La Cámara de Diputados de la Nación realizará esta semana las audiencias públicas por la reforma de la Ley de Glaciares, una instancia clave dentro del proceso legislativo que definirá posibles cambios en la normativa que obtuvo media sanción en el Senado.
Las jornadas fueron convocadas para el miércoles 25 de marzo, en modalidad presencial, y el jueves 26, de manera virtual, en el ámbito de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Recursos Naturales.
La reforma de la ley abre un debate de fondo sobre el equilibrio entre desarrollo productivo y protección ambiental. Mientras desde el oficialismo y algunos gobernadores se plantea la necesidad de actualizar la norma para facilitar inversiones, sectores ambientalistas y parte de la oposición advierten sobre los riesgos de flexibilizar controles en áreas consideradas reservas estratégicas de agua.
El proyecto propone, entre otros puntos, modificar los criterios de protección sobre el ambiente periglaciar, lo que podría redefinir qué zonas quedan alcanzadas por las restricciones vigentes.
Audiencias con participación récord y formato limitado
El proceso se desarrolla en un contexto de alta participación ciudadana. Cerca de 100.000 personas se inscribieron para exponer, una cifra inédita en este tipo de debates. Sin embargo, el oficialismo, encabezado por La Libertad Avanza, definió un esquema acotado.
Solo 400 participantes podrán hacer uso de la palabra, 200 en cada jornada, mientras que el resto deberá presentar su postura mediante videos. La decisión generó cuestionamientos de sectores de la oposición y de organizaciones ambientalistas, que advierten sobre restricciones a la participación.
En ese marco,Greenpeace Argentina presentó una medida cautelar ante la Justicia para que se garantice la exposición oral de todos los inscriptos. Sin embargo, la petición fue rechazada finalmente por el juez Enrique V. Lavié Pico
El impacto en Catamarca y las advertencias
El debate tiene un impacto directo en Catamarca, donde la minería, en especial el litio, es uno de los principales motores económicos.
Una eventual modificación de la normativa podría facilitar el desarrollo de nuevos proyectos y atraer inversiones. Sin embargo, también crecen las advertencias sobre sus posibles consecuencias ambientales, especialmente en territorios de alta montaña.
Uno de los puntos más cuestionados es que la protección ya no sería automática, solo se aplicaría a los glaciares y ambientes periglaciares que sean previamente identificados como reservas con función hídrica. Esto implica que áreas actualmente protegidas podrían quedar expuestas a actividades productivas si no cuentan con estudios suficientes.
En una provincia como Catamarca, con cuencas cerradas y limitada disponibilidad de agua, especialistas advierten que cualquier afectación podría tener consecuencias difíciles de revertir. También se señalan riesgos asociados a la actividad minera en salares, donde la extracción de salmuera podría alterar el equilibrio hídrico y afectar acuíferos de agua dulce.
A esto se suma la preocupación por una eventual reducción de las áreas protegidas y el posible debilitamiento del principio precautorio. En regiones áridas, los glaciares y el ambiente periglaciar cumplen un rol clave como reservas estratégicas de agua, fundamentales para el consumo humano y las actividades productivas.
Un debate que sigue abierto
Con las audiencias programadas para esta semana, el Congreso avanza en un proceso que combina discusión técnica, tensión política y participación social. El oficialismo prevé avanzar rápidamente hacia el dictamen y su posterior tratamiento en el recinto.
El resultado de este debate no solo definirá el alcance de la protección de los glaciares en la Argentina, sino también el rumbo de actividades estratégicas en provincias como Catamarca, donde el equilibrio entre desarrollo y ambiente se vuelve un eje central.