El diputado radical Francisco Monti cuestionó duramente el comunicado oficial que difundió la empresa estatal minera Camyen tras la denuncia penal presentada contra el gobernador Raúl Jalil. Según el legislador, lejos de brindar respuestas claras, la declaración pública de la compañía “no hizo más que agigantar las sospechas”.
La denuncia en cuestión, presentada en conjunto por legisladores de la UCR y de La Libertad Avanza, apunta al mandatario provincial por presunto tráfico de influencias, uso de información reservada y negociaciones incompatibles con la función pública, entre otros posibles delitos. También se señala a los integrantes del directorio de Camyen por posibles figuras penales como administración infiel, fraudulenta o vaciamiento de la empresa.
Uno de los puntos más polémicos gira en torno al acuerdo firmado entre Camyen y la empresa LUA Mining en mayo de 2024, tan solo un mes después de que esta última fuera constituida como sociedad anónima. “Carecía de cualquier tipo de antecedentes en el mercado minero o de cualquier industria”, remarcó Monti.
Para el diputado, resulta “insólito” que se pretenda justificar la cesión de derechos de explotación por 40 años sobre el área de Cerro Atajo –considerada uno de los principales activos de la empresa estatal– solamente por la trayectoria profesional de un representante de LUA Mining. “¿En serio creen los directivos de CAMYEN y Jalil que la sociedad catamarqueña está constituida por idiotas?”, expresó con dureza.
Monti también acusó a la empresa y al Gobierno de “mentir” cuando afirman cumplir con las normas de acceso a la información pública, citando como ejemplo que aún no obtuvo respuesta a un pedido formal presentado el 21 de abril, en el que solicitaba el contrato firmado con LUA Mining, así como detalles sobre los procesos de selección y antecedentes de las empresas contratadas.
“La confianza en las políticas públicas no se ve comprometida por las denuncias, sino por los comportamientos propios del capitalismo de amigos”, concluyó. Y advirtió que solo habrá desarrollo genuino en la provincia “cuando el patrimonio público sea preservado con transparencia y profesionalismo”.
