La seguridad carcelaria en Catamarca deja mucho que desear. Hace poco, a Esteban Cabello, uno de los creadores de la financiera Betabank que estafó a centenares de inversores, le secuestraron un celular que logró ingresar a la celda. Es la segunda vez en su caso. Que a un procesado por estafas pueda acceder a un teléfono habla bastante de la vulnerabilidad del sistema de control del Penal de Capayán. O de la trama de connivencias entre los que están dentro y fuera. Como sea, el Ministerio de Seguridad de la Provincia tiene bastante por hacer.
El 25 de enero pasado, el secretario penal del Juzgado Federal, Raúl Córdoba, recibió un informe del oficial Jorge Collantes, del servicio de Guardia de la Penitenciaría, sobre el acta de requisa realizada ese mismo día, poco después de las 15, en la celda N° 6 del pabellón 1 (sector sur), con el resultado de la inspección.
En ese procedimiento encontraron un teléfono celular marca Samsung, de pantalla y tapa rebatible, con chip de la empresa Claro, batería removible y un cable USB de color blanco. Todo eso, según describió Collantes, estaba “oculto en la parte inferior de la puerta de ingreso a la celda”. El propio Cabello admitió que era de su propiedad. El equipo fue secuestrado y enviado al Juzgado Federal para las pericias de rigor.
El pabellón N° 1 sur cuenta con siete celdas, en cada una de las cuales hay dos internos, salvo una que tiene cuatro camas. La celda N° 6 la comparten Cabello y Juan Ignacio Reyes Modotti, quien se encuentra con prisión preventiva acusado por el brutal intento de homicidio del florista Maxi Gutiérrez.
Hasta el año pasado, Cabello compartía la celda con Daniel Carrizo, quien fue su “socio técnico” en Betabank. Y curiosamente, o quizás no tanto, a Carrizo también le secuestraron un celular en la celda. Fue al poco tiempo de regresar al Penal luego de una “pausa” de tres meses con prisión domiciliaria.
Cabello, Carrizo y Juan Manuel Casado Tolosa, el tercer socio, están procesados por el juez federal Miguel Contreras por “intermediación financiera no autorizada agravada, lavado de activos, administración infiel y asociación ilícita”. La misma imputación corre para Manuel y Ángel Casado Tolosa -padre y hermano de Juan- y Luis Emilio Marchetti. Pero los tres últimos gozan de libertad.
Otro modelo, la misma estafa
“Betabank” fue el nombre de fantasía adoptado por “Beta Investment SRL”, una sociedad que se inscribió el 11 de agosto de 2021 en La Rioja. Después se mudó al local 10 de la Galería Liberti, sobre la Peatonal Rivadavia de la capital catamarqueña. Y cuando empezó a captar clientes y ampliar ingresos se trasladó a Sarmiento 1138. Fue el último domicilio registrado en la provincia.
Si bien la financiera se subió a la ola de las inversiones piramidales cuando el grueso del mercado ya estaba en manos de Adhemar Capital y RT Inversiones, la forma que encontró de captar clientes fue con más audacia: ofrecía ganancias de entre 20 y 30% mensuales en dólares con contratos de un año. Era claramente una rentabilidad extraordinaria, incluso superior a la que prometía Edgar Bacchiani y el clan Bulacio.
Pero además, a modo de “plus” diferencial, Betabank tentaba a sus clientes con destinar el dinero invertido a la compra de equipamiento informático para hacer “minería” de las criptomonedas Bitcoin y Ethereum en Paraguay. Con el producto de eso, decía, pagaría las rentas prometidas.
“Vamos a ser la granja de minado más grande de Latinoamérica. Así que, gente, fíjense dónde van a invertir, porque aquí están apalancando un proyecto serio y pueden subirse al barco para siempre”, aseguraba Cabello en uno de los videos grabados en la “granja” de minado paraguaya.
Al principio, la financiera pagó las utilidades acordadas durante noviembre y diciembre de 2021, pero en enero de 2022 comenzó la cesación. Y allí llegó el aluvión de demandas judiciales.
Betabank estafó a más de 400 personas en Catamarca, pero muchas de ellas no hicieron las denuncias de rigor. El desfalco total superaría los 15 millones de dólares.
Juan Casado Tolosa es kinesiólogo y hoy tiene 38 años. En el Penal de Capayán compartía la celda con Bacchiani, hasta que éste fue trasladado a Córdoba para responder por medio centenar de estafas. Quizás no vuelvan a encontrarse.
Filtraciones frecuentes
Aunque a la ministra de Seguridad de la Provincia, Fabiola Segura, le preocupe más lo que sucede puertas afuera de la cárcel, lo que ocurre adentro con el ingreso de celulares para los internos parece estar verdaderamente descontrolado.
En mayo de 2024, cuatro teléfonos fueron secuestrados en las celdas que ocupan Edgardo Bulacio hijo (RT Inversiones), Cristian Rojo (Callvu Servicios Financieros y Bursátiles) y José Sierra (Stratton Sierra SRL) y quedaron en poder del Juzgado Federal.
Bulacio está imputado por “intermediación financiera sin autorización agravada, en concurso ideal, con lavado de activos y defraudación, todo en concurso real con asociación ilícita”. La acusación a Rojo es por "intermediación financiera no autorizada, estafa, amenazas y lavado de activos, todo en concurso real con asociación ilícita y autor de coacción en concurso real". Y Sierra está procesado con prisión preventiva como "coautor de intermediación financiera no autorizada agravada, estafa, asociación ilícita y lavado de activos".
En otras palabras, es de imaginar lo que cada uno de ellos puede hacer con un celular en su poder.
Según informaron en aquella ocasión las autoridades de Seguridad, los equipos fueron detectados en un “operativo sorpresa”, luego de varias semanas de investigación.
¿No cree la ministra Segura que debería prestarle mayor atención al Servicio Penitenciario, donde los teléfonos entran y salen como si nada?