La discordia por el cobro del “plus médico”, que estos días se reinstaló en la agenda oficial, se originó en la década del ‘80. Curiosamente, fue un diputado peronista el que llevó la bandera de esa lucha: Pedro Armando “Uto” Carrizo, exsecretario general de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y jefe de la CGT. Hoy, a más de 40 años del conflicto, el Gobierno se propone ponerle fin con más fondos para el sistema. La intención es que aporten más tanto la Provincia como los afiliados; solo resta definir el esfuerzo de cada uno.
Hasta ahora, el pago extra de los afiliados a la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP) nunca desapareció como problema, ni aún con una legislación detrás. De hecho, fue otro diputado peronista, el abogado Rolando Crook, el autor de la famosa “Ley Antiplus” (N°5.563) sancionada a fines de 2018, después de una larga serie de marchas y contramarchas. “Uto” Carrizo no llegó a conocerla: falleció en febrero de ese año.
La norma, reglamentada y publicada en el Boletín Oficial en mayo de 2019, último año de gobierno de Lucía Corpacci, modificó la estructura de fiscalización de prestaciones de salud e introdujo las siguientes regulaciones:
- Prohibió taxativamente a todo profesional de la salud el cobro de cualquier suma de dinero adicional, plus, arancel o copago diferencial a los afiliados de las obras sociales y prepagas que no esté explícitamente contemplado en los convenios capitados oficiales.
- Estableció un régimen de multas severas para los infractores. En su momento de aplicación inicial, los montos fijados alcanzaban hasta $100.000, un valor actualizable conforme a unidades de medida médica o faltas.
- En casos de reincidencia persistente, la norma facultó a la obra social y al Ministerio de Salud a suspender al profesional del padrón de prestadores de manera temporal o definitiva.
- Los consultorios, clínicas y sanatorios privados quedaron obligados a exhibir carteles visibles al público con la leyenda: "El cobro de plus médico es ilegal. Denúncielo", e incorporó líneas de comunicación gratuita para el reporte de infracciones.
- Denuncia: uno de los puntos más debatidos en el diseño de la ley es que el mecanismo de control descansa sobre el eslabón más débil: el afiliado, quien debe formalizar la denuncia aportando datos del prestador que incurrió en la práctica, con el fin de habilitar el sumario de la autoridad de aplicación.
Aunque la ley está vigente, su gran déficit es la ineficacia: los pagos extras, las "dobles órdenes" de consulta o la facturación informal siguieron como moneda corriente en Catamarca, con pocas denuncias y menos sanciones. En los hechos, fue como si nunca hubiera existido una norma.
Quejas y planteos
El año pasado, el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM) desplegó una intensa protesta callejera en contra del cobro del plus médico y luego presentó un recurso de amparo ante la Corte de Justicia de la Provincia, el cual fue considerado inadmisible por el tribunal.
La movida del gremio municipal en reclamo de la eliminación del arancel diferenciado sumó el apoyo de los sindicatos estatales ATE, UPCN y SUTECA (Docentes). Coincidieron en que el acuerdo debe surgir “de abajo hacia arriba”, es decir desde el frente gremial de trabajadores públicos, y no como una imposición del Gobierno.
Para los sindicalistas, está claro que la responsabilidad del problema es del Gobierno y la obra social, y no puede afectar la relación médico-paciente, tal como establece la ley que deja en manos del afiliado la denuncia del profesional que pretende cobrar el arancel extra a la orden de consulta.
El criterio del Círculo Médico se mantiene igual que hace cuatro décadas: está dispuesto a renunciar al plus siempre que OSEP mejore los aranceles de los profesionales. El presidente de la entidad, Edgardo Varela, insistió en que el parámetro está marcado por el “mínimo ético”: en el caso de una consulta clínica, el valor es de $34.000 (hoy la obra social paga $20.000), mientras que la de un especialista asciende a $55.000.
Varela aseguró que el Círculo presentó recientemente una propuesta de actualización arancelaria a la OSEP y los ministerios de Salud y Economía, sobre las prestaciones de consultas, prácticas ambulatorias y módulos quirúrgicos.
