El diputado nacional Sebastián Nóblega (ELIJO CATAMARCA) llevó a la Cámara de Diputados de la Nación el reclamo por la liberación inmediata del gendarme argentino Nahuel Agustín Gallo, quien permanece detenido en Venezuela desde el 8 de diciembre de 2024.
Durante la Sesión del 12 de febrero de 2026, Nóblega solicitó la palabra para plantear una cuestión de privilegio en la que pidió al gobierno nacional arbitrar “todos los medios necesarios, diplomáticos, políticos y consulares” para exigir la liberación de Gallo, de "origen catamarqueño y miembro de la Gendarmería Nacional Argentina”. Asimismo, reclamó que el Congreso trate en la próxima sesión un proyecto de declaración de su autoría sobre la situación, que genera “gran incertidumbre no solo para la familia” del suboficial, sino también para toda Catamarca.
Nahuel Agustín Gallo, cabo primero de la Gendarmería Nacional, fue detenido por fuerzas venezolanas al intentar ingresar al país desde Colombia por el Puente Internacional Francisco de Paula Santander. Según las autoridades de Caracas, estaría vinculado a actos de “terrorismo” y acciones desestabilizadoras, cargos que han sido rechazados por el Gobierno argentino, la familia del suboficial y organizaciones internacionales.
El caso ha derivado en una fuerte tensión diplomática entre Argentina y Venezuela. En diciembre de 2024, el Gobierno argentino denunció la detención como una “arresto arbitrario e injustificado” y presentó una queja ante la Corte Penal Internacional, calificándola como una violación de derechos humanos y apelando a mecanismos internacionales para garantizar la protección del gendarme.
Organismos como la Organización de Estados Americanos (OEA) han manifestado su preocupación por la situación de Gallo, incluso señalando la detención como un posible “crimen contra la humanidad” y reclamando su inmediata liberación.
Situación de Gallo y reclamos oficiales
Hasta la fecha, no hay confirmación pública de que Gallo haya sido liberado o trasladado a juicio. La familia ha denunciado falta de información concreta sobre su paradero y estado, en un contexto en que Caracas ha limitado el acceso consular y legal, lo que agrava las tensiones diplomáticas entre ambos países.