El diputado provincial Hugo Ávila presentó este viernes una denuncia penal por peculado ante el fiscal Facundo Barros Jorrat, solicitando que se investigue el uso irregular del avión sanitario de Catamarca. Según la acusación, la aeronave, adquirida por el Gobierno por 9 millones de dólares, estaría siendo utilizada por la empresa First Responder, que incluso la promociona como parte de su servicio privado.
En la presentación, Ávila apuntó directamente al gobernador Raúl Jalil y al secretario de Aeronáutica, Claudio Daniel Saragusti, al sostener: "Se invirtió una gran cantidad de recursos y cuando la gente que necesitaba el vuelo sanitario nunca lo pudo usar. Ha sido el 1% de los vuelos para vuelos sanitarios. El 99% ha sido para comodidad y placer del gobernador. Un futuro gobierno tendría que prohibir el uso del avión por parte de funcionarios políticos y destinarlo exclusivamente a vuelos sanitarios, con el equipamiento necesario, sin que vuelva a ser retirado”.
Además, el legislador señaló que la empresa First Responder, propiedad de la médica Viviana Alejandra Passarelli y Hernán Azar, ofrece el avión en alquiler a empresas mineras como Albemarle, que opera en Antofalla, por un monto de 15.500 dólares mensuales.
También pidió que se esclarezca el paradero del avión, que según indicó, “lleva 80 días sin operar o sin información oficial sobre su ubicación”.
Denuncias previas por uso del hospital público
Días atrás, Ávila había denunciado en sus redes sociales que la empresa First Responder estaría utilizando las instalaciones del Hospital Público José Chain Herrera de Andalgalá para realizar exámenes preocupacionales exigidos por empresas mineras, perjudicando así la atención de los vecinos que acuden al hospital en busca de turnos y deben esperar días para ser atendidos.
El diputado advirtió que la médica Passarelli, además de ser dueña de la empresa, también cobra como profesional del hospital, lo que podría configurar un conflicto de intereses. “Pido a la justicia que investigue todo este entramado. La salud pública no puede estar al servicio de intereses privados ni de negocios mineros”, expresó.
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