Un despacho firmado por los diputados Armando López Rodríguez, Paola Fedeli, María Argerich, Stela Nieva, Gustavo Aguirre y Damián Brizuela, todos del bloque Frente de Todos, propone derogar en su totalidad los artículos 4, 7, 11, 12, 17 y 18 del Decreto Acuerdo emitido el pasado 30 de abril, que introdujo modificaciones a la Ley Nº 5337, norma que regula la creación y funcionamiento de la Defensoría del Pueblo de Catamarca.
Estos artículos se encuentran entre los más cuestionados desde la publicación del decreto y su contenido generó fuertes críticas desde distintos sectores políticos y sociales.
Uno de los puntos más controvertidos es el Artículo 4, que refiere a la duración del mandato del Defensor del Pueblo. El proyecto original, impulsado por la diputada Pilar Kent de Saadi, establecía una duración de 5 años, mientras que el Poder Ejecutivo propuso extenderlo a 12 años.
Otro artículo en el centro del debate es el Artículo 7, que modifica el salario del defensor. En la redacción original, el sueldo debía ser equivalente al de un legislador provincial, pero la modificación dispuso que se equipare al de un funcionario del Tribunal de Cuentas, cuyos haberes fueron recientemente igualados a los de los ministros de la Corte de Justicia.
Además, el decreto del Ejecutivo incluía una modificación al régimen de cese de funciones, permitiendo que el defensor pudiera dejar el cargo tras alcanzar la edad jubilatoria, un punto que también fue objetado.
La semana pasada, el exministro Dalmacio Mera asumió como Defensor del Pueblo "en comisión", designado por el Ejecutivo provincial, mientras se espera que el Senado se expida sobre su nombramiento formal mediante juramento.
La designación de Mera fue fuertemente cuestionada no solo por sectores opositores, sino también por legisladores del propio oficialismo y organizaciones sociales, que denuncian una designación arbitraria y contraria al espíritu de independencia que debe tener la Defensoría.
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