La gestión de los residuos sólidos urbanos en Catamarca presenta limitaciones estructurales que combinan sobrecarga operativa, riesgos ambientales y sanitarios y una débil planificación a largo plazo. La Planta de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos ubicada en El Pantanillo, sobre la ruta nacional N° 38, constituye actualmente la única infraestructura formal de tratamiento para una porción significativa de los residuos generados en la provincia.
La planta funciona bajo la órbita del Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente (MAEMA), a cargo de Eduardo Niederle, a través de la Agencia de Residuos Sólidos Urbanos (ARSUC) que conduce Jorge Salvador Bordón. Opera en un contexto de creciente fragilidad institucional y financiera que impacta directamente en su capacidad operativa.
Presión creciente sobre un sistema al límite
De acuerdo con lo manifestado por trabajadores de la planta, el predio recibe actualmente entre 250 y 300 toneladas diarias de residuos, un volumen que se incrementó de manera sostenida en los últimos meses. Parte de este aumento se vincula a la incorporación de residuos provenientes de la actividad minera, que en algunos casos ingresan enfardados y previamente separados.
Este crecimiento no estuvo acompañado por una expansión proporcional de la infraestructura, la maquinaria ni los recursos técnicos necesarios para su adecuado tratamiento. Como resultado, el sistema opera con niveles de saturación cada vez más elevados, lo que incrementa el riesgo de fallas operativas, episodios de combustión en los vertederos y conflictos de carácter ambiental y sanitario.
En la práctica, el funcionamiento cotidiano de la planta "El Pantanillo" se encuentra coordinado por Evelyn Vallejos, responsable operativa del predio, en articulación directa con unos 300 trabajadores organizados en las cooperativas Los Caminantes y Volver a Empezar, quienes sostienen las tareas de recepción, clasificación y disposición final de los residuos.
La ausencia de un esquema de financiamiento regular, previsible y suficiente derivó en la necesidad de aplicar mecanismos extraordinarios para sostener la operatoria. Esto fue en el inicio de la gestión de Vallejos, a partir de 2021. Entonces se intentó por primera vez hacer efectivo el cobro de un canon de 10 pesos por kilogramo de residuos ingresados, al amparo de una resolución administrativa ya existente pero hasta allí no aplicada.
Ese primer intento fracasó rápidamente ante la resistencia y presión política de municipios y empresas usuarias del predio, que se negaron a pagar alegando falta de recursos. Tras ese revés inicial, y luego de un proceso sostenido de negociación, el cobro del canon comenzó a implementarse de manera efectiva, aunque de forma parcial y con múltiples dificultades.
En la actualidad, desde la coordinación de la planta confiaron a INFORAMA que varios municipios y empresas mantienen deudas acumuladas, lo que coloca al sistema en un estado permanente de negociación y precariedad financiera. La continuidad de las operaciones depende así de recursos insuficientes, esfuerzos extraordinarios de los trabajadores y decisiones de corto plazo, sin un respaldo institucional sólido ni una planificación económica de mediano o largo alcance.
La operatoria diaria registra un ingreso de residuos de más de 10 municipios, lo que excede el tratamiento convencional de los residuos sólidos urbanos. Entre ellos se destacan residuos voluminosos, como troncos y restos de poda de gran tamaño, que generan daños frecuentes en la maquinaria y dificultan las tareas de compactación y cobertura.
También se registran residuos industriales textiles de características livianas y fibrosas, que se dispersan fácilmente y afectan el funcionamiento de los equipos, provocando averías en motores y sistemas de refrigeración. A esto se suman residuos provenientes de frigoríficos y mataderos, como restos orgánicos y aceites, que generan lixiviados, olores y riesgos sanitarios.
Incendios, impacto ambiental y riesgos urbanos
Los indicios del colapso del sistema quedaron evidenciados con el incendio registrado el 20 de noviembre en uno de los sectores de disposición de residuos orgánicos. El foco se mantuvo activo durante varios días y generó una densa columna de humo que afectó amplias zonas de la ciudad.
En particular, barrios como Valle Chico y la zona céntrica se vieron expuestos a la contaminación atmosférica debido al fuerte viento de esos días, que trasladaron una gran cortina de humo. Asimismo, la reducción de visibilidad sobre la ruta 38 incrementó el riesgo de siniestros viales en un corredor de alto tránsito.
Estos episodios se vinculan, entre otros factores, a la imposibilidad de realizar una compactación y cobertura adecuadas, producto de la falta de maquinaria en concidiciones y de celdas sanitarias correctamente diseñadas.
Esa situación tiene consecuencias directas sobre todo en la salud de las personas que trabajan en la planta, expuestas de manera cotidiana a humo, gases, material particulado, residuos biológicos y condiciones de trabajo precarias.
Entre los aspectos más críticos del sistema se encuentra la disposición irregular de residuos patógenos, que no cuentan con tratamiento especializado previo. La ausencia de infraestructura específica para este tipo de desechos convierte su disposición en un pasivo ambiental y sanitario de alto riesgo, tanto para los trabajadores como para el entorno.
Presupuesto y ausencia de definiciones claras
En el proyecto de Presupuesto provincial 2026, el Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente cuenta con un crédito total de $120.418.954.689. No obstante, no se identifican partidas específicas destinadas a la gestión integral de residuos sólidos urbanos, la modernización de la planta, la adquisición de maquinaria o el tratamiento de residuos especiales.
Como medida para mejorar la operación y reducir riesgos, ARSUC informó que implementó actualmente obras de infraestructura en la planta, incluyendo el suministro de agua corriente con entubado, tanque sobreelevado, cisterna y bombas; optimización de la red hidrante para control de incendios; reparación de fugas, cambios de tuberías, piezas y válvulas; colocación de clorador salino; construcción de plataforma de hormigón; mejora del cerco perimetral y del alumbrado nocturno.
Sin embargo, estas acciones se dan en un contexto de objetivos de largo plazo que hoy resultan prácticamente inalcanzables, y es que, según datos del Observatorio Nacional de Acción Climática, la provincia se propuso erradicar el basural a cielo abierto para 2027, una meta que con la infraestructura actual y la sobrecarga operativa de la planta resulta muy difícil de cumplir.
Con el inicio del verano, la presión sobre la planta "El Pantanillo" aumenta, y los incendios y columnas de humo recientes evidencian que la planta opera al límite, con riesgos reales para la salud de la población y la seguridad de los trabajadores.
La educación ambiental y la responsabilidad desde los hogares son importantes, pero no reemplazan la acción estatal. La erradicación de los basurales a cielo abierto, la modernización de la infraestructura y el tratamiento adecuado de residuos patógenos son medidas esenciales que la provincia aún no garantiza.
Ignorar esta situación, que ya ha alcanzado un grado crítico, es permitir que focos de contaminación y riesgos sanitarios sigan activos. Por ello es urgente que el Estado intervenga, que garantice financiamiento y personal técnico capacitado para implementar un modelo de gestión de residuos que funcione, proteja a los catamarqueños y evite que los basurales sigan convirtiéndose en bombas de tiempo ambientales.