El Senado de la Nación convirtió en ley el proyecto de Régimen Penal Juvenil y estableció que la edad de imputabilidad bajará de 16 a 14 años. La iniciativa obtuvo 44 votos afirmativos, 27 negativos y una abstención. Ahora resta la reglamentación y su publicación en el Boletín Oficial.
El proyecto, impulsado por el Ministerio de Seguridad durante la gestión de Patricia Bullrich, fija un nuevo marco normativo para adolescentes de entre 14 y 18 años que cometan delitos. La ley crea un sistema especializado con procedimientos diferenciados y garantías acordes a la edad.
Durante el debate, la ministra Bullrich defendió la reforma y afirmó: “El Estado no va a seguir mirando para otro lado. No importa la edad de los delincuentes, importa el delito”. Sostuvo además que el nuevo esquema busca “proteger a los adolescentes y reparar a las víctimas”.
Debate y posiciones encontradas
El oficialismo y sus aliados respaldaron la iniciativa. En cambio, el bloque peronista votó en contra y planteó objeciones constitucionales y presupuestarias.
La senadora Lucía Corpacci señaló que la ley “no es la solución” y pidió actuar “con racionalidad y humanidad”. Por su parte, Gerardo Zamora advirtió que el texto generará “litigiosidad” y cuestionó su adecuación al federalismo.
El senador Jorge Capitanich sostuvo que, sin financiamiento suficiente, la norma podría convertirse en “letra muerta”. Desde el oficialismo, Luis Juez respondió que, si el problema es presupuestario, las provincias deben aportar recursos.
Presupuesto y cuestionamientos
Según la norma, el Estado nacional destinará $23.700 millones para la implementación del nuevo sistema en las provincias. Datos del Servicio Penitenciario Federal indican que el costo del metro cuadrado de construcción asciende a 3,2 millones de pesos. Con el presupuesto previsto, se podrían edificar alrededor de 7.400 metros cuadrados, lo que implicaría unos 308 metros cuadrados por distrito si se distribuye entre las 24 jurisdicciones.
La oposición consideró que esos recursos resultan insuficientes para garantizar infraestructura adecuada y personal especializado.
Qué establece el nuevo Régimen Penal Juvenil
La ley crea un sistema penal juvenil especializado para adolescentes de 14 a 18 años. Establece la presunción favorable a la minoría de edad y prohíbe que menores de 18 años compartan ámbitos judiciales o penitenciarios con adultos.
El texto incorpora principios de legalidad, proporcionalidad y excepcionalidad de la privación de la libertad. Prioriza medidas orientadas a la resocialización y prevé un esquema progresivo de sanciones que incluye tareas comunitarias, reparación del daño, monitoreo electrónico y restricciones de circulación.
La privación de la libertad solo se aplicará en delitos graves y con límites estrictos de tiempo. Además, la norma exige centros diferenciados y personal capacitado.
El régimen también otorga un rol activo a las víctimas. Garantiza asistencia jurídica y psicológica inmediata, la posibilidad de intervenir en audiencias y participar en instancias de mediación penal juvenil.
En los casos de menores inimputables, la ley dispone intervención judicial para investigar el hecho y aplicar medidas protectoras bajo la órbita de la justicia civil.
Con la sanción definitiva, el nuevo Régimen Penal Juvenil redefine la respuesta del Estado frente al delito adolescente y abre una nueva etapa en el debate sobre la edad de imputabilidad en la Argentina.