En la primera votación de la Asamblea General de la ONU con Gerardo Werthein como canciller, Argentina fue el único de los 169 países que formaron parte del encuentro en votar contra una resolución sobre derechos de los pueblos indígenas. Esta votación se realizó en Nueva York, 161 se pronunciaron a favor de la propuesta. Se registraron también 7 abstenciones, entre las que se encuentran Francia, Laos, Lituania, Mali, Rumania, Bulgaria y Eslovaquia.
El documento en cuestión fue presentado inicialmente en octubre y revisado antes de la votación. Contó con el respaldo de naciones como Bolivia, Canadá, Colombia, Dinamarca, Ecuador, México y Venezuela, entre otros. Esta resolución busca reforzar el compromiso internacional de proteger los derechos de las comunidades indígenas. Se centra en aspectos fundamentales como el acceso a la justicia, la protección del medio ambiente y la preservación de sus culturas y lenguas.
Resolución
La resolución destaca el derecho de los pueblos indígenas a conservar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales y su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado.
“Es necesario reconocer, respetar, promover y proteger los derechos de los pueblos indígenas y sus territorios, tierras y ecosistemas, salvaguardando al mismo tiempo sus tradiciones, creencias espirituales y conocimientos ancestrales, de reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado, y de garantizar su derecho a participar en la adopción de decisiones sobre asuntos que afecten a sus derechos, con arreglo a la legislación”, señala en uno de sus párrafos.
A su vez, el texto expresa una “profunda preocupación por el aumento de la discriminación, el discurso de odio, la estigmatización, el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia” y condena “amenazas, hostigamiento, represalias y asesinato de miembros de los Pueblos Indígenas, en particular mujeres y niñas, y personas con discapacidad, a menudo con impunidad, así como de invasiones de tierras, desalojos forzosos arbitrarios y otras prácticas abusivas”.
Por último, el documento de la ONU agrega: “Mostramos también preocupación por la práctica de algunos países, incluidos los que celebran reuniones sobre cuestiones indígenas, de demorar o denegar de forma intencionada o discriminatoria visados de entrada a titulares de mandatos de las Naciones Unidas o representantes de los pueblos indígenas, o de aplicarles restricciones de viaje adicionales que interfieren, entre otras cosas, con su capacidad para participar en esas reuniones o para regresar de ellas”.