En la previa del debate clave por la Ley de Modernización Laboral en el Senado, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, denunció públicamente presiones y amenazas dentro del Partido Justicialista (PJ) para impedir que legisladores peronistas acompañen el proyecto impulsado por el Gobierno nacional. En ese escenario, el senador por Catamarca Guillermo Andrada quedó ubicado en el centro de la escena política al integrar el bloque Convicción Federal, señalado como decisivo para el resultado de la votación.
La iniciativa será tratada este miércoles 11 de febrero a las 11 horas en la Cámara alta, donde el oficialismo busca reunir los apoyos necesarios para avanzar con una reforma que apunta a modificar el esquema de relaciones laborales. La atención está puesta en Convicción Federal, un espacio conformado por cinco senadores que mantienen una posición diferenciada del bloque peronista mayoritario, integrado por 28 legisladores.
Guillermo Andrada representa a Catamarca dentro de ese bloque clave, junto a Carolina Moisés (Jujuy), Fernando Aldo Salino (San Luis), Sandra Mendoza (Tucumán) y Jesús Fernando Rejal (La Rioja). La definición que adopten estos legisladores podría inclinar la balanza en una votación que se anticipa ajustada.
Presiones y amenazas
La tensión interna quedó expuesta este domingo cuando el gobernador Sáenz reveló que legisladores y mandatarios provinciales fueron objeto de advertencias para que rechacen la iniciativa. “A gobernadores, senadores y diputados se los ha amenazado con intervenirles el partido si no votan en contra de la reforma laboral”, afirmó el mandatario salteño en una entrevista televisiva.
Según explicó, las presiones incluyeron la posibilidad de avanzar con intervenciones partidarias en distritos donde el PJ gobierna o tiene peso electoral. "Les van a quitar la herramienta electoral que tienen”, sostuvo Sáenz.
De acuerdo con fuentes legislativas, en las últimas semanas los integrantes de Convicción Federal, entre ellos el senador catamarqueño Guillermo Andrada, recibieron llamados desde distintos niveles del peronismo. Mientras algunos contactos se enmarcaron en la lógica de la negociación política tradicional, otros incluyeron advertencias explícitas sobre eventuales consecuencias internas en caso de respaldar el proyecto del Ejecutivo nacional.
En paralelo, la Casa Rosada intensificó las conversaciones con gobernadores y senadores del interior para asegurar los votos necesarios en el primer tramo del tratamiento parlamentario, en un contexto atravesado por la presión sindical, la resistencia del kirchnerismo y una creciente fragmentación dentro del peronismo.
Al justificar su postura, Sáenz defendió la necesidad de discutir una actualización del régimen laboral y cuestionó las posiciones cerradas dentro de su propio espacio político. “La ley laboral que tenemos no funciona, claramente no funciona”, afirmó, y agregó: “Es muy difícil trabajar así, cuando llega el momento de votar, los aprietan y los amenazan”.