Después de que aprobara en general la ley Bases, el Senado le dio luz verde al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), con 38 votos a favor y 32 en contra.
La iniciativa que enfrentó en varias ocasiones a Nación con las provincias, tuvo varias modificaciones en el camino que le permitieron acercarse al objetivo de Gobierno libertario.
La aprobación en general llegó con los votos de la Unión Cívica Radical (UCR), salvo Martín Lousteau, el PRO, La Libertad Avanza (LLA) y los bloques provincialistas, de acuerdo con Ámbito.
A estos, se sumaron tres legisladores de Unión por la Patria (UP): el catamarqueño Guillermo Andrada, la tucumana Sandra Mendoza y la jujeña Carolina Moisés. Lo que marcó la primera grieta puertas adentro del bloque que venía votando por la negativa en los demás artículos.
Andrada respondió en consonancia con lo manifestado por el gobernador Raúl Jalil, que demostró su constante apoyo al RIGI dada la matriz minera de Catamarca. Corpacci por su parte, votó en contra, como también lo había dejado en claro en varias oportunidades.
Mendoza dio luz verde contrario a lo que hizo su par Juan Manzur. El gobernador Osvaldo Jaldo es de los que mejor vínculo tienen con la Casa Rosada y estuvo a favor de la ley Bases desde el primer día. Incluso rompió el bloque de UP en Diputados para que sus tres legisladores votaran por el proyecto original.
Solo se ausentaron de la votación los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano, que responden al gobernador Claudio Vidal.
Todas las modificaciones que se realizaron en el RIGI
- Reducción de actividades: el régimen se circunscribe a las inversiones en el sector agroforestal, infraestructura, minería, energía y tecnología.
- Plan de desarrollo de los proveedores locales: se especifica que cada desarrollo tendrá que proponer al menos un 20% de la totalidad de inversión en proveedores en organizaciones nacionales, "siempre y cuando la oferta de proveedores locales se encuentre disponible y en condiciones de mercado en cuanto a precio y calidad".
- Modificación de plazos de cobros: las exportaciones productos de las iniciativas adheridas al RIGI y efectuadas por los vehículos de proyecto único (VPU) tendrán la obligación de la negociación y liquidación en el mercado de cambios de un 20% luego de transcurridos dos años desde la puesta en marcha del VPU; 40% tras tres años; y un 100% después de cuatro años. "Dichos fondos en los porcentajes referidos serán de libre disponibilidad", precisan las reformas sobre el artículo 196 de la ley Bases, y agrega: "Los VPU no estarán obligados a ingresar y/o liquidar en el mercado de cambios las divisas y/o cualquier contravalor correspondiente a otros rubros o conceptos vinculados al proyecto objeto del plan de inversión aprobado, contando con la libre disponibilidad de los mismos"
- Acciones, cuotas o participaciones de los VPU: los activos podrán ser transferidos sin autorización previa de la autoridad de aplicación, debiendo informarle dentro de los 15 días corridos siguientes de ocurrido. Los activos podrán ser objeto de prensa, cesión en garantía, fideicomiso o cualquier otro tipo de negocio jurídico de garantía.