En el contexto de una crisis económica que afecta al país, la reciente aprobación del Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI) ha sido presentada como una solución para atraer grandes empresas y fomentar la inversión en Argentina. Sin embargo, la discusión parece pasar por alto cuestiones cruciales, como el impacto ambiental y social que este régimen podría tener, particularmente en la provincia de Catamarca.
Según un informe presentado por Fundación de Ambientes y Recursos Naturales (FARN), los incentivos fiscales destinados a la minería en Argentina, regulados por la Ley de Inversiones Mineras y el RIGI, han suscitado inquietudes debido a sus posibles consecuencias económicas y ambientales. El análisis realizado del Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal 2024 revela que en 2023, el Estado dejó de recaudar 28.9 mil millones de pesos, equivalente al 0,02% del PIB, debido a exenciones fiscales otorgadas a 829 empresas mineras y 94 empresas de servicios relacionados.
El costo fiscal de la minería
Desde la sanción de la Ley de Inversiones Mineras en 1993, las empresas del sector han disfrutado de estabilidad fiscal por 30 años, incluyendo devolución del IVA, deducciones en el Impuesto a las Ganancias y amortización acelerada de sus inversiones. Aunque estos beneficios se justifican como necesarios para atraer inversiones y fomentar el desarrollo económico, los resultados han sido cuestionables, con escaso impacto en la creación de empleo y en la infraestructura prometida.
El informe de FARN destaca a la empresa Minera del Altiplano S.A., subsidiaria de Livent, como un ejemplo emblemático. A pesar de disfrutar de los beneficios fiscales desde 1998, la empresa ha sido acusada de prácticas perjudiciales, como la subfacturación de exportaciones y el daño ambiental, incluyendo la destrucción de fuentes de agua en Catamarca.
Minería de Litio: nuevos actores, viejas prácticas
El informe también resalta la incursión de empresas petroleras en el sector minero, especialmente en la explotación del litio, un recurso crucial para la transición energética global. Compañías como Tecpetrol y Pluspetrol han establecido subsidiarias mineras que se benefician de incentivos fiscales tanto en el sector hidrocarburífero como en el minero. En 2023, se asignaron más de 140 mil millones de pesos en subsidios a estas petroleras, una cifra tres veces superior al presupuesto del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Este cruce entre los sectores hidrocarburífero y minero ha llevado a una narrativa que presenta a estas empresas como actores clave en la transición energética. Sin embargo, el uso intensivo de agua en la minería de litio ha generado conflictos con comunidades locales, que denuncian la violación de sus derechos al agua y a un ambiente sano.
Impacto en Derechos Humanos y Ambiente
La expansión de la minería sin control estatal ha tenido consecuencias ambientales graves, como el secado de vegas y el uso indiscriminado de agua en regiones áridas. En Jujuy, 38 comunidades indígenas llevan más de una década exigiendo consulta previa, libre e informada sobre proyectos mineros en sus territorios. A pesar de una sentencia favorable en tribunales provinciales, las comunidades aún no han recibido información detallada sobre los impactos de estas actividades.
Los incidentes de daño ambiental son numerosos: en 2015, Barrick Gold contaminó cinco ríos con agua cianurada en San Juan, y en 2023, Livent derramó más de mil litros de ácido clorhídrico en Catamarca. Estos eventos han alimentado la desconfianza en las promesas de desarrollo y bienestar económico asociadas con estos incentivos.
Un balance económico y social deficitario
El informe revela que el impacto fiscal de los incentivos a la minería supera el presupuesto de varias instituciones clave, como la Subsecretaría de Ambiente y la Administración de Parques Nacionales. Los recursos que se proyecta se destinarán en 2024 a estos incentivos podrían haber sido utilizados para fortalecer sectores cruciales como la salud, la protección del medio ambiente y la transición hacia energías renovables.
A pesar de los incentivos fiscales, el balance en términos de desarrollo económico sigue siendo cuestionable. Las grandes empresas mineras continúan expandiendo sus operaciones, mientras que el Estado enfrenta dificultades para evaluar el impacto real de estos beneficios. La falta de datos precisos sobre las exenciones fiscales y su costo real para el fisco es un problema persistente.
El futuro incierto de la minería en Argentina
La implementación del RIGI y los incentivos previstos por la Ley de Inversiones Mineras reflejan una continuidad en las políticas que priorizan los beneficios fiscales para las grandes empresas extractivas. Sin embargo, los daños ecológicos y las violaciones a los derechos de las comunidades afectadas plantean serias dudas sobre la sostenibilidad de este modelo.
Argentina enfrenta el desafío de equilibrar la atracción de inversiones con la protección del medio ambiente y los derechos humanos. El actual enfoque parece estar generando más pérdidas que beneficios, tanto económicos como sociales.