Aprobado el acuerdo conciliatorio entre Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) y la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) que puso fin a un litigio judicial entablado por ésta para recuperar la totalidad del 40% de las utilidades, en adelante el desafío será transparentar el uso de los fondos y evitar que se repita la experiencia que terminó con una condena por malversación de sumas millonarias. De cómo se manejen esos recursos dependerá no solo la imagen del Estado y las instituciones, sino también el estatus social de la minería.
El acuerdo conciliatorio fue convertido en ley por la Cámara de Diputados en la sesión especial del 23 de diciembre pasado, por mayoría oficialista y apoyo de aliados. La conciliación consistió en dar por concluida la acción de nulidad interpuesta por la UNT ante la Justicia Federal de Catamarca con el objeto de volver al reparto inicial de las ganancias de YMAD.
La distribución original fue establecida en el artículo 18° de la Ley 14.771 de creación de YMAD de 1959. Allí se dispuso que las utilidades de la explotación de los yacimientos del área Agua de Dionisio ubicados en el distrito de Hualfín, Belén, Catamarca, se repartirán 60% para Catamarca y 40% para la Universidad de Tucumán, la cual debía destinar su parte a la finalización de la “Ciudad Universitaria”.
Sin embargo, en 2008 el exrector de la UNT Juan Alberto Cerisola dio por concluida la obra y decretó que esa casa de estudios se quede solo con el 20% de las utilidades mineras y que el 20% restante se distribuya entre el resto de las universidades, entre ellas la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA).
La decisión significó una pérdida millonaria de fondos para la UNT. Tanto por ese motivo como por el destino que tuvieron los recursos a mediados de los 2000, se abrió una causa judicial que concluyó en agosto pasado con la condena de Cerisola y de otras exautoridades universitarias por defraudación.
Antes de eso las nuevas autoridades ya habían presentado una acción de nulidad ante la Justicia Federal de Catamarca que generó una serie de controversias en el seno de YMAD entre la Provincia de Catamarca y la universidad tucumana. El acuerdo conciliatorio, finalmente, cerró la instancia judicial y las partes acordaron volver a la distribución original de las ganancias.
Fondos con un fin
El acuerdo establece que el 40% de la UNT será destinado a la construcción de la futura “ciudad universitaria”. Como todavía no se conoce el proyecto ni la nueva localización, se hizo una “estimación” consistente en “135.000 metros cuadrados”.
Una vez que las ganancias de YMAD cubran la totalidad de esa obra, “se dispondrá la afectación de una porción de dichas utilidades a la conformación de un fondo nacional destinado a ser distribuido entre las demás universidades del Estado”.
A partir de entonces, las utilidades se distribuirán de la siguiente manera: 60% para la Provincia de Catamarca, 20% para la Universidad Nacional de Tucumán y 20% para la “constitución de un fondo destinado a las universidades nacionales”.
En cuanto al reaseguro de que la UNT destine los recursos a ese fin, el documento solo indica que “los fondos serán controlados y auditados de acuerdo con la normativa aplicable a las universidades nacionales”. O sea, internamente a través del Consejo Superior de la institución y externamente por la Auditoría General de la Nación (AGN).
Además, las universidades están obligadas a transparentar sus gastos en un portal web. En el caso de la UNT más todavía por tratarse de fondos con destino específico.
¿Y qué sucederá con los eventuales demandas judiciales de las universidades que dejarán de percibir su porción del 20%? El acuerdo establece que la UNT creará un Fondo de Garantía equivalente al 8% de las utilidades que le corresponden con el objeto de responder “a los reclamos que se pudieran suscitar de parte de terceros interesados”.
La UNCA podría ser una de las universidades con derecho a reclamar su parte perdida. No obstante, en diálogo con INFORAMA, el rector Oscar Arellano adelantó que la institución no tiene intenciones de hacer una presentación formal ante la Justicia.
Sin embargo, eso podría replantearse si otras universidades perjudicadas deciden hacer un planteo individual o conjunto.
En concreto, Arellano precisó que la UNCA recibió entre 2010 y 2012 poco menos del 1% de las utilidades cedidas por la UNT durante la gestión de Cerisola. En 2010 los ingresos anuales fueron de $1.100.000, equivalentes hoy a unos USD100.000. No era demasiado, pero servía por ejemplo para apoyar trabajos de investigación.
El desmadre
El 26 de agosto de 2025 terminó el juicio desarrollado durante 14 meses en el cual el exrector Cerisola y otros dos funcionarios universitarios fueron hallados culpables por malversar sumas millonarias que ingresaron al patrimonio de la UNT. Los hechos incluyeron sobreprecios en la contratación de obra pública, inversiones financieras irregulares y la renuncia a utilidades que le correspondían a la universidad de parte de YMAD.
La pena más elevada fue para Cerisola, quien fue condenado a 3 años y 6 meses de prisión como autor penalmente responsable de incumplimiento de los deberes de funcionario público y como coautor de defraudación en perjuicio de la administración pública.
Por el segundo de esos delitos y en carácter de coautores, Olga Graciela Cudmani, exdirectora general de Construcciones Universitarias, recibió una pena de 3 años y 2 meses de prisión, mientras que a Osvaldo Venturino, exdirector de Inversiones y Contrataciones, le correspondió otra de 2 años de prisión en suspenso.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF) de Tucumán ordenó además que los tres exfuncionarios sean inhabilitados en forma perpetua para ejercer cargos públicos.
