En una semana quedó al descubierto una trama delictiva que llevaba años de operación en Catamarca. Hasta el momento las personas directamente involucradas son 21, la mayoría de ellas con empleos en la Justicia provincial, Administración pública y Policía, pero es probable que la cantidad aumente en los próximos días. El principal delito de la acusación es “asociación ilícita”, es decir, un grupo organizado con el único fin de delinquir.
La investigación está a cargo del fiscal de Instrucción N°5, Hugo Costilla, quien ya tenía en su poder denuncias por estafas cometidas años atrás, que en principio eran diferentes, aisladas. Pero a principios de marzo pasado encontró un patrón común y decidió unificar los casos e iniciar una investigación de oficio.
¿A qué se debió este giro? En uno de los allanamientos ordenados en domicilios vinculados a aquellas causas se halló un dispositivo electrónico que no pudo ser visualizado en Catamarca. Por ello una comisión viajó a la CABA y en una fiscalía especializada pudieron desbloquearlo: contenía gran cantidad de información sobre bienes, causas pendientes y pagos de dinero a personas sospechadas.
El pasado viernes 28, en la audiencia de control de detención de los hasta ahora 9 apresados, se conoció el decreto de determinación del hecho, al que INFORAMA tuvo acceso. En la primera parte se describe la siguiente situación:
“En una fecha no precisada de 2017, en la calle Bernardino Ahumada al 800, Pozo El Mistol, Valle Viejo, y/o en algún domicilio de la ciudad Capital, Mario Rodrigo del Campo, José Werfil Vega, Gastón Darío Agulles, Pablo Aybar, Juan Pablo Collantes, Rocío Grisel Gordillo y otras personas aún no individualizadas, elaboraron una estructura delictual con lazos de cooperación para efectuar una serie de delitos, cuya comisión y efectos se prolongaron hasta el 22 de marzo de 2025”.
Según la investigación, los actos cometidos por ese grupo tenían por objeto “garantizar la ejecución judicial de títulos de créditos (pagarés) de deudas existentes y aquellas con firmas apócrifas de los supuestos deudores, como así también de quien era titular de los créditos”.
Nombres, cargos y roles
Para el fiscal, Del Campo actuó como “jefe” de la organización, y en tal carácter “dio participación a miembros de la banda” que eran “empleados de áreas estratégicas para poder perfeccionar los delitos”. A saber:
- Aníbal M. Buenader: jefe de Despacho del Juzgado Comercial y de Ejecución N°1, Secretaría N°1.
Se ocupaba de compartir fotos de constancias y presentaciones de “expedientes de interés”. No solo daba esa información, sino que también se involucraba para agilizarlos, asesorar y oficiar de nexo con otro personal del juzgado, a cambio de una “suma de $20.000, entre otros beneficios económicos”.
- Víctor J. Rodríguez: auxiliar del Juzgado Comercial y de Ejecución N°1, Secretaría N°1.
También suministraba información de ciertos expedientes, a los que “imprimía una gestión e involucramiento preferencial”, a cambio de dinero y otros beneficios económicos.
- Ramón Rafael Rodríguez: oficial principal del Juzgado Comercial y de Ejecución N°2, Secretaría de Quiebras.
Otorgaba trámite preferente a ciertas presentaciones y “comprometía la firma de la jueza”. Avisaba a Del Campo sobre “todos los movimientos de los expedientes comprometidos”. Entre ellos uno en el cual se habría declarado la nulidad de lo actuado por “falta de notificación”, e incluso lo asesoró para que pase a firmar, en “forma apócrifa”, su abogada, la “Dra. Gordillo”.
Entre las pruebas, hay mensajes de Whatsapp en los que Rodríguez le recrimina a Del Campo por “dejar menos dinero de lo convenido”.
- Aldana Santiesteban de Ahumada: escribiente del Juzgado Comercial y de Ejecución N°2, Secretaría N°2.
Informaba sobre el trámite de los expedientes de interés, gestionaba y se involucraba para agilizarlos, aconsejaba hacer presentaciones y cambiar escritos. Todo a cambio de determinadas sumas de dinero y de préstamos personales a pagar en cuotas.
- Ernesto G. Hernández: oficial del Juzgado Comercial y de Ejecución N°2, Secretaría N°2.
Suministraba información de trámites de expedientes, los agilizaba y hasta conseguía “diligenciamiento de cédulas a cambio de sumas dinerarias especificadas”.
- Ramón Eduardo D’Abate: jefe de Despacho del Juzgado Comercial y de Ejecución N°2, Secretaría N°2.
Ofrecía información de expedientes puntuales, se involucraba en el trámite y hasta facilitaba el acceso a la base de datos con un usuario del juzgado. Todo, claro, a cambio de dinero especificado de antemano. Llegó a reprocharle a Del Campo que estaba en una situación difícil porque la jueza le reclamó por un expediente retirado por su hermana, Eugenia del Campo, que no había sido devuelto.
