Por Marcelo Sosa

9 de febrero de 2025

La investigación especial de la fiscal Paola González Pinto sobre el acuerdo económico que terminó con el sobreseimiento definitivo de los asaltantes a los hermanos Rolón Reynoso en el barrio Parque América, en diciembre de 2024, profundizó sobre el malestar social que produce este tipo de “soluciones” legales a conflictos violentos y, además, dejó al desnudo la grotesca situación particular de víctimas y victimarios. La decisión final está en manos de la Corte de Justicia de la provincia.

El asalto se cometió en la madrugada del 4 de septiembre pasado. Cinco hombres con el rostro cubierto ingresaron a la casa luego de desactivar el portón automático. Adentro cortaron la luz y se abalanzaron sobre Matías Rolón Reynoso, exgerente de la financiera RT Inversiones, y Carlos Varela Villegas. Les pegaron, los maniataron y amenazaron con armas. Luego hicieron lo mismo con Gustavo Rolón Reynoso, quien llegó más tarde. Huyeron con 1.500 dólares y celulares de alta gama. A las pocas cuadras cuatro de ellos fueron atrapados por la Policía. El quinto, que era el jefe de los asaltantes, huyó a pie y nunca nadie lo delató ni persiguió. Fue el primer impune de la banda.

Los cuatro detenidos fueron Camilo Alberto Carrizo, Guillermo Hernán Nieva, Diego Marcelo Arroyo y Fernando Ariel Pacheco. La Justicia los imputó por “robo doblemente calificado por el uso de armas y por ser cometido en poblado y en banda”. Supuestamente, pretendían cobrarse una deuda de RT Inversiones, la financiera de Edgardo Bulacio (padre e hijo) que dejó tantos estafados como Adhemar Capital. De hecho, Matías Rolón está procesado por estafa y goza de la prisión domiciliaria.

El escándalo comenzó cuando se supo que Carrizo es hermano del intendente peronista de Saujil, Enzo Carrizo, y primo de la ministra de Seguridad, Fabiola Segura. Además, es dueño de la camioneta Toyota Hilux -dominio AA482SM- en la que llegaron los asaltantes a Parque América. El vehículo está registrado a nombre de una empresa de su propiedad, “Servicios del Norte SRL”, que es proveedora del Estado provincial desde marzo de 2021. Más todavía, Carrizo tenía un cargo en la EC Sapem. Eso era solo parte de la corruptela oficialista que se ventiló después.

De la indignación a la satisfacción

El 14 de octubre, el juez de Garantías Héctor Maidana concedió la libertad a Carrizo y Nieva -ambos de Pomán-, previo pago de una caución de 1 millón de pesos cada uno, aunque por supuesto siguieron ligados a la causa. En cambio, Arroyo y Pacheco continuaron presos en el Penal de Capayán.

Esa decisión provocó un fuerte rechazo de las víctimas. El abogado Rolando Crook, quien fue a la audiencia en compañía de Gustavo Rolón. "Aquí está en riesgo nada más y nada menos que la vida de él, de su familia, de su madre y de su hermano", afirmó. Por su lado, Rolón aseguró que “Carrizo era uno de los cabecillas, él fue quien me apuntó a la cabeza, apuntó a mi hermano y a su amigo, amenazando con que iba a volver por nosotros”. “Incluso mencionó que debíamos cuidar al hijo de mi hermano que vive en Pomán", añadió.

Pero tal indignación y temor se esfumaron al mes siguiente. En efecto, el 21 de noviembre último, el fiscal Hugo Costilla recibió la propuesta de un acuerdo conciliatorio entre las partes para dar por consumada la acción penal, mediante el pago de una suma inicial de 8 millones de pesos a las víctimas por parte de sus violentos victimarios. Una semana después Costilla le presentó su dictamen favorable al juez Maidana, quien lo homologó con fecha 9 de diciembre de 2024. Así, los cuatro asaltantes quedaron sobreseídos en forma definitiva. Borrón y cuenta nueva.

