Un nuevo elemento se suma a la compleja causa del crimen del exministro de Desarrollo Social Juan Carlos Rojas: la defensa de la familia presentó una pericia técnica que indicaría que el celular corporativo fue manipulado mientras estaba en custodia judicial y horas antes de la extracción oficial. Habría sido una operación técnica muy sofisticada, por la cual se borraron archivos originales y reemplazaron por otros. Para comprobar si hubo tal intervención, el equipo debe ser sometido a otra pericia. Si en efecto ocurrió tal cosa, lo que sigue es inquietante: ¿a quién beneficiaría borrar archivos del teléfono de trabajo del entonces ministro?
La presentación del informe fue realizada el jueves pasado por el abogado Iván Sarquis, quien representa a la familia desde la apertura de la causa. El cuerpo sin vida de “Rojitas”-como le decían- fue hallado el 4 de diciembre de 2022. Estaba tirado boca abajo, con el rostro desfigurado y ensangrentado, en la galería de su casa ubicada en el norte de la Capital, a 50 metros de la cancha de Salta Central.
En la evidencia secuestrada ese día estaban dos celulares de Rojas, uno particular y otro corporativo. Fue precisamente el segundo sobre el que la defensa hizo el primer análisis técnico. Allí se detectó que el 6 de diciembre se habrían borrado 35 archivos y, luego, fueron sustituidos por la misma cantidad en forma externa. El teléfono fue “sanitizado”, según definió Sarquis.
De corroborarse que eso sucedió de tal modo, “podría afectar seriamente la cadena de custodia y la integridad de la información”, dijo el abogado. Esto es, porque los equipos secuestrados estaban bajo responsabilidad del Ministerio Público Fiscal (MPF).
La investigación inicial estuvo a cargo del fiscal Laureano Palacios, quien por entonces apenas contaba con tres meses en el Poder Judicial. Había sido designado por decreto del Ejecutivo, luego de quedar desierto el concurso para la cobertura del cargo. Antes de eso fue asesor del vicegobernador Rubén Dusso en el Senado.
La secuencia que siguió es conocida. Palacios caratuló el hecho como “muerte natural” sobre la base de una primera autopsia forense. La noche que velaban a Rojas en la sede del gremio gastronómico, el líder sindical Luis Barrionuevo recibió un mensaje que cambió todo: la muerte fue violenta, un supuesto homicidio intencional. Al día siguiente lo reveló a la prensa. Y allí la investigación dio un giro total.
El fiscal mandó a buscar el cuerpo de Rojas en el velatorio para hacer una segunda autopsia con nuevos peritos. El resultado indicó que la víctima presentaba traumatismos compatibles con golpes con un elemento contundente, en particular uno en la nuca. El 5 de diciembre, la carátula de la causa decía “muerte violenta”.
Pero el escándalo ganó la calle. La situación era insostenible, judicial y políticamente. El 6 de diciembre, la Procuración designó a los fiscales Alejandro Gober y Hugo Costilla como coadyuvantes de Palacios en la investigación. Gober, como fiscal de Ciberdelitos y Costilla, como colaborador en la causa penal.
Pocos días después, Palacios fue apartado totalmente de la causa y en mayo de 2023 enfrentó un Jury de Enjuiciamiento por supuesto mal desempeño, del cual salió airoso gracias a dos votos de legisladores oficialistas.
De acuerdo con el informe técnico-legal presentado por Sarquis, el celular laboral de Rojas habría sido manipulado ese mismo 6 de diciembre, en medio de la turbulencia desatada en el MPF por los cambios en la investigación del crimen. Al día siguiente, se llevó a cabo la extracción forense del equipo. En teoría, ya estaba alterado.
Por tal razón, el abogado solicitó a la Fiscalía de Instrucción N°5, a cargo de Costilla, actual responsable de la investigación del caso Rojas, que frente a un indicio vehemente de “vulneración de la cadena de custodia lógica”, disponga la adopción de medidas probatorias urgentes para determinar el alcance de una “posible sanitización o alteración de la prueba digital”.
“Anomalías”
La pericia privada que presentó la defensa de la familia Rojas indica que el cotejo de los metadatos reveló una actividad injustificada. La cronología del “recorrido” del celular fue la siguiente:
- 04/12/2022: Incautación judicial del dispositivo. El equipo queda bajo custodia oficial.
- 06/12/2022: Registro de múltiples eventos de creación, modificación e indexación de bases de datos críticas.
- 07/12/2022: Realización de la extracción forense oficial.
La existencia de actividad el 6 de diciembre, mientras el dispositivo debía estar en estado de reposo y preservación, constituye una anomalía que rompe la trazabilidad forense.
En síntesis, las alteraciones registradas por la pericia son:
- Modificación de registros del sistema: se alteraron archivos críticos de bases de datos como “telephony.db” (relacionado con la telefonía) y “logs.db” (que registra la actividad del sistema).
- Indexación masiva de archivos: se detectó la creación de un archivo llamado “mtpMedia.db” el 6 de diciembre a las 13:16:13. Este proceso realizó una “organización masiva y simultánea” de las copias de seguridad de WhatsApp, lo que sugiere una intervención deliberada para procesar la información del equipo.
