La Cámara de Diputados aprobó la polémica "ley ómnibus", otorgando al presidente, Javier Milei, superpoderes en áreas clave durante un año. La oposición dialoguista accedió a brindar facultades en materia económica, financiera, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa.
El oficialismo logró la aprobación con 134 votos, contando con el respaldo de distintos bloques, incluyendo la Libertad Avanza, el PRO, Hacemos Coalición Federal, Creo, Unión Mendocina, Avanza Libertad, la UCR, Innovación, Producción y Trabajo, y Buenos Aires, sumando en total 37, 37, 13, 1, 1, 1, 28, 9, 2, 2, y 3 votos respectivamente. Los votos en contra fueron 98 de Unión por la Patria (UxP), 6 de la UCR, 10 de Hacemos, 2 de Por Santa Cruz, y 5 del FIT (izquierda).
El primer artículo aprobado establece la declaración de emergencia en áreas económica, financiera, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa, con el objetivo de "promover la iniciativa privada y el desarrollo de la industria y el comercio". El segundo artículo fija la extensión de la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2023, con posibilidad de prórroga por el Congreso por un año adicional.
La ley concede amplios poderes al Gobierno para implementar un sistema económico basado en decisiones libres y promover la desregulación del comercio, servicios e industria. Además, permite reorganizar el Sector Público Nacional para lograr mayor economía y eficiencia.
Sin embargo, el plenario legislativo rechazó algunas propuestas, como la modificación de fideicomisos públicos y fondos fiduciarios, así como la facultad sobre la política de hidrocarburos y tarifas energéticas y la seguridad.
Con principios centrados en la promoción del derecho a la libertad individual y la protección de la propiedad privada, la ley pretende un entorno propicio para la inversión, el emprendimiento y a la vez garantizar la seguridad de los habitantes.
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