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El grito de la Puna: una victoria mínima, una deuda histórica

En la última semana, Antofagasta de la Sierra hizo sentir su reclamo político y socioeconómico por dos vías. Por un lado, la senadora departamental, Eliana Soriano (Fuerza Patria), se abstuvo de votar el convenio del proyecto minero “Diablillos-Plata”, ubicado en el límite de esta provincia y Salta, por considerar injusto el reparto 50-50 de la renta cuando gran parte de recursos “se encuentran en territorios históricamente vinculados a Catamarca”, dijo. Por otro, los padres de una escuela cortaron por dos días la ruta 43, que usan los camiones de la minería, en protesta por los míseros fondos destinados a los alimentos de los alumnos. Finalmente, lograron una mejora, pero la postergación histórica de la comunidad sigue pendiente.

El acuerdo para avanzar con el desarrollo de la mina de oro y plata Diablillos-Plata, que opera la empresa canadiense AbraSilver, había obtenido una muy ajustada media sanción en la Cámara de Diputados a fines de marzo pasado, de apenas 18 votos contra 17. Para salvar algunas ausencias crónicas que viene padeciendo, la bancada oficialista tuvo que acudir a su nueva aliada estratégica, Sonia Navarro (del unipersonal bloque Fuerza Catamarca), para romper la paridad y enviar el proyecto al Senado.

La principal objeción opositora en Diputados al convenio firmado en marzo de 2025 por los gobernadores Raúl Jalil y el salteño Gustavo Sáenz fue que los documentos obrantes hasta 2020 en organismos públicos como Catastro y el Ministerio de Minería, además de la cartografía provincial, precisaban que esa mina figuraba dentro de los límites de Catamarca, razón por la cual no había razones para compartir nada con Salta.

El oficialismo, por su lado, defendió que el acuerdo no implica ninguna renuncia a la soberanía territorial y remarcó que el convenio quedará sin efecto una vez que el Congreso nacional defina el diferendo limítrofe entre ambas provincias, algo que puede llevar muchos años dados los antecedentes de otros planteos similares.

Así, el proyecto con media sanción pasó al Senado, que el jueves pasado lo aprobó por amplia mayoría, aunque con la sola pero notoria abstención de la representante de Antofagasta. Porque Soriano fue la única voz disidente en una cámara que funciona literalmente como escribanía del Poder Ejecutivo; los debates allí son una auténtica rareza. Solo por disciplina partidaria no votó en contra.

Soriano se tomó más de media hora para fundamentar su abstención, a la que calificó como una “señal política” para la Provincia. Subrayó la pertenencia de la mayor parte de los recursos minerales en juego a su departamento; afirmó que hay una línea montañosa que siempre fue consideraba como límite entre ambas provincias y que este acuerdo omite; recordó casos de proyectos mineros en los que Catamarca perdió jurisdicción y oportunidades de recaudar recursos y contrastó la riqueza natural de Antofagasta y las ganancias de las mineras con la pobreza de su pueblo.

Eliana Soriano, senadora de Antofagasta de la Sierra (Fuerza Patria), se abstuvo de votar el acuerdo minero.

“Esta abstención es una manera de expresar que el pueblo de Antofagasta de la Sierra exige ser escuchado, exige participación real en las decisiones estratégicas y exige que el desarrollo minero deje de ser solamente extracción de recursos para convertirse verdaderamente en desarrollo humano, social y territorial para quienes habitan permanentemente en la puna catamarqueña”, expresó la legisladora.

Disidencias de fondo

Los que siguen son los pasajes más relevantes del discurso de Soriano en esa sesión:

El planteo de Soriano fue aceptado en buenos términos por el presidente del bloque oficialista, Guillermo Ferreyra (FME), quien si bien insistió en que la ley no implica una resignación de la soberanía catamarqueña, recordó que el Gobierno local “ha realizado y continuará realizando importantes obras en Antofagasta de la Sierra”. Y comprometió el apoyo de la bancada para impulsar más inversión pública en ese departamento.

La paradoja más irritante

En medio de tanto desarrollo minero en marcha y en perspectiva, la comunidad antofagasteña vivió estos días una situación angustiante: 120 alumnos de la escuela primaria 449 “Cámara de Diputados”, la de mayor matrícula del departamento, quedaron al borde de perder los alimentos diarios -desayuno, almuerzo y merienda- por la falta de rendición de fondos del director del establecimiento ante el programa Pro Igualdad de Oportunidades (PIO) que administra el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia.

Padres de los alumnos de la escuela 449 cortaron la ruta en reclamos de alimentos para sus hijos.

Frente a eso, los padres de los alumnos tomaron la escuela y luego cortaron el paso de la ruta 43, por donde circula la mayor parte de los vehículos mineros, en protesta por la falta de solución a la alimentación de los niños. Todo podría haberse resuelto con un aporte de apenas $3 millones para completar el saldo, que bien podría haberlo realizado, al menos en forma temporaria hasta obtener el reintegro, el propio municipio.

Sin embargo, el intendente Mario Cusipuma decidió viajar a Capital e instalarse en Casa de Gobierno a la espera de que las autoridades provinciales resolvieran el problema. Y de hecho así ocurrió. El mismo jueves, los ministros de Trabajo y Educación y de Desarrollo Social, Verónica Soria y Gonzalo Mascheroni, se trasladaron a Antofagasta para reunirse con los padres y el director del establecimiento.

Hasta allí, la escuela recibía $900 por mes para los alimentos diarios de cada alumno, una cifra claramente insuficiente. Luego, las autoridades propusieron elevarla a $2.500, pero los padres rechazaron la suma por considerar que tampoco así podrían hacer frente a la ración. Al final, el Gobierno dispuso incrementarla a $4.000. Con eso los padres desistieron del piquete en la ruta, que ya llevaba 48 horas, y de la toma de la escuela.

El intendente Cusipuma fue repudiado por los padres cuando llegó a la escuela y le impidieron participar de la reunión con los ministros. A ese punto llegó la demostración de rechazo a su falta de acción en el conflicto, más todavía porque los reclamos habían comenzado a principios de mes.

El intendente oficialista Mario Cusipuma demostró su incapacidad para solucionar rápido el conflicto.

Otro tanto les toca a los ministros Mascheroni y Soria, que recién reaccionaron cuando observaron la repercusión que había adquirido la noticia de la protesta en la escuela y, sobre todo, los trastornos producidos a las mineras por el corte de ruta. Además, claro, de los insistentes pedidos de auxilio del inútil Cusipuma, quien ni siquiera atinó a usar su caja chica para asegurar el alimento a los chicos y ganar tiempo con la burocracia.

En el caso de la ministra Soria la situación es más comprensible, ya que apenas está a cargo de Educación hace un mes. En cambio, Mascheroni lleva más de tres años al frente de Desarrollo Social; de hecho, asumió a las pocas de que la muerte de su antecesor Juan Carlos Rojas, el 4 de diciembre de 2022. Y antes se desempeñó como secretario de Ejecución y Abordaje Integral de esa cartera. O sea, tuvo tiempo más que suficiente para conocer la realidad social de los sectores más vulnerables de la provincia, como los niños de la Puna.

Como bien señaló la senadora Soriano, es inadmisible “aceptar con naturalidad” que haya necesidades alimentarias básicas en los alumnos cuando “desde Antofagasta la Sierra salen los recursos que hoy tienen un valor geopolítico mundial”, como el litio para la transición energética.

En definitiva, esta vez la comunidad puneña logró una pequeña reparación para la ración de los chicos, pero aún queda pendiente la postergación histórica de la pobreza estructural en una tierra llena de riqueza natural y mineral.

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