Un nuevo capítulo del cruce político en la Capital se abrió tras la presentación de un proyecto de ordenanza impulsado por los concejales Diego Figueroa y Eleonora Sopaga (LLA–PRO), que busca poner fin a la actividad de los denominados “trapitos”, limpiavidrios y la llamada reserva ilegal de estacionamiento en la vía pública.
La iniciativa, titulada “Recuperación del Orden y la Seguridad en el Espacio Público”, propone una política de “tolerancia cero” frente a estas prácticas, a las que los autores vinculan con situaciones de extorsión, amenazas y apropiación indebida del espacio público.
“No vamos a romantizar el fracaso del Estado. El vecino no tiene por qué pagar una ‘propina’ por miedo a represalias ni ser rehén de quienes se adueñan de las calles”, señalaron Figueroa y Sopaga en los fundamentos del proyecto.
La respuesta de Adriana Díaz
La propuesta generó una rápida reacción de la exdiputada provincial Adriana Díaz, quien salió al cruce a través de redes sociales con un duro cuestionamiento.
“Resulta alarmante, aunque previsible, leer propuestas que pretenden ‘limpiar’ la ciudad como si algunas personas fueran desecho urbano”, expresó.
Díaz rechazó el enfoque del proyecto y sostuvo que el fenómeno de los cuidacoches no puede reducirse a una cuestión de seguridad, sino que responde a problemáticas estructurales.
“Nadie elige exponerse al sol y a la lluvia por unas monedas si tuviera una alternativa real de vida”, planteó, al tiempo que calificó de “profundamente cínico” que se cuestione estas prácticas sin abordar el contexto económico y social.
En ese sentido, la dirigente advirtió que “intentar prohibir o sancionar a quien busca el sustento diario es atacar el síntoma ignorando la enfermedad”, y apuntó contra lo que consideró una respuesta basada en la “mano dura”.
También cuestionó que se generalice a todo el sector por casos puntuales: “Juzgar a todo un conjunto por las conductas aisladas de unos pocos es una injusticia que profundiza la grieta social”.
Finalmente, Díaz sostuvo que la salida debe pasar por políticas de inclusión y regulación, y no por medidas punitivas: “La solución real no se encuentra en el Código de Faltas, sino en el camino de la inclusión genuina y el cese de la discriminación”.
Los puntos clave del proyecto
La ordenanza contempla medidas concretas para restringir estas actividades en todo el ejido municipal:
- Cese total del cuidado informal de vehículos, limpieza de vidrios sin consentimiento y reserva de espacios con objetos.
- Intervención de la Guardia Urbana, con la posibilidad de utilizar armas no letales para hacer cumplir la norma.
- Sanciones que incluyen multas, trabajo comunitario obligatorio y traslado de infractores en caso de flagrancia.
- Campañas de concientización para desalentar que los ciudadanos financien estas prácticas.
Además, el proyecto identifica zonas críticas como la Plaza 25 de Mayo, La Alameda y la calle Ayacucho, donde —según los concejales— la presencia de cuidacoches ha desplazado la autoridad estatal.
Bajo la consigna “donde existe un cuidacoches, falta un policía”, los ediles sostuvieron que la medida apunta a “devolverle la calle al laburante” y mejorar las condiciones para el comercio y el turismo.
Un debate que vuelve a escalar
El nuevo cruce entre el oficialismo libertario en el Concejo Deliberante y sectores de la oposición vuelve a poner en agenda cómo abordar la presencia de trabajadores informales en el espacio público, en un contexto atravesado por la crisis económica.
Mientras desde el proyecto se plantea la necesidad de orden, seguridad y control, las críticas apuntan a que la problemática requiere respuestas sociales más profundas, reeditando un debate que ya había generado polémica días atrás con otras iniciativas similares.