- Violeta Luna: Ujier de la Oficina de Notificaciones y Mandatos.
Aseguraba que la organización pudiera cobrar u obtener el bien en cuestión mediante la inserción de “declaraciones falsas en las cédulas de notificación”, indicaba que se notificaba al damnificado cuando en realidad eso no ocurría. Así, el demandado recién se enteraba de un juicio ejecutivo en su contra cuando le secuestraban el vehículo.
- Denis Nieva Chaile: oficial principal de la Policía de Catamarca.
Una vez que se ordenaba el secuestro del automotor, el uniformado se encargaba de “hacer el seguimiento”, tomar fotografías y avisar al martillero que trabajaba para la banda.
- Pablo G. Soraire: jefe de Servicio en la Unidad Judicial N°8.
Informaba a Del Campo sobre las recepciones de denuncias penales.
- Javier A. Figueroa: empleado del Banco Nación.
Según la descripción del fiscal, Figueroa suministraba a Del Campo información de la base de datos de la entidad sobre los descuentos de haberes de las personas demandadas.
- Luis Ricardo Bulacios: empleado del Registro de la Propiedad Inmobiliaria.
Acercaba a Del Campo información sobre inmuebles “con carpeta” y la titularidad de dominios catastrales de interés, además de facilitarle copias de cada caso.
- Dora Raquel Searez: escribana del Registro N°61 de La Rioja.
Está señalada por haber confeccionado, en acuerdo con Del Campo, un poder especial “predatado” el 1 de agosto de 2015, cuando en realidad fue efectuado el 12 de marzo de 2023.
- Héctor Varela Martínez y Maximiliano Echaverría: se encargaban de hacer las transferencias de dinero a determinados miembros de la banda por los aportes realizados.
Círculo reducido
En la determinación del hecho, el fiscal Costilla mencionó que aparte de la ejecución judicial de pagarés, el “segundo objetivo delictivo previsto por la empresa criminal fue la adquisición fraudulenta de bienes inmuebles y muebles registrables”.
Allí menciona un caso de usurpación de un inmueble ubicado en Sarmiento 1.100, entre Zurita y Güemes, en julio de 2019, cuyo propietario, Luis Guillermo Sosa, fue visitado por Del Campo, quien le ofreció $50.000 a cambio de obtener las firmas de sus 7 hermanos con el objetivo de ceder los derechos posesorios sobre el inmueble.
Como Sosa se negó al trato, le ocuparon el inmueble de hecho. El que lo hizo se identificó originariamente como “Ezequiel Rodríguez”, pero luego personal judicial constató que en realidad se trataba de Gastón Darío Agulles, uno de los miembros de la banda que el viernes quedó en prisión preventiva. En el expediente, Agulles figura con el alias “Soldado N°3”.
Tanto Agulles como Vega y Collantes (apodado “Dibujante”), forman parte del círculo reducido del “jefe” Rodrigo Del Campo. Ellos son los “organizadores” de la banda, según el fiscal. Pero quien aparece con un rol central en la organización es su pareja, la abogada Gordillo.
En la Fiscalía N°7, Gordillo está denunciada desde 2021 junto a otros dos sujetos por el ciudadano Álvaro Farfan Rotzoll, quien afirmó haber sido engañado en su buena fe y lo hicieron firmar cinco hojas en blanco, que después fueron rellenadas por pagarés apócrifos que se ejecutaron en el Juzgado Comercial y de Ejecución N°2. Aparte, Farfan Rotzoll denunció que en aquella oportunidad le sustrajeron de su domicilio 7 escrituras de inmuebles de su propiedad que aún no pudo recuperar.
La abogada Gordillo también quedó, junto a Del Campo y sus colaboradores cercanos, detenida con prisión preventiva.
Estado estafador
En términos generales, esta organización criminal existía gracias a la incompetencia y corrupción que anida en el Estado. Porque se movía en oficinas públicas con acceso a información clave sobre inmuebles, vehículos y causas judiciales en vías de ejecución. Tenía conocimiento de gente en problemas por derechos posesorios, y hasta sabía si vivían solos y si tenían o no familiares cercanos. Falsificaba documentos oficiales y pagarés; cambiaba la identidad de personas para engañar a las víctimas, a las que además amenazaba y presionaba para apropiarse de sus bienes.
Todo eso podían hacer sencillamente porque los superiores jerárquicos (directores, secretarios, jueces) confiaban excesivamente en sus subordinados, o bien no los controlaban. Tampoco parecían dudar de la suerte de determinadas ejecuciones.
Como sea, el caso demuestra que es posible que un Estado corrupto, infiltrado por delincuentes, defraude a quienes debe proteger.
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