La investigación judicial abierta hace poco más de un año en torno a la banda de estafadores que habría despojado a medio millar de personas en la provincia avanza a paso lento, aunque siguen apareciendo datos que refuerzan la sospecha de que el fraude tuvo dimensiones monumentales. Uno de los más sorprendentes es que el total de pagarés falsos detectados hasta ahora suma 930 millones de pesos, a valores de 2020. Si se tiene en cuenta la inflación acumulada desde entonces, la cifra actualizada es escalofriante.
El caso salió a luz a fines de marzo de 2025. En la audiencia de control de detención, se leyó el decreto de determinación del hecho del fiscal de Instrucción N°5, Hugo Costilla, con los principales acusados sentados en el banquillo. Fue la fundamentación de la “asociación ilícita”.
“En una fecha no precisada de 2017, en la calle Bernardino Ahumada al 800, Pozo El Mistol, Valle Viejo, y/o en algún domicilio de la ciudad Capital, Mario Rodrigo del Campo, José Werfil Vega, Gastón Darío Agulles, Pablo Aybar, Juan Pablo Collantes, Rocío Grisel Gordillo y otras personas aún no individualizadas,elaboraron una estructura delictual con lazos de cooperación para efectuar una serie de delitos, cuya comisión y efectos se prolongaron hasta el 22 de marzo de 2025”, reza el párrafo central del decreto.
Para la fiscalía, los actos cometidos por ese grupo tenían por objeto “garantizar la ejecución judicial de títulos de créditos (pagarés) de deudas existentes y aquellas con firmas apócrifas de los supuestos deudores, como así también de quien era titular de los créditos”.
De los 21 imputados originales en calidad de autores, la lista quedó reducida a 19 por los fallecimientos de Pablo Aybar y de la escribana Dora Raquel Searez, extitular del Registro N°61 de La Rioja. Todos gozan actualmente de libertad, lo que motivó la oposición de los fiscales Costilla y Valeria Reyes.
Complicidad imprescindible
Lo que convirtió a este esquema en especialmente eficaz fue la infiltración en organismos públicos. Porque la banda no actuaba sola: contaba con aportes estratégicos de empleados que ocupaban posiciones clave para garantizar que el fraude funcionara sin que las víctimas pudieran advertirlo a tiempo.
Por el lado de la Justicia Comercial, se confirmó que había empleados de los juzgados 1 y 2 que garantizaban que las notificaciones no llegaran a los deudores reales. Desde Catastro y el Registro de la Propiedad los jefes de la banda recibían información clave sobre la situación patrimonial de las víctimas y el estado de sus bienes registrables.
Además, la investigación comprobó que un empleado del Banco Nación filtraba movimientos de las cuentas bancarias de los demandados. Otro elemento de la organización era el de los policías que hacían seguimiento de vehículos y simulaban operativos para dar cobertura a las maniobras de la banda.
El mecanismo del fraude
Los actos cometidos por el grupo tenían dos objetivos delictivos bien diferenciados. El primero era garantizar la ejecución judicial de títulos de crédito; es decir, los pagarés de deudas existentes y de otras con firmas apócrifas de los supuestos deudores, incluyendo la falsificación de la identidad del titular del crédito. El segundo era la adquisición fraudulenta de bienes inmuebles y muebles registrables, según reza la acusación fiscal.
El mecanismo era el siguiente: se presentaban pagarés ante los juzgados comerciales, muchos de ellos con firmas falsas o copiadas de documentos originales. En varios hechos se comprobó que la firma auténtica de un primer pagaré era luego reproducida para cobrar otros distintos. Hay también numerosos casos de personas que firmaron un poder a favor de la abogada Grisel Gordillo y tal instrumento fue usado para reclamar deudas que las víctimas desconocían.
Fuentes de la investigación precisaron a INFORAMA que los pagarés apócrifos sumaron $930 millones en total hasta 2020. Para tener una dimensión de lo que eso representa a la fecha, alcanza con tomar la inflación acumulada del período: 3.820%. El monto equivale hoy a $36.461 millones, según la calculadora del INDEC. Una cifra que da cuenta del verdadero peso del despojo.
