El próximo lunes 10, la Cámara décima del Crimen de Córdoba dará la sentencia definitiva contra Edgar Adhemar Bacchiani por medio centenar de estafas cometidas en esa provincia. Serán 10 años de prisión o 7, como pidió su defensa. En Catamarca, el financista está acusado por cinco delitos más aparte de estafa, con lo cual su condena superaría los 20 años. Según la ley, el juez que impone la pena mayor debe dictar una sentencia unificatoria. Por primera vez Bacchiani se reconoció estafador. Todo un aviso para sus exsocios y colaboradores en Adhemar Capital.
En la provincia mediterránea, Bacchiani recibió unas 200 denuncias, pero llegó al banquillo por 50 hechos de estafas. En total, el perjuicio a los inversores fue cuantificado en 378 millones de pesos y 1.200.000 dólares. El fiscal Gustavo Arocena aclaró que al existir un proceso de quiebra en curso, en este caso no habrá resarcimiento a los damnificados.
El fiscal Arocena, el defensor público de Bacchiani, Eduardo Gómez Caminos, y las querellas acordaron realizar un juicio abreviado y “cesurar” la pena, es decir, determinar por separado el monto para proponer al tribunal. De este modo, los jueces no pueden condenar por más de 10 años, pero sí aplicar una pena menor.
Precisamente, Gómez Caminos solicitó que se imponga a Bacchiani una condena de 7 años, en vista de que en breve enfrentará otro juicio en Córdoba por más estafas, en la causa abierta por la fiscal Valeria Rissi, y donde podría recibir una pena igual o aún más elevada.
Además de Córdoba, Bacchiani tiene pendientes un juicio en La Rioja y el más importante de todos, el de Catamarca, donde está imputado y procesado en la Justicia Federal por 6 delitos, además de embargado, desde octubre de 2023. Por cuerda separada, en la Justicia provincial se llevan adelante los procesos de quiebra de Bacchiani y de Adhemar Capital SRL.
Números
La causa penal del autodenominado “Trader God” en la provincia es gigantesca: tiene más de 2.000 cuerpos, más de 500 querellas, 82 querellantes y 16 imputados con sus correspondientes estudios patrimoniales.
A diferencia de Córdoba, donde solo se juzgó el delito de estafa, en la Justicia Federal de Catamarca la estafa es considerada en el marco de un “esquema piramidal” o “Ponzi”, o sea, como delito continuado en el tiempo y parte de un sistema interrelacionado. Porque el conjunto de los contratos de inversión firmados corresponden, a criterio del juez federal Miguel Ángel Contreras, a una sola “unidad delictual”.
¿Cuánta plata adeuda la exfinanciera? Una pericia elaborada por técnicos de la Gendarmería Nacional sobre el total de pagarés firmados y reconocidos por Adhemar Capital dio cuenta de una deuda de más de 2.700 millones de pesos y casi 12 millones de dólares.
Por otro lado, están los bienes inmuebles y muebles de los principales acusados que se encuentran embargados, a la espera del juicio de ejecución que puede realizarse luego de la condena en el juicio penal.
Pese a que los números de la deuda financiera reconocida son impactantes, para los abogados querellantes se trata solo de una parte. Sospechan que buena cantidad del dinero de los clientes fue a parar a “billeteras frías” de criptomonedas.
El problema es que las billeteras frías, a diferencia de las “calientes”, están basadas en hardware y desconectadas de internet. De hecho, son ideales para guardar grandes cantidades de criptomonedas a largo plazo. En otras palabras, son imposibles de rastrear.
Procesados y delitos
De acuerdo con el auto de procesamiento dictado por el juez Contreras, Edgar Bacchiani -CEO de Adhemar Capital-, José Blas y Franco Sarroca -gerentes-, y Zaraive Garcés Rusa -socia gerente de la empresa y exesposa de Bacchiani- fueron procesados como “coautores del delito de intermediación financiera sin autorización agravada, en concurso ideal con lavado de activos y defraudación, todo en concurso real con asociación ilícita”.
Las exgerentes de las sucursales de Adhemar Capital en Tucumán, Sofía Aylan, y en Córdoba, Aldana Donato, están procesadas como “coautoras del delito de intermediación financiera sin autorización agravada, en concurso ideal con defraudación, todo en concurso real con asociación ilícita”.
El abogado Lucas Retamozo, exasesor legal de Bacchiani y de la financiera, fue procesado como “partícipe necesario del delito de intermediación financiera sin autorización agravada, en concurso ideal con lavado de activos y defraudación, todo en concurso real con asociación ilícita en carácter de coautor”.
Al contador de la financiera Iván Segovia lo procesaron por ser “partícipe necesario del delito de intermediación financiera sin autorización agravada, en concurso ideal con lavado de activos y defraudación, todo en concurso real con asociación ilícita en carácter de coautor”.
Sofía Piña, abogada y expareja de Bacchiani, quedó procesada como “coautora del delito de intermediación financiera sin autorización agravada, en concurso ideal con lavado de activos y defraudación, todo en concurso real con asociación ilícita”.