La figura legal en que las partes se basaron es el artículo 59 (inciso 6°) del Código Penal argentino, reformado en 2015. Según esa norma, la acción penal puede extinguirse, entre otras razones, por “conciliación o reparación integral del perjuicio, de conformidad con lo previsto en las leyes procesales correspondientes”.

Repercusiones

El sobreseimiento de los asaltantes vía reparación económica desencadenó reacciones críticas en la oposición y el Gobierno apuró una iniciativa para reformar la ley penal en la provincia.

Por el lado opositor, el diputado Hugo Ávila (FAC) pidió que tanto el fiscal Costilla como el juez Maidana sean sometidos a un jury de enjuiciamiento por “mal desempeño” y por comprometer “gravemente la seguridad pública y la confianza en el Poder Judicial”.

El Ejecutivo, por su lado, remitió al procurador general de la Corte de Justicia una misiva con el fin de “trabajar en forma conjunta en la elaboración de un anteproyecto legislativo que establezca una reglamentación en la materia que regule con precisión a qué delitos se puede aplicar” la extinción de acción penal por conciliación o reparación integral del perjuicio y “cuáles requisitos deben reunir”.

Y la Fiscalía General encomendó el 7 de enero pasado a la fiscal en feria González Pinto que investigue los términos, circunstancias personales, económicas y grados de participación que rodearon al acuerdo conciliatorio entre víctimas y victimarios del asalto en Parque América.

El 29 de ese mes, González Pinto resolvió promover una “acción de nulidad por cosa juzgada írrita” de la sentencia del juez Maidana que homologó el acuerdo conciliatorio y dictó el “sobreseimiento por extinción de la acción penal”.

En términos generales, una “cosa juzgada írrita” implica que si bien la sentencia es formalmente válida, al mismo tiempo es injusta porque no refleja la verdad de los hechos.

Entre los fundamentos de la acción de nulidad, la fiscal González Pinto presentó un resumen detallado de la situación socioeconómica y los movimientos financieros de cada uno de los asaltantes y asaltados, entre el 1/8/24 y el 1/12/24. Algunos datos son realmente asombrosos.

Los victimarios

CAMILO CARRIZO

• DNI: 35.239.652.
• Domicilio: Federico Espeche N° 1.000, B° Achachay, San Fernando del Valle de Catamarca.
• Profesión: Ingeniero electrónico y comerciante. Pero no tiene habilitación ni matrícula para ejercer la profesión, según informe del Colegio de Ingenieros de Catamarca.
• Actividad: propietario de comercios y socio de una SRL, beneficiario de una Jubilación por Invalidez y de un beneficio denominado CUNA (asignación por hijo). Realiza transacciones y movimientos millonarios.
• Cuentas virtuales: Mas Pagos Nación, Agilpagos, First Data cono sur, Nave Agilpagos, Mercado Libre SRL, Mercado Pago, Lemon, UALA, Naranja cuenta).
• Cuentas bancarias uniformes: Banco Patagonia, Banco Macro; Brubank Sau (dólares y pesos); Banco Supervielle, Banco Santiago del Estero, Naranja digital compañía financiera pesos; Naranja digital dólares, Nación Argentina, Nación Argentina (pesos y dólares), Banco Galicia (pesos).
• Movimientos financieros: en el periodo observado, realizó 70 transacciones u operaciones a cuentas de terceros. Se le debitó un total de $3.750.083,80 y recibió $21.609,727,65.
• Otros movimientos: vendió camionetas y presentó cuatro certificaciones de ingresos (informe del Consejo Profesional de Ciencias Económicas) y declaró que provienen de su trabajo como ingeniero.

“Evidentemente, este imputado moviliza sumas muy importantes, por lo que se presume que su negocio es sumamente productivo. Sin embargo, recibe una jubilación por invalidez, beneficio previsional reservado por ley a las personas que presenten una invalidez con incapacidad laboral del 66% o más, y que esta incapacidad le impida trabajar”, destaca la fiscal.

