Mientras su padre continúa detenido, a través de su abogado solicitó ampliar la declaración. La pareja de Ariel Vergara complicó la situación de los dueños de gimnasios.

Julieta Di Bárbaro, acusada por posible asociación a RT, fue trasladada al Juzgado Federal donde declaró ante el juez de Santiago del Estero, Sebastián Argibay.

Un total de 22 interesados se hicieron presentes en la sede de la financiera. Sólo se podía pagar en efectivo, y todo lo recaudado fue destinado a una cuenta judicial, a nombre de la quiebra.

Así lo ordenó el juez federal Sebastián Argibay. Igualmente continúa vinculado e imputado por la causa RT Inversiones.

El abogado asegura que el sujeto puede recibir los cuidados adecuados en el Penal de Miraflores.

Continúan las investigaciones interprovinciales relacionadas a la causa de la financiera catamarqueña, denunciada por estafa.

Se presentó esta mañana junto a sus abogados defensores.

El juez federal de Santiago del Estero Sebastián Argibay dispuso que los imputados por la causa de la financiera permanezcan detenidos.

Bulacio hijo no fue indagado porque se encuentra internado y la indagatoria de Cabello se pospuso.

Están acusados del delito de “lavado de activos en función de la intermediación financiera no autorizada” y “asociación ilícita”. Todavía están prófugos otros cuatro imputados.

Tras los numerosos allanamientos del viernes pasado, los detenidos serán indagados en la Justicia Federal de Catamarca.

Habría más de una docena de detenidos. Gendarmes solicitaron a los consumidores que se retiraran del establecimiento para proceder con el operativo.

Declararon la quiebra de la financiera, por lo que la recaudación del remate de los bienes será destinada a una cuenta judicial.

El martillero Diego Martín Silva se encuentra a cargo del remate de los elementos en ambos casos.

Le realizaron estudios y sería intervenido quirúrgicamente en las próximas horas.

El magistrado a cargo de la investigación manifestó que no existe la predisposición de pagar por parte de los imputados.

Los propietarios están acusados de los delitos de “estafa”, “intermediación financiera no autorizada”, “lavado de activo” y “asociación ilícita”.