La investigación de las estafas millonarias cometidas por la desaparecida financiera Betabank tuvo un giro categórico. La Cámara Federal de Tucumán revocó la falta de mérito dictada por el Juzgado Federal de Catamarca en relación con la responsabilidad de los imputados en la creación del fideicomiso “Selenium”, que no fue una herramienta técnica para salvar los ahorros de los clientes, sino una extensión del fraude original. En particular, la sentencia agrava la situación de los hermanos Pablo y Antonio Vargiú, que ahora deberán ser procesados por el delito de estafa.
Beta Investment SRL, conocida por su nombre de fantasía “Betabank”, se inscribió formalmente el 11 de agosto de 2021 en La Rioja. Y entró al negocio de la timba financiera cuando los grandes jugadores, como Adhemar Capital y RT Inversiones, ya habían acaparado la mayor parte del mercado. Pese a eso, se estima estafó a más de 400 personas, aunque muchas de ellas se resignaron y no hicieron las denuncias. En cálculos gruesos, el monto total de las estafas superaría los 15 millones de dólares.
Los dueños originales de la financiera fueron Esteban Cabello, Juan Manuel Casado Tolosa y José Daniel Carrizo. Luego se sumó Luis Emilio Marchetti, quien en principio habría ingresado como inversor, pero posteriormente quedó como socio operativo, tal como determinó la Justicia. Y cuando los pagos de los clientes empezaron a caer, se constituyó “Selenium” a propuesta de los hermanos Vargiú, bien conocidos en la política catamarqueña y en el sector contratista del Estado.
La idea, según se presentó a los acreedores, era proteger las inversiones mediante un sistema de “tokens” ligado a una operación de minado de criptomonedas en una “granja” montada en Paraguay. La plata, por supuesto, jamás apareció. Se trató en definitiva de la continuidad del plan delictivo. Ahora para la Justicia el fideicomiso no fue más que el ardid final para licuar deudas y consolidar el desapoderamiento de los ahorristas.
En junio de 2024, el juez federal Miguel Ángel Contreras procesó a Cabello, Casado Tolosa y Carrizo por intermediación financiera, estafa y asociación ilícita, y descartó el delito de lavado de activos. Paralelamente, dictó la falta de mérito respecto a la supuesta administración infiel del fideicomiso "Selenium" y trabó embargos. La decisión beneficiaba también a los hermanos Vargiú y fue apelada tanto por las defensas como por el fiscal federal Santos Reynoso.
En su apelación, el fiscal cuestionó con dureza esa falta de mérito al sostener que "Selenium" no nació como una herramienta de salvataje para mitigar el perjuicio de los ahorristas, sino como una maniobra deliberada -creada tras la cesación de pagos de la financiera- con la clara intención de dilatar la devolución del dinero.
Con fecha 21 de mayo de 2026, los jueces de la Cámara Federal con sede en Tucumán Ricardo Sanjuan, Fernando Povina, Marina Cossio, Patricia Marcela Moltini y Mario Rodolfo Leal hicieron lugar parcialmente al recurso de apelación de Santos Reynoso y le ordenaron a Contreras revocar la falta de mérito que había dictado contra Cabello, Casado Tolosa, Carrizo, Marchetti y los hermanos Vargiú por “administración infiel” del fideicomiso y avanzar con el procesamiento de todos por el delito de estafa. Es un giro de fondo en la calificación del hecho.
Uno por uno
En cuanto a las apelaciones realizadas por las defensas de los procesados, la Cámara Federal resolvió lo siguiente:
- Cabello, Casado Tolosa y Carrizo: se confirmaron sus procesamientos con prisión preventiva por los delitos de intermediación financiera no autorizada, estafa y asociación ilícita. La defensa de Carrizo argumentaba que era un mero técnico informático subordinado en Paraguay y no socio de la financiera. La Justicia lo desestimó al comprobarse su rol activo en la operación del negocio.
