En 2026, el Concejo Deliberante (CD) de San Fernando del Valle de Catamarca tendrá un presupuesto tres veces superior al resto del sector público provincial y del propio municipio. En números concretos, pasará de $7.235 millones que gastó este año a la friolera de $12.720 millones en el próximo ejercicio. Un incremento del 76%, a contramano de la prudencia fiscal solicitada por el Gobierno. ¿A qué se destinarán esos casi $5.500 millones adicionales? Según argumentan autoridades del cuerpo, el aumento es porque deben cubrir el desfasaje que tuvo este año y porque retornaron muchos empleados que estaban en la Legislatura. Por lo pronto, el presupuesto está bajo la lupa del Ejecutivo municipal.
El presupuesto del CD fue aprobado por unanimidad el jueves 4 de diciembre, es decir, con la anterior conformación del cuerpo. Los tres concejales radicales salientes, Fernando Navarro, Gilda Godoy y Carlos Álvarez, apoyaron sin chistar porque, según se supo, el oficialismo les aseguró los puestos de trabajo al personal que estuvo en el bloque opositor. Obviamente, el mismo acuerdo corrió para el resto de los ediles que dejaban su banca. Una vieja costumbre que sigue inflando la planta del Concejo en una espiral interminable.
El 76% de aumento para el Concejo capitalino resalta sobre el resto de los gastos proyectados en la provincia. Por caso, el Presupuesto provincial 2026 tendrá una variación de 25%; el del Poder Legislativo, 24,4%; y el del Poder Judicial, 44% (incorpora un desfasaje del resumen anterior de gastos). Y sobre todo se distancia más del presupuesto de la Municipalidad de la Capital, que se incrementará 20,8%.
¿Cómo se explica este desmesurado salto en la planilla de erogaciones del CD? El proyecto de ordenanza del Presupuesto 2026 firmado por el presidente del cuerpo, Francisco Sosa, y el secretario administrativo, Alejandro Guerra, no precisa ningún motivo extraordinario, que en este caso hubiera sido lógico.
Solo detalla modificaciones en la planta de personal: los cargos de planta permanente serán 369 (este año fueron 366) y los del personal no permanente ascenderán a 119 (en 2025 fueron 93). Además, se suman 3 cargos de planta permanente en la “Secretaría Electoral” del cuerpo.
Extraoficialmente se conocieron otras razones. Por un lado, fuentes consultadas por INFORAMA señalaron que el Concejo ya había ejecutado el 100% de su presupuesto en agosto pasado, y desde entonces se manejaba con refuerzos que le giraba el Ejecutivo municipal. Por el otro, las autoridades del cuerpo apuntaron que el año próximo se reincorporarán empleados que estuvieron cumpliendo funciones en la Legislatura provincial y otros organismos. Y que además se acumularon recategorizaciones, premios por jubilaciones y otros conceptos.
¿Cuántos de esos 5.500 millones de pesos adicionales irán a sincerar los gastos efectivos del Concejo y cuántos millones costará el operativo “retorno” de empleados? En estos días el intendente Gustavo Saadi está mirando con detenimiento las planillas que le envió el CD. Aunque de acuerdo con la ley dispone de 10 días hábiles para vetar la ordenanza, lo más seguro es que las disidencias se diriman en la mesa de conversaciones.
El alto costo de los concejales
Un informe elaborado por la Fundación Libertad, el CISE y la Fundación Internacional para la Libertad sobre los presupuestos 2025 de los concejos deliberantes de 76 ciudades argentinas abordó el costo que representan para los vecinos.
El promedio de todo el país es de $259 millones anuales, pero algunas ciudades superan ampliamente esa cifra.
Las primeras cinco del ranking son: Posadas (Misiones), con 13 concejales y un costo anual de $1.442 millones; Río Gallegos (Santa Cruz), con 7 ediles y un costo de $1.388 millones; San Miguel de Tucumán, 18 concejales y $1.090 millones por cada uno; San Salvador de Jujuy, 12 legisladores a $1.009 millones; y Ushuaia (Tierra del Fuego), donde cada uno de sus 10 concejales representan $907 millones para los vecinos.
¿Y la capital catamarqueña? De acuerdo con el presupuesto 2025, se ubicó en el lugar N° 12 del ranking, con un costo por cada uno de sus 14 concejales de poco más de $514 millones. Con los números del Presupuesto 2026, cada edil costará a los vecinos una cifra superior a $908 millones.
La interna peronista
Al margen de los costos presupuestarios, el CD capitalino se ha constituido desde hace algunos años en un bastión del sector del peronista que lidera el ministro de Vivienda y Urbanización, Fidel “Pocho” Sáenz.
Precisamente uno de los dirigentes más encumbrados de esa corriente es el actual secretario de la Vivienda de la Provincia, Daniel Zelaya, quien fue presidente del Concejo Deliberante hasta 2022. Si bien tenía mandato hasta 2023, pidió licencia para asumir en la cartera al mando de Sáenz.
Pese a que dejó el Concejo envuelto en una polémica por una denuncia penal presentada en su contra en la Justicia de Tucumán, Zelaya siguió manejando los hilos del poder en el CD desde afuera. Tanto que su voz tiene un peso decisivo a la hora de hacer designaciones y reordenar la estructura del cuerpo.
“Zelaya es el jefe político del Concejo Deliberante”, aseguran los concejales de una y otra fuerza.
Una demostración clara de la incidencia que tienen los jerarcas de la Vivienda en el Concejo se pudo observar en el acto de asunción de los nuevos concejales y la proclamación de las autoridades, la semana pasada. Allí, el presidente reelecto del CD, Sosa, agradeció tanto a Sáenz como a Zelaya por el apoyo recibido. Sorprendió, o quizás no tanto, que ni siquiera haya mencionado al intendente Saadi.
Pero sus brazos se extienden más allá del Concejo. El martes pasado, su esposa, Josefina Herr, fue elegida vicepresidenta de la Cámara baja de la Provincia. También ese día debutó al frente de su banca de diputada la peronista María de los Ángeles Herr, prima de Josefina. Zelaya tuvo una semana inolvidable en los recintos legislativos.
En lo que concierne estrictamente al Concejo, restaría determinar hasta qué punto la mano de Zelaya o del sector político que representa tuvo incidencia en este abrupto salto en el presupuesto anual. ¿Cuántas designaciones, recategorizaciones o premios varios corresponden a esa facción peronista?
Hay otro interrogante: ¿cómo es posible que funcionarios del Poder Ejecutivo provincial tengan injerencia directa en un ámbito legislativo municipal?
Quizás la respuesta esté en la forma en que el peronismo catamarqueño concibe el reparto de los espacios de poder, por encima de las instituciones y de las buenas prácticas políticas.