En cuanto a los “poceros” de Adhemar Capital Pablo Olmi, Franco Brey y Ernesto Erdbercher Denett, el juez los procesó por hallarlos “coautores del delito de intermediación financiera sin autorización en concurso ideal con defraudación, todo en concurso real con asociación ilícita”.
En cambio, con “falta de mérito” quedaron los exempleados de la financiera Héctor Sagripanti Orellana, Pablo Antonio Sosa, María Lihue Banegas y Lucas Barrera Oro.
Según trascendió de fuentes oficiales, la semana pasada ingresaron nuevas denuncias de damnificados de Mendoza en contra de dos personas que estuvieron ligadas a la financiera. Las indagatorias a los denunciados están previstas para este mes.
Por otro lado, Bacchiani fue embargado en $600 millones; Garcés Rusa, Blas y Sarroca, en $400 millones; Segovia, Retamozo, Piña, Donato y Aylan en $250 millones; y Olmi, Brey y Erdbercher Denett, en $200 millones cada uno.
En carácter de expropietarios de la empresa, Bacchiani y Garcés Rusa están procesados aparte por evasión a la seguridad social, ya que no hicieron los aportes previsionales correspondientes a los empleados.
El juicio en Catamarca
¿Qué falta para que la causa Bacchiani se ventile en un juicio oral y público? En simultáneo con el comienzo del juicio en Córdoba, el juez federal Contreras dispuso dar por concluida la etapa de investigación en lo que respecta a los procesados en la causa, pero que podría continuar con aquellos cuyos procesamientos no se confirmaron y de los considerados con “falta de mérito”.
Pero el fiscal federal, Rafael Vehils Ruiz, se opuso a la decisión del juez por considerarla “prematura y contradictoria”. Alegó que aún estaban pendientes algunas medidas de pruebas solicitadas por él, las partes y por el propio juez federal.
Una medida solicitada por el fiscal Vehils fue la nueva audiencia con el contador Segovia, con el fin de éste muestre los movimientos que tuvieron las cuentas de Adhemar Capital y de Bacchiani en la plataforma Binance.
Segovia se presentó la semana pasada en el Juzgado Federal, luego de un mes de silencio de su defensa respecto al requerimiento, y abrió la herramienta “Coin Tracker”, que se usa para monitorear -no para operar- los rendimientos de criptomonedas, impuestos y otros ítems. Y confirmó nuevamente que las cuentas estaban vacías.
En realidad, lo mismo había hecho en 2023, luego de solicitar que la Justicia lo considere “imputado colaborador” en la investigación de la causa, puntualmente en lo que respecta al rastreo de dinero. Y ya en aquella oportunidad mostró que no había un centavo en las cuentas.
Otra medida de prueba que había pedido Vehils era un informe de otras cuentas de Binance. El juzgado lo encargó, el informe llegó y nadie fue a verlo. Lo curioso fue que las cuentas pertenecían a personas que no están imputadas. Por lo tanto se pidió a Gendarmería un informe al respecto, el cual ya fue remitido al fiscal y a las partes con el fin que indiquen si van a hacer algún requerimiento o qué otra prueba necesitan. Hasta el momento, no hubo respuestas.
En rigor, en lo que respecta a los querellantes, hace más de 6 meses que ninguno de ellos solicita medidas de prueba a la Justicia.
Que Bacchiani se siente en el banquillo de los acusados en Catamarca depende exclusivamente de que el fiscal Vehils Ruiz pida la elevación a juicio, si finalmente coincide en que la investigación está cerrada en lo que atañe a los principales procesados, y también de que los querellantes estén de acuerdo.
Por lo pronto, con la condena del tribunal cordobés y la decisión de que cumpla la pena en la cárcel de Catamarca, desaparece el apuro que existía sobre el fin del plazo de la prisión preventiva de Bacchiani, quien en abril cumplirá 3 años detenido. O sea, habrá al menos un margen de 4 años -si lo condenan a 7- para seguir dilatando el juicio local. Algo que en verdad no tiene ningún sentido.
Como sea, en Catamarca también es factible que se lleve a cabo un juicio abreviado y que se pueda “cesurar” la pena entre la fiscalía y las querellas. Si se tiene en cuenta la suma de los delitos, el máximo de la pena es de 25 años, que por lo general se aplica si hay reincidencia -lo que no sucede con Bacchiani-. Y si a eso se suma la condena por evasión en los aportes, que se castiga con hasta 6 años de prisión, la pena total se extendería a 31 años. Son los extremos; lo más probable es que la sanción sea menor.
Al margen de eso, quizás el dato más relevante del juicio en Córdoba es que Bacchiani aceptó haber estafado, asumió la responsabilidad de los hechos. ¿Qué pensarán todos los que lo rodearon en la financiera, sus viejos socios y colaboradores? ¿Admitirán que fueron conscientes de que trabajaban junto a un estafador?
El mensaje de Bacchiani para ellos parece ser: no voy a caer solo.