- Marchetti: Los jueces ratificaron su procesamiento sin prisión preventiva. Aunque su defensa alegaba que era un simple acreedor damnificado puesto como fiduciario para representar a los damnificados, las declaraciones de los testigos demostraron que actuaba como un socio operativo clave: aportaba oficinas, utilizaba su imprenta y prestigio personal para captar capitales y manejaba recaudaciones en efectivo.
- Antonio y Pablo Vargiú: se revocó la falta de mérito de la que gozaban en la instancia anterior y, en su lugar, la Cámara Federal ordenó su procesamiento por el delito de estafa (Art. 172 CP) en relación a su participación en la maniobra de constitución del fideicomiso "Selenium".
- Medidas cautelares: se mantuvieron firmes los embargos de bienes por la suma de $300.000.000 cada uno para Cabello, Casado Tolosa y Carrizo, y de $200.000.000 para Marchetti. Además, al disponerse los nuevos procesamientos (incluyendo a los Vargiú), se ordenó al juzgado de primera instancia dictar las medidas cautelares correspondientes a la nueva calificación legal.
La ingeniería del engaño
La causa se inició en mayo de 2022 a raíz de denuncias de ahorristas contra los socios de la firma.
El mecanismo de captación consistía en promesas de alta rentabilidad, es decir, el denominador común en la timba financiera que se vio en Catamarca. A través de folletos, mensajes de WhatsApp y oficinas comerciales, se invitaba al público a invertir dólares o pesos con la promesa de actuar como intermediarios en el mercado de monedas virtuales. Ofrecían tasas de retorno mensuales extraordinarias de entre el 20% y el 30% mensual con contratos a plazos fijos y la restitución total del capital al vencimiento.
Pero, a diferencia de la competencia, en Betabank afirmaban que el respaldo material de las ganancias se encontraba en una gran infraestructura de dispositivos de minado de criptomonedas (equipos ASIC) instalados en Ciudad del Este, Paraguay, dadas las ventajosas regulaciones e infraestructura de ese país.
Sin embargo, luego de cumplir los primeros meses de forma regular, la firma cesó los pagos entre febrero y marzo de 2022 alegando "pérdida de confianza del público" tras la caída de otras empresas del rubro.
Ante la cesación de pagos y las quejas de los damnificados, los socios de la financiera crearon el 14 de marzo de 2022 el fideicomiso "Selenium" con aportes iniciales simbólicos de fiduciantes originarios -entre los que se encontraban Marchetti y los hermanos Vargiú ($100.000 cada uno), mientras que Casado Tolosa apareció como fiduciario y Beta Investment SRL como firma aportante, al declarar una transferencia al patrimonio de 12.220.378 de Tether (USDT).
A los ahorristas se les exigió firmar contratos de adhesión y actas-acuerdo donde entregaban sus contratos o pagarés originales (renunciando a las acciones previas), a cambio de convertirse en beneficiarios del fideicomiso bajo un sistema abstracto de tokens vinculados a la supuesta minería paraguaya.
El fiscal Santos Reynoso argumentó que el fideicomiso no fue una herramienta legítima para mitigar el perjuicio, sino una maniobra fraudulenta bajo ropaje de legalidad diseñada para licuar deudas, vaciar patrimonialmente a Betabank y dilatar las devoluciones, convirtiendo a los acreedores en deudores de su propio crédito y colocándoles trabas para ejecutar los bienes reales.
Al margen de los delitos de intermediación financiera no autorizada y estafa en concurso con asociación ilícita, que fueron confirmados por la Cámara, lo más novedoso de la sentencia fue lo concerniente al segundo hecho bajo investigación: el fideicomiso.
Para el juez Contreras, hubo falta de mérito por el delito de "administración infiel" en lo relativo a la creación de Selenium. Sin embargo, la Cámara Federal modificó este criterio: resolvió que no existió una administración infiel -lo que presupone un origen legítimo y válido de confianza-, sino una estafa continuada.