Y agrega: “Que, personalmente, esta representante de los intereses sociales considera que una persona que en cuatro meses acredita y recibe más de veinte millones de pesos, cobra una jubilación por invalidez, reservada por ley para quien no puede trabajar y tener un ingreso digno y además recibe un beneficio o asignación universal por hijo, reservada como ayuda o apoyo económico para personas carentes de recursos, siendo este un subsidio o ayuda del Estado, resulta digno de reproche y tiene una conducta lesiva a los intereses sociales”.

La jubilación por invalidez la recibió de manos de su hermano, Enzo Carrizo, cuando estaba al frente de ANSES Catamarca. Ahora Camilo deberá someterse a una auditoría médica para demostrar si conserva o no el mismo estado de incapacidad para trabajar.

GUILLERMO NIEVA

• DNI: 34.243.357
• Domicilio: B° Sagrado Corazón de Jesús S/N, Siján (Pomán)
• Ocupación: comerciante. En la Justicia dijo que se dedica a la venta de zapatillas. Es beneficiario de un plan Potenciar Trabajo en el municipio de Saujil por el cual percibe $70.000 mensuales. Hasta el 30/08/2024 se desempeñaba en el área servicios públicos de ese municipio.
• Cuentas virtuales: 7 en total.
• Cuentas bancarias uniformes: Banco Nación Argentina, Naranja Digital (dólares y pesos). Registra un total de 138 operaciones o transacciones en el periodo observado. Se le debitaron $2.727.807 y le acreditaron $1.482.600. No registra antecedentes penales.

DIEGO ARROYO

• DNI: 28.309.879
• Domicilio: B° Eva Perón, Manzana 31, Lote N° 12.
• Ocupación: comerciante (según declaró, compra y vende vehículos usados)
• Antecedentes penales: fue condenado y declarado reincidente 6 veces. Estuvo preso hasta 2023. Dijo que conoció a Matías Rolón en la cárcel. “Me deben mucha plata”, aseveró.
• Pericia psiquiátrica: el informe del CIF observó “negación del hecho, ausencia de culpa, rasgos antisociales y angustia reactiva con sentimientos de frustración”, entre otras cosas.

La fiscal González Pinto mencionó que Arroyo, según el informe socio ambiental, “se encuentra en situación de pobreza”. Razón por la cual “se vio muy beneficiado por el acuerdo conciliatorio, ya que le permitió en tiempo récord obtener un sobreseimiento”.

A su criterio, dado el vacío legal de normas procesales locales, la posibilidad de que un reincidente obtenga un sobreseimiento por un acuerdo conciliatorio es algo que “debería ser correctamente valorado por un juez”.

“Este caso puntual es altamente ofensivo a los intereses sociales”, por cuanto puede alterar “la paz social y la confianza en la Justicia y en la ley”. Para la fiscal, un juez “puede considerar que el acuerdo conciliatorio no es viable debido a la reincidencia del imputado, ya que esto puede indicar una falta de arrepentimiento o una mayor peligrosidad”. “¿Es esta solución (la del acuerdo conciliatorio) una solución justa en los términos de la justicia restaurativa? ¿permite reconstruir la cohesión social? ¿O simplemente se trata de una salida rápida que consagra la impunidad y resulta altamente lesivo a los intereses sociales?”, se pregunta.

FERNANDO PACHECO

• DNI: 34.237.149
• Domicilio: Barrio Procrear Maipú, Cerro Juncal, departamento B1, Mendoza-
• Ocupación: plomero-gasista. En situación de pobreza, según el informe socio ambiental.
• Cuentas virtuales: Anticipocomar, Mercado Libre, Moni, Nviopagos Argentina SAU, Naranja cuenta, Prex, UALA.
• Cuentas bancarias: Naranja Digital (pesos y dólares), BBVA (pesos y dólares), Banco del Sol, Santander (pesos y dólares), Banco Galicia, Supervielle).

Movimientos: registró 50 transacciones en cuatro meses. Se le debitaron $454.100 y le acreditaron $473.061.

• Antecedentes penales: no registra en Catamarca, pero sí en Mendoza por violencia de género. A la fecha, se desconoce su paradero y domicilio.

