¿La organización delictiva encabezada por Rodrigo del Campo operó sola o tuvo más cómplices? ¿Él y su pandilla fueron los primeros o estas estafas ya existían? La investigación que lleva adelante la Justicia busca enlazar las maniobras comprobadas hasta ahora con otras que se habrían cometido anteriormente desde uno o dos estudios jurídicos de esta Capital, conocidos por asesorar a personajes ligados a la droga y delitos comunes.
Hasta hoy, la investigación del fiscal de Instrucción N°5, Hugo Costilla, se ciñe a la organización liderada por Del Campo, quien habría conformado una “asociación ilícita” junto a su pareja, la abogada Rocío Grisel Gordillo, Juan Pablo Collantes, Gastón Agulles y José Werfil Vega. Serían los principales responsables de la banda, y por tal motivo es que se encuentran con prisión preventiva desde el 28 de marzo pasado.
En cambio, Denis Nieva Chaile (policía), Héctor Varela Martínez, Maximiliano Echaverría y Luis Ricardo Bulacios (empleado de Catastro provincial) están en libertad tras cumplir con una caución de $1.000.000 cada uno. Son, a criterio del fiscal, los “colaboradores” de la organización.
Aparte de ellos, figuran los empleados de los juzgados comerciales y de ejecución 1 y 2, una ujier de la Oficina de Notificaciones y Mandatos, un informante de la Unidad Judicial 8 y el bancario Javier Figueroa, quienes habrían participado en la trama con distintos “servicios” desde sus respectivos cargos.
De acuerdo con el decreto de determinación del hecho, Costilla indicó que en “2017, en la calle Bernardino Ahumada al 800, Pozo El Mistol, Valle Viejo, y/o en algún domicilio de la ciudad Capital”, Del Campo, Gordillo, Vega, Agulles y Collantes, más otras personas todavía no individualizadas, “elaboraron una estructura delictual con lazos de cooperación para efectuar una serie de delitos, cuya comisión y efectos se prolongaron hasta el 22 de marzo de 2025”.
¿En qué consistían tales delitos? Por un lado, la banda se ocupaba de “garantizar la ejecución judicial de títulos de créditos (pagarés) de deudas existentes y aquellas con firmas apócrifas de los supuestos deudores”. Por el otro, el “segundo objetivo delictivo previsto por la empresa criminal fue la adquisición fraudulenta de bienes inmuebles y muebles registrables”.
Hasta fines de 2023, el fiscal Costilla venía recibiendo denuncias de damnificados por estafas procesales, gente que había perdido bienes por deudas “infladas”, que no había sido advertida de juicios ejecutivos en su contra y también porque aseguraban que no habían firmado documentos de reconocimiento de deuda. Fue allí cuando decidió unificar las causas e investigarlas de oficio.
Al año siguiente, en abril, en uno de los allanamientos realizado en el domicilio de Bernardino Ahumada se secuestró un celular de propiedad de Del Campo, que no pudo ser visualizado inmediatamente en la provincia.
Hace poco más de un mes, luego de un aporte técnico de especialistas de CABA, Costilla recibió el informe: el teléfono contenía archivos de chats entre Del Campo y empleados judiciales sobre la marcha de ejecuciones y otros datos valiosos para la investigación. Así fue cómo se decidieron los arrestos y las imputaciones.
El origen
Sin embargo, en poder de la fiscalía 5 hay denuncias anteriores y que están fuera del “corpus” de Del Campo. Son casos de víctimas de falsificaciones de pagarés que habrían sido realizadas en un estudio jurídico de un abogado y exjuez provincial varios años antes.
Tanto este estudio como otro de un letrado contemporáneo, aparecen ahora con este mismo “modus operandi” respecto al engaño de personas desprevenidas que perdieron propiedades inmuebles y vehículos con el concurso de juzgados civiles, aunque aún no se pudo reconstruir la trama de complicidades con otros organismos públicos.
Algo más que tenían en común esos estudios jurídicos es que se “especializaban” en la defensa de personajes con frondosos prontuarios, sobre todo en venta de estupefacientes, robos y adulteración de cheques y estafas menores. Algunos de ellos también aparecen denunciados en la fiscalía.
Visto en perspectiva, la organización delictiva de Del Campo habría tenido como origen las maniobras pergeñadas en esos estudios. Y, de hecho, hay vínculos entre miembros de la familia Del Campo con esos abogados y sus clientes. (Debido al secreto de sumario y para no entorpecer medidas en proceso, por ahora no se mencionarán los datos de identidad)
Estimación del daño
La "asociación ilícita" es una figura penal que se configura por el mero acuerdo de voluntades de tres o más personas para cometer delitos, independientemente de si esos delitos se llegan a cometer o no.
En la investigación que lleva adelante el fiscal Costilla sobre “asociación ilícita” de la organización encabezada por Del Campo hay una docena de denuncias puntuales de damnificados. Pero a diario ingresan más víctimas.
Ahora bien, ¿a cuánto asciende el perjuicio patrimonial provocado a las víctimas de las estafas? La fiscalía estima que sobre alrededor de 300 ejecuciones de bienes ordenadas por la Justicia Comercial y de Ejecución, el perjuicio alcanzaría los $500 millones, a valores de 2020.
Es decir, con una inflación estimada en 2.623% entre marzo de 2020 y la misma fecha de 2025, el daño causado a las víctimas ascendería hoy a $13.115.000.000.
Ese número sería la medida de lo que la incompetencia y la corrupción enquistada en el Estado provincial representa para los catamarqueños.
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