Desde la oposición advierten que esta maniobra busca legitimar un proceso inconstitucional que, además de vulnerar la Ley Nº 5337, distrae a la sociedad de los problemas de fondo que atraviesa la provincia, como el colapso del sistema educativo y el deterioro salarial de los trabajadores estatales.
“El decreto modifica de forma unilateral la ley vigente y le otorga al Ejecutivo la facultad de designar ‘en comisión’ al Defensor del Pueblo, una atribución que viola el principio de división de poderes y afecta la independencia del cargo”, señala el comunicado emitido por la bancada radical.
Los legisladores rechazan lo que consideran un intento de maquillaje institucional, en el que se discute la duración del mandato o el salario del Defensor, pero se evita cuestionar el verdadero problema, según ellos, es el mecanismo de designación directa por parte del Ejecutivo. “La amenaza no está en los artículos accesorios, sino en el corazón del sistema: una designación ilegítima, inconstitucional y funcional al control político”, enfatizaron.
La UCR también señaló que el oficialismo avanza con este debate en medio de un contexto crítico, donde la educación pública atraviesa una crisis profunda y los salarios estatales están por debajo de la línea de pobreza. "En ese marco, recordaron que desde el bloque presentaron un proyecto para que los empleados municipales perciban como base salarial el equivalente al Salario Mínimo, Vital y Móvil, una propuesta concreta para atender la emergencia económica. "Desde nuestro bloque reiteramos nuestra prioridad legislativa: discutir la emergencia educativa y garantizar un piso de dignidad para los trabajadores del Estado. Por eso propusimos el tratamiento inmediato del proyecto que establece que los empleados municipales tengan como base del salario neto el Salario Mínimo Vital y Móvil, una medida concreta ante la grave situación económica", indicaron.
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