esenciales, asistencia social, infraestructura urbana y funcionamiento institucional.
Entre otros puntos, el proyecto fija que las transferencias deberán concretarse dentro de los cinco días hábiles posteriores a la acreditación de los fondos en las cuentas provinciales y obliga al Poder Ejecutivo a informar posteriormente a la Legislatura el monto recibido, las condiciones financieras del adelanto y los recursos distribuidos a cada municipio.