La Cámara Federal porteña, Sala II, confirmó el procesamiento del ex presidente Alberto Fernández en la causa Seguros. La investigación lo acusa de negociaciones incompatibles con la función pública al favorecer a un broker amigo durante su mandato.
El tribunal ratificó también los procesamientos, embargos y prohibiciones de salida del país de Héctor Martínez Sosa, su esposa y ex secretaria privada de Fernández, María Cantero, entre otros involucrados. Los jueces Martín Irurzun y Roberto Boico destacaron la “participación directa” del ex mandatario en la trama delictiva. Hubo disidencia parcial de Eduardo Farah.
El rol del expresidente
Según el fallo, existió un esquema de “recaudación y distribución de fondos públicos” a través de Nación Seguros S.A. entre diciembre de 2019 y diciembre de 2023. El tribunal destacó que Fernández ejerció influencia mediante su secretaria María Cantero para favorecer al broker Martínez Sosa.
El mensaje del 24 de mayo de 2023, enviado por Cantero, mostró cómo Fernández intervino en designaciones: “Ya me ocupo”, respondió el expresidente. Cinco días después, la designación fue revertida. Para los jueces, esto demuestra “participación directa” y descarta que se tratara de una “irregularidad administrativa”.
Favorecimiento a Martínez Sosa
El fallo indica que Fernández favoreció el crecimiento del broker, quien recibió el 59,6% de las comisiones de Nación Seguros por contratos con organismos públicos. El tribunal señaló además la relación de amistad y vínculos financieros entre Fernández y Martínez Sosa como evidencia de su influencia en los negocios con el Estado.
Otros procesamientos
La Cámara confirmó también los procesamientos de exfuncionarios y directivos de Nación Seguros, incluyendo a Alberto Pagliano, Gustavo Argibay, Carlos Soria, Fernando Arana y Mauro Tanos. Cinco acusados sumaron procesamiento por cohecho y se recalcularon embargos. En otros ocho casos y para dos cooperativas se revocaron los procesamientos.
Investigación sobre el Decreto 823/2021
La causa se centró en el Decreto 823/2021, que obligó a entidades públicas a contratar seguros a través de Nación Seguros. Se investigó el uso de intermediarios, especialmente Martínez Sosa, para asegurar contratos con el Estado.
