El Gobierno de Salta dispuso la obligatoriedad de exámenes toxicológicos para todos los funcionarios públicos, tras la firma de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) por parte del gobernador Gustavo Sáenz. La medida incluye a los tres poderes del Estado y fija sanciones ante resultados positivos o la negativa a realizar los controles.
El anuncio se realizó en el Centro Cívico Grand Bourg y marca un cambio en las reglas de acceso y permanencia en la función pública provincial. El decreto alcanza tanto a quienes ya ocupan cargos como a quienes aspiren a ingresar al Estado.
A quiénes alcanza la medida
Según explicó la vocera del Gobierno provincial, Ana Paula Benavides, el decreto no contempla excepciones. En el Poder Ejecutivo, la exigencia alcanza al gobernador, vicegobernador, ministros y secretarios.
En el Poder Legislativo, incluye a senadores y diputados. También rige para el Poder Judicial, el Ministerio Público, intendentes, concejales, entes autárquicos y organismos de control. Además, la norma se aplicará a postulantes a cargos en áreas sensibles como salud, seguridad y educación.
Cómo serán los controles toxicológicos
Los exámenes toxicológicos se realizarán de manera aleatoria y sorpresiva, directamente en los lugares de trabajo. Los controles buscarán detectar cocaína, cannabinoides, opioides, anfetaminas y otras sustancias psicoactivas prohibidas.
Desde el Gobierno aseguraron que el procedimiento respetará la privacidad, el debido proceso y el derecho a solicitar contrapruebas en laboratorios habilitados.
Consecuencias ante resultados positivos
El decreto establece sanciones concretas. La negativa injustificada a realizar el examen se considerará como resultado positivo. En esos casos, los funcionarios en ejercicio podrán enfrentar la remoción del cargo o la activación de mecanismos de juicio político y destitución, según corresponda.
Para los aspirantes, un resultado positivo impedirá el ingreso a la administración pública.
Fundamentos y contexto político
El Ejecutivo provincial señaló que la medida busca reforzar la idoneidad, la aptitud moral y la integridad física y psíquica de quienes ejercen cargos públicos. Benavides remarcó que la función pública implica una responsabilidad institucional y no un privilegio.
El decreto retoma un debate previo. En 2025, el entonces diputado provincial Juan Esteban Romero había presentado un proyecto similar, que no fue tratado en la Legislatura. Tras la firma del DNU, Romero valoró la decisión del Ejecutivo y sostuvo que “quienes ocupan responsabilidades públicas deben dar el ejemplo”.
Desde el Gobierno de Salta indicaron que aún restan definir aspectos operativos, como la periodicidad de los controles y los organismos responsables. Sin embargo, la decisión ya impactó en la agenda institucional de 2026 y reabrió el debate sobre transparencia y control en la función pública.