Más de 18 mil personas y organizaciones se inscribieron para participar en las audiencias públicas convocadas por la Cámara de Diputados para debatir la reforma de la Ley de Glaciares. El alto número de anotados amenaza con extender el proceso deliberativo durante varios meses.
Según estimaciones del oficialismo y la oposición, bajo el esquema actual —que prevé cinco minutos de exposición por participante— el debate podría prolongarse hasta seis meses para completar todas las intervenciones.
La situación genera tensiones políticas en el Congreso. Mientras La Libertad Avanza busca acelerar el tratamiento del proyecto, sectores de la oposición reclaman ampliar las jornadas de audiencias para garantizar la participación de todos los inscriptos.
Audiencias públicas y reclamos de la oposición
Durante el plenario de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y Asuntos Constitucionales, presididas por los diputados José Peluc y Nicolás Mayoraz, se definió convocar a dos jornadas de audiencias públicas.
Las exposiciones se realizarán los días 25 y 26 de marzo, entre las 10 y las 19 horas. El primer día será presencial en la Sala A del Anexo “C” de la Cámara de Diputados, mientras que la segunda jornada se desarrollará de manera virtual para facilitar la participación federal.
Sin embargo, desde bloques opositores solicitaron ampliar el cronograma ante la cantidad de inscriptos. El pedido fue firmado por los diputados Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), Sabrina Selva (Unión por la Patria) y María Inés Zigarán (Provincias Unidas).
En la carta enviada a las autoridades de las comisiones, los legisladores pidieron que se adopten medidas para garantizar la participación efectiva de quienes se anotaron.
“Solicitamos ampliar la convocatoria y la duración de la audiencia pública para asegurar que el procedimiento cumpla con los estándares de participación ambiental asumidos por la Argentina en el marco del Acuerdo de Escazú”, señalaron.
Además, desde la oposición reclamaron mayor transparencia y la publicación del listado completo de personas inscriptas.
Qué propone la reforma de la Ley de Glaciares
El proyecto impulsado en el Congreso busca modificar el alcance de la actual Ley de Glaciares, que hoy protege de forma general a los glaciares y ambientes periglaciales.
La nueva redacción propone limitar la protección únicamente a aquellos glaciares y geoformas periglaciales que funcionen como reservas estratégicas de agua o recarga de cuencas.
De aprobarse la reforma, las provincias tendrían mayor autonomía para determinar qué áreas cumplen funciones hídricas relevantes, basándose en estudios técnico-científicos propios.
Aunque la iniciativa mantiene la prohibición de actividades que alteren el estado natural de los glaciares —como proyectos mineros, hidrocarburíferos o industriales—, introduce un cambio de criterio.
En lugar de prohibiciones absolutas, plantea un sistema basado en evaluaciones de impacto ambiental y evidencia técnica, lo que permitiría analizar los proyectos caso por caso.
El debate ambiental y la agenda minera
La discusión legislativa ocurre en paralelo con la búsqueda de inversiones internacionales para el sector minero.
Esta semana, gobernadores de provincias mineras argentinas participaron en Nueva York de la llamada Argentina Week, donde presentaron oportunidades de inversión en minería ante grandes compañías internacionales.
El objetivo de esos encuentros es posicionar al país como un destino atractivo para el desarrollo de proyectos vinculados a litio, cobre y otros minerales estratégicos.
Sin embargo, la masiva participación ciudadana en las audiencias públicas refleja que la discusión sobre la Ley de Glaciares atraviesa un debate social más amplio.
El eje del conflicto gira en torno al equilibrio entre desarrollo económico, explotación de recursos naturales y preservación ambiental, un tema que vuelve a instalarse con fuerza en la agenda política nacional.