La Cámara de Diputados de la Nación Argentina aprobó la reforma de la Ley de Glaciares en una sesión marcada por el debate ambiental y productivo. En ese contexto, la diputada nacional por Catamarca y presidenta de la Comisión de Minería, Fernanda Ávila, sostuvo que la discusión estuvo atravesada por interpretaciones erróneas y defendió los cambios impulsados por el oficialismo.
“Estamos fundamentalmente ante un problema de percepción”, afirmó en el recinto, al tiempo que cuestionó la idea de que toda modificación normativa implique un retroceso. Según explicó, existe “un reflejo automático de considerar que ante cualquier modificación de una norma ambiental estamos desprotegiendo”.
En esa línea, remarcó que “el objeto de la ley no cambia”, y aclaró que la finalidad sigue siendo “proteger las reservas estratégicas de agua”. La legisladora sostuvo que la reforma apunta a ordenar y hacer aplicable una normativa que, a su entender, presenta problemas de redacción desde su origen.
Durante su exposición, Ávila reconstruyó el proceso legislativo de la ley sancionada en 2010 y planteó que las “imprecisiones técnicas generan inseguridad jurídica”, una situación que, según indicó, derivó en interpretaciones contradictorias a lo largo del tiempo.
También cuestionó las limitaciones en los estudios sobre glaciares y ambientes periglaciares. En ese punto, explicó que los relevamientos actuales no alcanzan para determinar con precisión la función hídrica de todos los cuerpos identificados, lo que dificulta la toma de decisiones.
El rol de las provincias
En otro tramo, la presidenta de la Comisión de Minería puso el foco en el rol de las provincias. “Tenemos profesionales de altísimo nivel y procesos científicos validados”, afirmó, en una defensa de las capacidades técnicas locales frente a lo que consideró una subestimación.
Además, vinculó la discusión con el federalismo y la necesidad de descentralizar evaluaciones. “No se trata de decisiones discrecionales, sino de procesos científicos con controles”, sostuvo, al referirse a los mecanismos de evaluación ambiental en las jurisdicciones provinciales.
Sobre el cierre, la diputada insistió en que la reforma no implica una reducción de la protección ambiental. “Una ley es más fuerte cuando se puede sostener y entender sin ambigüedades”, expresó, y concluyó que el objetivo es “clarificar la norma para que la protección ambiental se haga en armonía con el desarrollo de las provincias”.