El engaño consistió en inducir a los inversores a un nuevo error para que hicieran una disposición patrimonial (renunciar a sus contratos previos) a cambio de promesas ficticias y abstractas (tokens) que nunca se materializaron. En lenguaje jurídico, Selenium fue una “novación”: la extinción de una obligación primitiva mediante la creación de una nueva obligación destinada a reemplazarla.
En otros términos, el montaje del fideicomiso devino en el perfeccionamiento legal de la trampa.
Hermanos conocidos
Los hermanos Pablo y Antonio Vargiú tienen una presencia extendida en el mundillo de la política y los contratos de obra en Catamarca.
Pablo Vargiú se desempeñó como coordinador del Ministerio de Producción de Catamarca entre 2016 y 2017, durante la gestión gubernamental de Lucía Corpacci. Su jefe en la cartera productiva fue el santamariano Raúl Chico.
Al frente de ese cargo, Vargiú actuó como articulador político y técnico, gestionando fondos nacionales, asistencia de emergencia para pequeños productores (como viñateros de Hualfín, Tinogasta, Fiambalá y Santa María), y coordinando el seguimiento de planes productivos regionales junto al Consejo Federal de Inversiones (CFI) y el Fondo Fiduciario Nacional de Agroindustria (Fondagro).
En lo institucional, Pablo Vargiú se desempeña como vicecónsul honorario de Italia en Catamarca desde hace más de una década. Un cargo vitalicio que solo puede dejar por renuncia expresa o fallecimiento. Participó en actividades consulares, de vinculación cultural y asistencia a la comunidad de inmigrantes y descendientes italianos en la región. Y suele aparecer a menudo con salutaciones formales en sus redes en fechas simbólicas de Italia.
Por otro lado, en 2021 se postuló en concursos del Consejo de la Magistratura local para cubrir vacantes en el Poder Judicial, específicamente para la Cámara del Crimen de Segunda Nominación. Nunca fue elegido.
Al igual que su hermano, Antonio Vargiú posee antecedentes que combinan la actividad profesional privada y técnica en Catamarca con las recientes actuaciones en el fuero penal federal. Entre otras cosas, ejerció la representación de firmas comerciales y constructoras en Catamarca en litigios y expedientes administrativos vinculados a la obra pública provincial.
En uno de sus registros figura como titular de la empresa Fratelli S.A., en nombre de la cual presentó recursos administrativos ante el Poder Ejecutivo provincial por una anulación contractual. Fue por la obra del "Complejo de Museos Catamarca", que estuvo a su cargo hasta que el Gobierno le rescindió el contrato.
La consideración que tuvo la Cámara Federal de Tucumán respecto a la actuación de los hermanos Vargiú en la conformación del fideicomiso Selenium y la falta de mérito que les dictó el juez Contreras, puede resumirse en dos apartados:
- "La participación de Antonio Vargiú y Pablo Vargiú en carácter de fiduciantes originarios del fideicomiso 'Selenium', aportando un capital inicial simulado junto a Beta Investment S.R.L., no puede ser considerada como un acto neutro de la profesión. Su intervención técnica aportó el ropaje jurídico indispensable para perfeccionar la maniobra de desapoderamiento en perjuicio de los denunciantes".
- "Los elementos colectados en la causa permiten sostener con el grado de probabilidad requerido en esta instancia que los nombrados conocían la situación de quiebra inminente de la firma y el origen espurio de los fondos, prestando su concurso indispensable para mutar la naturaleza jurídica de las obligaciones y dilatar el reclamo de las víctimas".
Con el procesamiento directo de los hermanos Vargiú, la Justicia Federal deja el siguiente precedente: el uso de contratos de adhesión y falsas promesas de novación para obligar a las víctimas a renunciar a sus derechos ya no se juzga como impericia comercial, sino como la consumación técnica del fraude.
Ahora el juez federal Contreras deberá reencaminar la situación procesal de la banda de Betabank para despejar el camino hacia el juicio oral y público.