El alineamiento del Gobierno provincial con la Casa Rosada, hasta aquí, ha demandado demasiados sacrificios políticos y reportó muy pocos beneficios. Desde el punto de vista de los recursos económicos, Catamarca está peor que antes de sus ofrendas en el Congreso de la Nación y de las fotos de compromiso con el presidente Javier Milei y sus laderos. Todo lo que la Provincia pueda hacer depende de sus propios ingresos, porque la Nación no le aporta ni para una vivienda social. Aún así, el gobernador Raúl Jalil decidió sostener el pacto con la gestión libertaria.
Los gestos políticos de apoyo a Milei por parte de Jalil comenzaron a poco de su asunción al frente de la Presidencia. El mandatario catamarqueño marcó diferencias respecto a otros referentes peronistas locales y nacionales al defender su teoría del diálogo por sobre la confrontación.
“La sociedad espera que acompañemos en algunas cosas al Gobierno nacional. Si le va bien, también le va bien a Catamarca. Hay cosas que hay que acompañar, hay que darle las herramientas (a Milei) para que gobierne en un nuevo paradigma que está funcionando”, había expresado Jalil a la prensa porteña en aquellos álgidos días de debate de la Ley Bases en el Congreso de la Nación, entre abril y mayo de 2024.
Entre esas “herramientas” que el Gobierno catamarqueño facilitó a Milei en esa oportunidad estuvieron la reimplantación del Impuesto a las Ganancias en la cuarta categoría y la creación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), una iniciativa que pareciera hecha a medida de los gigantes mineros. Ambos temas, por supuesto, contaban con el rechazo total del kirchnerismo.
En la Cámara de Diputados, el respaldo de los cuatro representantes del oficialismo provincial, Silvana Ginocchio, Fernanda Ávila, Sebastián Nóblega y Dante López Rodríguez, fue táctico: votaron en contra de la Ley de Bases en general, pero apoyaron el RIGI y también Ganancias, aunque con distintas modalidades.
En el Senado, en cambio, la exgobernadora Lucía Corpacci, que es absolutamente fiel a Cristina Kirchner, votó en contra de todo, pero el “jalilista” Guillermo Andrada apoyó la creación del RIGI. Fue tal vez la primera muestra de rebeldía con la mandamás de la oposición en la Cámara alta.
Poco después, el 9 de julio, Milei firmó su ansiado “Pacto de Mayo” en Tucumán con 18 gobernadores, entre los cuales estaba Jalil. "El gran desafío de los argentinos es tener acuerdos políticos que ayuden al acuerdo económico”, subrayó el mandatario catamarqueño tras estampar su rúbrica.
Ausencias que hablan
El golpe más duro para Cristina, jefa del PJ nacional, fue la ausencia de los cuatro diputados peronistas de Catamarca en la sesión del pasado miércoles 19 en la que se aprobó en forma ajustada el DNU de Milei que autoriza el nuevo acuerdo de deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
"Digo yo, ser argentino, haber nacido en la provincia de Felipe Varela, ¿vale entregar la dignidad por una mina de rodocrosita?", fustigó ayer Cristina Kirchner al hablar en un acto en la UBA, en alusión a la cesión definitiva de Minas Capillitas al Estado catamarqueño.
No solo eso. La jefa opositora también metió en la bolsa al senador Andrada, quien pasó a formar parte de un bloque denominado “Convicción Federal”, junto a sus pares Aldo Salino (San Luis), Carolina Moisés (Jujuy) y Fernando Rejal (La Rioja). Según dijo Andrada, el bloque nació por la necesidad de “dar una mirada más profunda a la realidad de las provincias”.
En verdad, la escisión en el Senado iba a producirse tarde o temprano, y no por razones políticas coyunturales. Ocurre que desde antes que llegara Milei al poder, cuando en la Rosada aún estaba Alberto Fernández, Cristina tenía ocupados a todos los senadores de Unión por la Patria con su propia agenda judicial, que incluía las causas pendientes por corrupción y los acuerdos de jueces. En las reuniones de bloque casi no se tocaba otro tema.
Sin embargo, esta vez la rebeldía de los legisladores que responden a los gobernadores “dialoguistas” se da en un año electoral, donde el peronismo será la fuerza que más bancas pondrá en juego en la pulseada de octubre.
