Un proyecto de ley que propone establecer límites a las designaciones de familiares dentro del Estado provincial fue presentado en la Cámara de Diputados de Catamarca. La iniciativa, impulsada por el diputado Carlos Aibar Quintar, de La Libertad Avanza, apunta a reforzar los principios de ética pública, transparencia y prevención de conflictos de intereses en la administración pública.
El proyecto, que ya fue ingresado formalmente al circuito legislativo y se encuentra en etapa de análisis, aún no cuenta con dictamen ni tratamiento en el recinto, por lo que continúa en instancia parlamentaria dentro de la Cámara baja.
La propuesta busca impedir la designación, contratación o promoción de personas que mantengan vínculos de parentesco con autoridades del Poder Ejecutivo y de organismos estatales, cuando esas decisiones no estén basadas en criterios objetivos de mérito e idoneidad.
Alcance de la iniciativa
El texto establece que la norma será de aplicación para el Poder Ejecutivo provincial, la administración pública centralizada y descentralizada, los organismos autárquicos, empresas del Estado y todos aquellos entes donde la Provincia tenga participación mayoritaria o control.
Entre sus puntos centrales, el proyecto prohíbe el nombramiento de personas que tengan parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad o primer grado de afinidad con el gobernador, vicegobernador, ministros, secretarios y autoridades superiores de organismos estatales. La prohibición alcanza a cargos permanentes, transitorios, políticos, técnicos o de gabinete, sin importar la modalidad contractual.
En los fundamentos, el autor del proyecto sostiene que el nepotismo “constituye una de las manifestaciones más evidentes de la confusión entre lo público y lo privado” y advierte que estas prácticas “afectan de manera directa la confianza de la ciudadanía en las instituciones y deterioran la legitimidad del Estado”.
Excepciones y deberes
La iniciativa contempla excepciones para los casos en los que el ingreso a la administración pública se haya realizado mediante concursos públicos de antecedentes y oposición, o cuando se trate de personal de carrera administrativa con mecanismos de promoción preexistentes. También quedan excluidas las designaciones anteriores a la entrada en vigencia de la ley.
Asimismo, se incorpora el deber de abstención para los funcionarios que deban intervenir en decisiones que involucren a familiares, y la obligación de declarar esos vínculos en las declaraciones juradas patrimoniales y de intereses.
“El objetivo no es discriminar por lazos familiares, sino evitar privilegios indebidos y garantizar que el acceso a la función pública esté regido por la idoneidad y el interés general”, señala el texto.
