Un grupo de diputados de Encuentro Federal, presentó en la Cámara baja un proyecto de resolución para iniciar una moción de censura contra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
El planteo surge tras la publicación del Decreto 681/2025, con el que el Gobierno promulgó la Ley de Emergencia en Discapacidad pero suspendió su aplicación hasta que el Congreso defina de dónde saldrán los fondos para financiarla. Para los legisladores opositores, se trata de una maniobra “ilegal e inconstitucional” que viola la división de poderes y constituye un incumplimiento de la ley 27.793, sancionada e insistida por ambas Cámaras.
La moción de censura, prevista en la reforma constitucional de 1994, es un mecanismo excepcional de control político. El proceso comienza con una interpelación que requiere mayoría absoluta en una de las Cámaras (129 diputados o 37 senadores) y, de prosperar, puede derivar en la votación de censura, que exige mayoría absoluta en ambas. Su efecto inmediato es la remoción del jefe de Gabinete.
Aunque desde la oposición aseguran contar con los números necesarios, en el oficialismo interpretaron la movida como una “advertencia” para que se cumpla la norma.
Ley de emergencia
El Decreto 681/2025 promulgó la ley de emergencia en discapacidad hasta 2026, pero condicionó su aplicación al financiamiento que disponga el Congreso en el Presupuesto 2026. El Gobierno defendió la decisión en nombre del equilibrio fiscal y estimó que la medida demandaría un gasto de más de tres billones de pesos, equivalente al 0,35% del PBI.
El tema cobra mayor sensibilidad en medio de las protestas por recortes en el área y las denuncias que salpicaron a la Agencia Nacional de Discapacidad. Para la oposición, el Ejecutivo intenta desconocer una norma ratificada por ambas Cámaras y que responde a una necesidad social urgente.