A su vez, un cuarto imputado, Luis Fernando Sacca, exsubsecretario administrativo de la universidad, fue absuelto por el beneficio de la duda.
Además, Cerisola y Cudmani deberán realizar un pago solidario de $39.277.376, actualizable según el IPC desde la entrega de laúltima obra objeto de la causa, el 30 de octubre de 2012, que se establece como fecha de mora, y hasta su pago efectivo.
En tanto, Cudmani y Venturino deberán pagar $717.000,66 en relación con la readecuación económica financiera respecto de una de las obras objeto del debate, una suma que se actualizará desde la fecha de mora del 22 de diciembre de 2011 hasta su respectivo pago.
Los jueces del tribunal fueron los santiagueños Ana Carina Farías y Abelardo Basbús y el catamarqueño Enrique Lilljedahl. El proceso tuvo más de 40 audiencias y medio centenar de testigos y peritos en sala. En su transcurso se incorporaron 50 cajas de documentos y se realizaron inspecciones oculares en 11 de las 13 obras analizadas. Los hechos estuvieron comprendidos entre 2006 y 2011.
Ejes de corrupción
El alegato de los fiscales se ciñó a tres bloques de imputación:
- La renuncia a fondos de YMAD: el artículo 18 inciso b) de la ley 14.771 preveía la entrega del 40% de las utilidades de la empresa minera a la UNT para la construcción de la Ciudad Universitaria, según planos aprobados en ese momento, luego de lo cual y concluida la obra, pasaría a recibir la mitad. De acuerdo con la fiscalía, Cerisola, sin ningún plan de obras, fundamento técnico o profesional y sin la intervención del Consejo Superior, dio por finalizada la Ciudad Universitaria.Eso a pesar de que se demostró que no había realizado ningún esfuerzo en ese sentido y que, además, destinó fondos en forma discrecional a obras aisladas en distintas facultades. La renuncia implicó, solo hasta 2010, la pérdida para la UNT de fondos equivalentes a más de 64 mil millones de pesos actuales.
- Contrataciones de obras: la acusación dirigida contra Cerisola, Cudmani y Venturino se centró en la defraudación a la UNT y la violación de sus deberes funcionales en lo relativo a la tramitación, ejecución y control de, al menos, 13 obras que fueron analizadas en el debate oral. Allí se detectaron un sinfín de irregularidades, entre ellas, pago de sobreprecios, incumplimiento del procedimiento instituido por la normativa vigente y los pliegos de contratación, ejecución de rubros sin justificación técnica y direccionamientos de adjudicatarios.
- Inversiones financieras irregulares: la fiscalía también alegó sobre la demostrada aplicación de un subsistema ilegal de colocación financiera de los fondos provenientes de YMAD, “caracterizado por su opacidad, falta de controles y de transparencia y sujeto a una total discrecionalidad”, por el que llegaron acusados Cerisola y Sacca, por entonces subsecretario administrativo de la UNT.
Según los fiscales, los fondos millonarios se colocaron en distintas instituciones bancarias, algunas de poca fiabilidad en la plaza e incluso en fideicomisos sin los controles exigidos por las normas nacionales, por plazos muy extensos y sin ningún tipo de proceso de selección.
Los ejemplos más claros fueron las inversiones de plazo fijo por $15 millones a 547 días en el Banco Servicios y Transacciones, o el realizado en el Banco Piano por un monto de $18 millones a 455 días. Y también tres fideicomisos en la financiera Equity Trust por un total de $67.213.000.
Antecedente insoslayable
Lo sucedido durante la gestión Cerisola al frente de la UNT debería haber sido materia de debate en la Legislatura de Catamarca a la hora de tratar el acuerdo conciliatorio. Sin embargo, ninguno de los bloques mencionó el antecedente, que al menos sirve como advertencia para la etapa que viene. No es insignificante que los recursos mineros de la provincia hayan terminado en un circuito de corrupción y timba financiera.
YMAD, que ahora será presidido por la Provincia, y la propia UNT podrán alegar que la ley establece claramente que las ganancias mineras se reparten entre los socios. Y que lo que haga cada uno con su parte es responsabilidad propia. Que uno no tiene por qué controlar ni reprochar nada al otro. En rigor, se trata de un planteo formal y correcto.
Pero, ¿cuál es el mensaje que transmite tal razonamiento? Que no importa cómo se use la renta minera: si va destinada a financiar la investigación, el conocimiento y la infraestructura, o si se pierde en la oscuridad de la burocracia y la malversación.
Al margen de las auditorías oficiales que -ahora sí- deberían funcionar para que los recursos se dirijan a los fines comprometidos, y que existe un Código Penal en caso de incumplimiento, una buena forma de cuidar la actividad minera es garantizar que sus utilidades se inviertan en el desarrollo de las comunidades.
Ya bastantes conflictos ambientales y sociales genera la minería como para empeorar su estatus con el manejo corrupto de sus utilidades.
En definitiva, la responsabilidad de YMAD con la actividad va más allá del reparto de recursos.