En la previa de una posible sesión legislativa en la Cámara de Diputados de Catamarca, el diputado Hugo Ávila arremetió nuevamente contra el gobernador Raúl Jalil. Apuntó principalmente contra un decreto que modifica la base de cálculo de los aportes a la obra social estatal (OSEP), lo que, según denunció, perjudica especialmente a los trabajadores con sueldos más bajos.
“Es un acto confiscatorio que duplica los aportes a quienes ganan menos de un millón de pesos”, afirmó en diálogo con la prensa. Para frenar sus efectos, anunció que pedirá el tratamiento sobre tablas de un proyecto para su derogación.
Ávila fue más allá e informó que presentó una denuncia penal y un recurso de amparo contra el decreto. Sostuvo que el conflicto de intereses es evidente, ya que, según sus dichos, OSEP transfiere el 90% de sus recursos a empresas del denominado “Grupo Jalil”, con fuerte presencia en clínicas y farmacias de la provincia. “Esto beneficia a una corporación que domina el mercado de salud y castiga al trabajador”, afirmó.
Durante su intervención también cuestionó la designación de Dalmacio Mera como Defensor del Pueblo, al calificarla de “imposición por decreto”. Según explicó, la normativa fue modificada sin concurso previo y con una duración ampliada del cargo a 12 años, en lo que calificó como “un traje a medida”. Para Ávila, el procedimiento vulnera la división de poderes, desplazando facultades que le corresponden al Poder Legislativo.
Por último, apeló a la coherencia ideológica de sus colegas: “Todos cantan la marcha peronista combatiendo al capital. Mañana veremos qué capital combaten: si el del Grupo Jalil o el que tienen los trabajadores en el bolso”, disparó. Y concluyó que, de no tratarse el tema, quedará en evidencia “la falta de voluntad política para frenar un decreto que, además de arbitrario, es perverso”.