- Eliminación selectiva de información ("Saltos de ID"): Al comparar las copias de seguridad, se descubrió la desaparición de 35 registros específicos de WhatsApp. Técnicamente, esto se identifica porque los números de identificación (ID) de los mensajes no son correlativos, faltando, por ejemplo, el registro ID 378 que corresponde a una fecha crítica del caso.
- "Sanitización": la querella sostiene que estas etapas conforman una maniobra de “borrado profundo y técnico” para eliminar pruebas, un proceso que suele denominarse como "sanitización" del dispositivo.
Con esa información, la querella solicitó a la fiscalía que remita en forma inmediata los dispositivos y las imágenes forenses a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) o unidad federal equivalente para un peritaje de alta complejidad.
Además, realizar un análisis de integridad estructural sobre mtpMedia.db, telephony.db y logs.db para identificar signos de corrupción, borrado de registros o manipulación de metadatos entre el 4 y el 7 de diciembre de 2022.
Que el experto describa la función operativa de mtpMedia.db y determine si su creación el 6/12/2022 confirma la conexión del teléfono a una terminal externa de extracción de datos. Y que determine si los “saltos de ID” en el listado de mensajes corresponden a una eliminación manual y selectiva de registros.
Por otro lado, la querella pidióincluir el dispositivo particular de Rojas (un Samsung A20 5G) en el mismo protocolo de análisis para verificar si presenta idéntico patrón de manipulación o borrado técnico.
Y finalmenteque la Justicia informe sobre la viabilidad técnica de recuperar los 35 registros erradicados y cualquier otra data "sanitizada".
Para Sarquis, tales medidas revisten “carácter de muy urgente”, por cuanto además de la supuesta manipulación de una prueba digital que debería haber estado resguardada, se suma el hecho de que la propia Fiscalía expresó en el decreto del pasado 6 de febrero su “preocupación por ‘subsanar’ deficiencias oportunamente constatadas en la preservación de los registros de cámaras de seguridad durante el periodo crítico para la causa”, expresó.
En efecto, el fiscal Costilla ordenó una amplia medida de compulsa de libros y registros en todas las unidades judiciales y comisarías de Capital y Valle Viejo, en el marco de la investigación por el homicidio del exministro Rojas. El período bajo análisis va entre el viernes 2 y el miércoles 7 de diciembre de 2022, días claves en la investigación del hecho.
Según consigna el decreto, un informe de la Dirección de Policía Judicial del 11 de noviembre de 2025 advirtió irregularidades en la preservación del material fílmico, particularmente en operaciones vinculadas al SAE-911. Ante eso, la fiscalía resolvió avanzar con un relevamiento exhaustivo y directo de cualquier actuación judicial o policial en la que se hubiera ordenado la preservación o recibido aportes voluntarios de imágenes, tanto de fuentes públicas -tales como centros de monitoreo y nosocomios- como privadas.
Archivos “borrados”
¿Existe una forma precisa de conocer el contenido de los archivos que habrían sido borrados del celular corporativo de Rojas? Según fuentes consultadas por INFORAMA, la tecnología adecuada para ese trabajo es un sistema llamado UFED (Universal Forensic Extraction Device) de Cellebrite.
Se trata de una avanzada herramienta de investigación forense digital utilizada por fuerzas de seguridad para extraer y analizar datos de dispositivos móviles, incluso los protegidos o bloqueados. Permite obtener mensajes, fotos, contactos y registros de llamadas de forma legal y segura.
La función principal del UFED es acceder a información en teléfonos móviles, dispositivos IoT y sistemas en la nube, garantizando la integridad de los datos para su uso como evidencia legal. Puede recuperar datos borrados, bypassear contraseñas/bloqueos y acceder a sistemas de archivos bloqueados.
Es utilizado principalmente por la policía, fiscales y agencias de inteligencia en investigaciones criminales para desarticular redes delictivas. Y está considerado como el estándar de la industria para la extracción forense móvil.
Pero no es nada barato. El costo de los dispositivos y licencias de Cellebrite UFED en Argentina supera los USD 20.000 por equipo y unos USD 7.000 anuales por renovación de licencia. La versión premium puede costar más de USD 5.000 adicionales por pericia especial.
La Justicia de Catamarca no dispone de esta tecnología, pero sí Gendarmería nacional que colabora con las investigaciones locales vinculadas a ciberdelitos. Y tras la presentación de la querella, la fiscalía solicitará a Gendarmería que haga una verificación puntual del equipo. Allí se sabrá si efectivamente fue alterado y, en caso positivo, cuáles archivos se borraron.
De estos resultados puede depender el curso que tome la investigación en adelante. Si el celular corporativo de Rojas fue intervenido ilegalmente el 6 de diciembre, el foco podría volver a centrarse en la hipótesis del Ministerio de Desarrollo Social.
Según los testimonios de sus hijos, Juan Carlos Rojas estaba muy nervioso y preocupado por cosas que sucedían en ese organismo a sus espaldas y en contra de sus directivas.
Las sospechas iniciales sobre un presunto crimen con motivaciones políticas vuelven a cobrar sentido.