Por otra parte, de la pesquisa judicial surgió que Del Campo se manejaba con 7 sociedades comerciales que servían como fachada legal para articular los reclamos. Al examinar entre 70 y 80 expedientes en un primer barrido, los investigadores encontraron un patrón repetido: los acreedores usaban domicilios falsos para formalizar sus demandas.
Domicilios audaces
Entre los domicilios apócrifos utilizados por la banda, uno sobresale por su descaro. En varios juicios ejecutivos, los acreedores consignaron como domicilio propio la dirección "República 134, San Fernando del Valle de Catamarca".
Esa dirección corresponde a la playa de estacionamiento de la Legislatura provincial, ubicada detrás del Paseo de la Lucha Vigente. No hay allí ninguna empresa ni persona física. La elección revela tanto la audacia de los imputados como la falta de controles en los juzgados intervinientes.
Lo mismo ocurría con los domicilios de los propios demandados: en los expedientes figuraban direcciones donde los deudores no vivían. Cuando los "ujieres" judiciales fueron indagados en la fiscalía penal, aseguraron haber notificado en los domicilios "reales".
En rigor, eran domicilios falsos, y por ello los trabajadores judiciales quedaron comprometidos ante la figura de falsedad ideológica: afirmar en un documento público que una persona vive donde en realidad no reside.
El resultado práctico era demoledor para las víctimas: se enteraban de que tenían una deuda reclamada judicialmente recién cuando les caían los embargos sobre sus haberes o bienes.
Además de la playa de estacionamiento de la Legislatura, otro domicilio falso usado por la banda que surge de la documentación en poder de la fiscalía es del Paseo General Navarro, conocido más como La Alameda. La audacia llevada al extremo.
La evidencia digital
Hasta ahora se pudieron analizar 38 de los 55 celulares. La extracción es voluminosa: casi 9 terabytes de datos, calificados por el CIJ como "Big Data". La fiscalía ya contrató un servicio de almacenamiento especial para alojar ese material y resolvió el traslado físico de equipos a la nueva sede en la Unidad Judicial N°1, en la calle Chacabuco, dado que las dependencias anteriores están en proceso de mudanza.
La información más esperada por los investigadores proviene de los 55 celulares secuestrados a los imputados -varios de ellos manejaban más de un teléfono para operar con las víctimas-. El Cuerpo de Investigación Judicial (CIJ) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires realizó las pericias técnicas sobre los dispositivos enviados por la fiscalía a cargo de Costilla.
Quedan pendientes de extraer 6 equipos iPhone que cuentan con un sistema de seguridad de apertura única -característica de todos los modelos posteriores al iPhone 12- y no pudieron ser accedidos por métodos convencionales. La fiscalía firmó un convenio con una empresa tecnológica de la CABA especializada en ese tipo de equipos para acceder a ellos mediante un procedimiento especial.
¿Qué podría surgir de las extracciones de todos los dispositivos? Los investigadores confían en hallar chats entre los miembros de la banda sobre el estado de causas, cruces puntuales de información sobre propiedades inmuebles, vehículos, cuentas bancarias, acuerdos de pago y transferencias. El dato que disparó la causa fue precisamente el celular del propio Del Campo, y es en esa dirección donde apunta la expectativa de la fiscalía.
Por lo pronto, quizás para alivio de los involucrados, existe una demora importante en la marcha del proceso debido a la reorganización del personal en el Poder Judicial. En el caso de la Fiscalía 5, el equipo de Costilla fue prácticamente desmantelado.
En rigor, varias fiscalías cuentan hoy con menos recursos humanos. En la de Costilla, los empleados jóvenes fueron reasignados a guardias y quedaron los más experimentados, quienes si bien aportan conocimiento necesitan más tiempo para procesar el volumen de información de la causa.
La fiscalía considera que una parte de la causa ya está en condiciones de ser elevada a juicio. El argumento es que la “asociación ilícita” es un delito autónomo: se configura por el solo hecho de integrar una organización con fines delictivos, independientemente de si los delitos planificados fueron o no ejecutados.
Sin embargo, la distinción entre lo que corresponde a asociación ilícita y lo que concierne a las estafas concretas aún requiere trabajo de depuración de la evidencia recopilada. Y eso solo se podrá discernir una vez que se analicen los 9 TB de datos extraídos de los dispositivos de los acusados.
No hay dudas que los investigadores necesitarán ayuda de la tecnología inteligente del momento para no dilatar más el juicio.