En medio del debate aparecieron los diputados provinciales del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), Fernando Baigorri y Javier Galán, con posturas críticas a la política del Gobierno sobre la obra social y el sistema de salud.
Baigorri, que además es médico, propuso derogar la Ley Antiplus, a la que consideró inaplicable, y crear una mesa de diálogo amplia integrada por representantes de todos los sectores involucrados.
A su criterio, el problema no sería solo el atraso de honorarios, sino la política de inversión del Estado provincial al colocar recursos públicos en plazos fijos y fideicomisos financieros en lugar de volcarlos a la salud. “OSEP hace una timba financiera con los aportes de los afiliados”, afirmó el legislador en declaraciones a la prensa.
Por su lado, Galán lanzó una propuesta de política pública paralela: un programa provincial de créditos para la salud, con tasas subsidiadas o tasa cero, para incentivar inversión privada en clínicas, sanatorios, centros de diagnóstico, farmacias y laboratorios, especialmente en el interior de la provincia.
“Más inversión significa más consultorios, más camas, más especialistas, más opciones para la gente. La salud pública debe fortalecerse, pero también podemos incentivar que existan más prestadores privados donde hoy no los hay”, indicó Galán.
La idea del diputado y empresario, sin embargo, no apunta específicamente al problema en cuestión: el plus médico que afecta el bolsillo de los afiliados.
La propuesta oficial
Apenas se reanudó el debate, el gobernador Raúl Jalil anticipó que el Poder Ejecutivo trabaja en un proyecto de ley para eliminar el coseguro que cobra OSEP a los pacientes, elevar el valor de la consulta y evitar, así, que los profesionales exijan el pago de un arancel diferenciado.
La intención es, según señaló, crear un “sistema mixto” de aportes para fondear a la obra social y actualizar los aranceles de los prestadores. Esto es, tanto el Estado como los afiliados aumentarían sus contribuciones a OSEP, en un esquema que sería de 60 y 40%, respectivamente.
Por su parte, la ministra de Salud, Johana Carrizo, detalló que el objetivo es suprimir los coseguros en los niveles 2 y 3, es decir, estudios de mediana y alta complejidad, incluyendo la internación. “Estamos trabajando, pero el fin es que los pacientes no paguen por esas prestaciones”, dijo a la prensa.
De este modo, los afiliados solo pagarían la consulta y no el coseguro. Y los prestadores cobrarían el “mínimo ético” establecido por sus respectivas instituciones profesionales, con lo cual no tendrían razón para exigir un pago adicional.
En tales condiciones, adelantó Jalil, los colegios profesionales deberán comprometerse a no cobrar más de lo establecido por la ley y los convenios que se firmen con posterioridad. De lo contrario, una alternativa unilateral será reducir la nómina de prestadores.
¿Cuánto más deberán aportar a la OSEP los trabajadores estatales de sus sueldos? Según adelantó a INFORAMA una fuente oficial, la idea es elevar la contribución en un punto porcentual: de 4,5 a 5,5%.
De acuerdo con los gastos corrientes previstos en el Presupuesto 2026, solo en los sueldos de los empleados y pasivos provinciales la variación equivaldría a $ 22.293 millones anuales aproximadamente. Una suma que no incluye lo que aportan los empleados municipales que también son afiliados de OSEP. Ni tampoco, por cierto, el 60% adicional que aportaría la Provincia al sistema de salud.
Uno de los argumentos centrales a favor de eliminar los coseguros y evitar al mismo tiempo el plus médico es que, en la actual situación, los centros de salud públicos se han visto sobrecargados por la demanda de internación y prótesis traumatológicas debido a la cantidad de accidentes de tránsito. Por supuesto, son los mayores requerimientos, no los únicos.
Y eso porque los costos de coseguros en el sistema privado se volvieron inalcanzables para buena parte de los afiliados con patologías agudas o necesidades de prótesis.
Lo cierto es que el problema más grande está del lado de los pacientes, no de los prestadores. De hecho, en los últimos años los principales sanatorios y clínicas privadas tuvieron un crecimiento vertiginoso en Catamarca; está a la vista en las ampliaciones de infraestructura que realizaron para sumar camas y servicios.
Un desarrollo, claro está, que solo fue posible gracias a los recursos de la Provincia a través de OSEP.