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Escándalo en el Poncho: funcionarios alcoholizados en un VIP del Escenario Mayor

Un ministro del Poder Ejecutivo y un funcionario del municipio capitalino con rango de secretario protagonizaron un escándalo en la madrugada del sábado, antes de la actuación de Los Tekis, ya que estaban alcoholizados, ocuparon un living exclusivo para 6 personas y se negaron a abandonar el lugar ante pedidos de la organización.

Ambos funcionarios llegaron al Escenario Mayor de la Fiesta del Poncho 2024 junto a un grupo de amigos. Si bien tenían entradas para uno de los livings exclusivos, habrían mostrado una conducta fuera de lugar. Pese a que representantes de la organización les pidieron que se retiraran, se negaron a hacerlo.

Algunos del grupo se comportaron en forma grosera con las mozas que fueron a servirles, lo que causó indignación en el público que pudo presenciar la situación. Incluso se vio muy ofuscada a la ministra de Cultura y Turismo, Daiana Roldán, quien les pidió que cuidaran su conducta y se retiraran del lugar. El intento, sin embargo, fue en vano.

La periodista Mariana Romero vivió de cerca esta situación y lo denunció en sus redes sociales. “Me parece que este hecho sirve para discutir una vez más los privilegios que la clase política aún tiene en Catamarca”, dijo en alusión al comportamiento desubicado de los funcionarios.

Incluso se animó a identificarlos. Los protagonistas del episodio fueron, según precisó, “el ministro (de Inclusión Digital y Sistemas Productivos) Juan Cruz Miranda y el funcionario municipal apodado ‘Tío’ (Javier) Varela”, secretario de Urbanismo y Arquitectura capitalino.

Romero comentó que desde la organización del Poncho le indicaron que “no había ningún lugar reservado para los políticos, sino que por contrato los dos livings del Escenario Mayor estaban reservados para los auspiciantes de la Fiesta”, el Banco Nación y la concesionaria Ledian. Sin embargo, la oferta de entradas incluía los livings como los espacios más exclusivos. Para la noche que actuaron Jorge Rojas y Los Tekis, el costo fue de $135.000.

Los funcionarios se habrían quedado en el lugar hasta las 5.30 del sábado. Efectivos policiales también se acercaron a hablar con ellos para pedirles que se retiraran, pero hicieron caso omiso.

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