Política

Imputaron a Manuel Adorni por enriquecimiento ilícito: investigan un aumento patrimonial del 500%

El fiscal Gerardo Pollicita impulsó la acción penal y pidió una batería de medidas de prueba. La causa también analiza el polémico vuelo privado a Punta del Este.

Por Redacción Inforama

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, fue imputado en una causa por presunto enriquecimiento ilícito, luego de que el fiscal federal Gerardo Pollicita impulsara la acción penal para investigar su patrimonio.

La medida se da en el marco de una denuncia que apunta a un posible incremento desproporcionado de sus bienes, el cual —según consta en el requerimiento fiscal— habría alcanzado un 500% en un solo período fiscal .

En ese contexto, el fiscal solicitó una batería de medidas de prueba con el objetivo de reconstruir la evolución patrimonial del funcionario y determinar si existe correspondencia entre sus ingresos y sus bienes.

Qué investiga la Justicia

Entre los principales puntos bajo análisis, la fiscalía busca determinar:

  • La titularidad de propiedades en la provincia de Buenos Aires y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
  • La posible existencia de un inmueble no declarado en el country Indio Cuá
  • La cantidad de vehículos registrados a su nombre y al de su pareja
  • Las declaraciones juradas patrimoniales presentadas ante la Oficina Anticorrupción
  • Movimientos migratorios y posibles inconsistencias con su nivel de vida

Además, se intenta esclarecer la procedencia de ciertos fondos que, según la denuncia, habrían sido justificados mediante préstamos familiares, así como la eventual existencia de activos no declarados en el exterior.

El rol del vuelo a Punta del Este

La investigación también se vincula con el viaje en un vuelo privado a Punta del Este, realizado por Adorni junto a su familia y el periodista de la TV Pública, Marcelo Grandio.

Ese episodio encendió alertas judiciales y políticas, ya que uno de los ejes es determinar si el nivel de gastos y estilo de vida del funcionario resulta compatible con sus ingresos declarados.

La causa quedó en manos del juez federal Ariel Lijo, quien deberá definir si hace lugar a las medidas solicitadas o si delega la investigación en el fiscal.

El objetivo del proceso es establecer si existen inconsistencias patrimoniales que justifiquen el avance de la causa penal, en un expediente que podría escalar en las próximas semanas.