Prendas de negociación
Para colmo de las suspicacias, el faltazo de los diputados nacionales peronistas en la tensa sesión donde se aprobó el acuerdo con el FMI coincidió con la publicación en el Boletín Nacional del decreto 205/2025, por el cual se oficializó la transferencia definitiva de Minas Capillitas de Fabricaciones Militares (FFMM) a la empresa Catamarca Minera y Energética Sociedad del Estado (CAMYEN SE)
En los hechos, la provincia de Catamarca ya tenía a su cargo la explotación de rodocrosita de Capillitas desde 2013 por un acuerdo de concesión con FM. La empresa nacional solo recibía un canon y no tenía ninguna injerencia en la producción ni comercialización de la piedra semipreciosa, única en el país.
No obstante, el nuevo acuerdo firmado por el gobernador Jalil junto con la presidenta de CAMYEN, Susana Peralta, y el presidente de FFMM, Juan Manuel Vaquer, prevé que ésta última recibirá un 3% de las “utilidades sobre las ventas totales de rodocrosita y/o de otros minerales que se exploten en Mina Capillitas en el futuro, durante todo el plazo de vigencia del presente, pagadero anualmente por año calendario”.
¿Por cuánto tiempo CAMYEN pagará a FFMM? Dice la cláusula 2 del anexo del convenio: “El canon previsto en el artículo primero se establece por un plazo de treinta (30) años a contar desde la entrada en vigencia del presente convenio”.
En otras palabras, no fue tanta la generosidad del Gobierno nacional con Catamarca. Aunque es cierto que el 3% de la producción actual de rodocrosita representa un monto simbólico para la Nación.
La cesión definitiva de Capillitas se firmó el 14 de diciembre de 2024, junto con el compromiso de la Nación de dejar en manos de la Provincia la presidencia de Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD), que estaba a cargo del Ejecutivo nacional.
Ambas cosas se dieron en el marco de la adhesión de Catamarca al Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas creado por el decreto nacional 969/2024, con el objetivo de extinguir, total o parcialmente, las obligaciones recíprocas entre las jurisdicciones, para posibilitar el saneamiento definitivo de las acreencias financieras.
Aún resta oficializar el acuerdo por la presidencia de YMAD. Hasta hoy, el directorio de la empresa está conformado por cinco miembros: dos directores de la Provincia de Catamarca y dos de la Universidad Nacional de Tucumán, más el presidente en representación del Ejecutivo nacional. Con el futuro esquema, la provincia tendrá tres directores.
En la práctica, el beneficio es solamente estratégico: las decisiones de fondo sobre la política de la empresa quedarán a criterio del gobierno catamarqueño, por pura fuerza de número.
Ni un peso
Ahora bien, ¿qué beneficios económicos obtuvo Catamarca de su respaldo político a la gestión de Milei? Por ahora nada. El acuerdo firmado con la Nación para compensar a la Provincia con $48.200 millones destinados a obras de infraestructura vial, agua y saneamiento, vivienda y energía, entre otras, siguen en el aire.
Esta semana, el Ministerio de Economía de la Provincia salió al cruce de las polémicas expresiones del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien había afirmado que si Catamarca redujera un 10% su gasto público podría eliminar “todos los impuestos provinciales”.
"Desde 2023 la Provincia asumió el financiamiento de obras públicas nacionales por más de $50 mil millones, evitando su paralización y el impacto en el empleo y la economía, a lo que se suman las obras provinciales y los múltiples gastos esenciales a cargo de Catamarca: educación, salud, vivienda, servicios públicos y apoyo al sector privado", señaló el comunicado de Economía.
Es decir, el Gobierno nacional no solo no ha cumplido el compromiso de restituir los fondos destinados a las obras públicas que dejó de financiar, sino que además no le envía a la Provincia un solo peso para otras obras.
Basta un ejemplo: el Ministerio de Vivienda y Urbanización de la Provincia prevé construir, con viento a favor, un total 300 viviendas sociales en lo que resta de 2025, cuando en diciembre pasado entregó medio millar de viviendas solo en Valle Chico. Todo, por supuesto, con fondos propios. Se trata de un récord histórico por lo exiguo.
En definitiva, salvo por la cesión de Minas Capillitas y el sillón de YMAD, el respaldo político del Gobierno provincial a Milei, con las finanzas al límite y legisladores sometidos a escraches vergonzosos, es una clara ecuación negativa.
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