Las víctimas

EXEQUIEL MATIAS ROLON REYNOSO

• DNI: 39.016.815
• Domicilio: Barrio Parque América, calle Bolivia N° 1875, Capital.
• Ocupación: desocupado.
• Cuentas: 14 en total, de las cuales 5 figuran como inactivas (Claro Pay, Mercado Libre SRL, UALA, Ágil Pagos).
• Movimientos: 404 operaciones y transacciones entre agosto y diciembre de 2024. Le debitaron $18.749.714 y le acreditaron $19.769.389.
• Antecedentes: procesado por los delitos de intermediación financiera no autorizada, estafa y lavado de activos en la causa RT Inversiones. Tiene prisión domiciliaria y una inhibición general de bienes.
• Acuerdo conciliatorio: su parte fue de $2.000.000 en un pago.

A criterio de la fiscal, Rolón Reynoso no está en condiciones de recibir pagos por la inhibición de bienes dispuesta en el procesamiento de la Justicia Federal. “En otros términos, este pago efectuado a Rolón Reynoso perjudica a las víctimas (de la causa RT Inversiones) y vulnera las expectativas de cobro de sus acreencias”, destaca.

GUSTAVO ALEJANDRO ROLON REYNOSO

• DNI: 36.504.261
• Domicilio: Barrio Parque América, calle Bolivia N° 1875, Capital.
• Ocupación: comerciante, dedicado a la venta de teléfonos celulares marca Iphone.
• Cuentas virtuales: 5.
• Cuentas bancarias: 5
• Movimientos: 109 operaciones entre agosto y diciembre. Recibió un total de $3.385.470 y acreditó $3.567.040.
• Acuerdo conciliatorio: recibió $5.000.000 en un pago.

En el asalto le robaron 9 celulares Iphone y USD 1.500. Recuperó 7 de ellos y le rompieron 2 (Iphone 14 Pro Max y un Iphone 12 Pro Max, valuados ambos en $3.600.000), aparte de un Ipad. En cuanto al dinero, recuperó solo USD 100. Además, en la casa le dañaron muebles y cámaras de seguridad. “Sin dudas, esta víctima es quien más perjuicio ha sufrido”, destaca González Pinto.

Por ese motivo es que llama la atención que haya aceptado solo $5 millones como reparación integral, “dándose por satisfecho plenamente y renunciando tanto a la querella como a cualquier tipo de acción civil en contra de los imputados, aclarando que estos no le adeudan suma de dinero alguna por ningún concepto”, agrega.

CARLOS GONZALO VARELA VILLEGAS

• DNI: 33.048.797
• Domicilio: Avda. San Martín N° 102, Las Pirquitas, FME.
• Ocupación: comerciante y técnico electrónico, con domicilio habitual en Ignacio de Agüero N° 351, B° 50 Viviendas, Capital.
• Cuentas virtuales: 15.
• Cuentas bancarias: 5 (pesos y dólares).
• Movimientos: 482 transacciones con distintos montos, recibió y transfirió dinero, “incluyendo transacciones con sus amigos, los hermanos Rolón Reynoso”, dice la fiscal.  Le ingresaron $10.970.460 y desembolsó $10.233.450.
• Acuerdo conciliatorio: recibió $2.000.000 en un pago.

El caso de Varela Villegas es curioso. Por un lado, González Pinto lleva adelante una causa en su fiscalía donde lo investiga a raíz de una denuncia realizada por Rubén Dusso (hijo) contra autores desconocidos. Según menciona, la investigación cuenta con medidas probatorias que “primariamente nos advierten su participación en maniobras sospechosas, que implican un fraude o estafa, con varios participes y/o autores”.

Hay otro antecedente. En 2017, Varela Villegas fue detenido junto a un sujeto de apellido De María, que era empleado de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, por haber robado en la casa del diputado provincial José “Chichí” Sosa (UCR). La entonces fiscal Myriam López los imputó por “hurto por escalamiento”, pero los liberó por carecer de antecedentes. Entonces Varela Villegas tenía 28 años.

Tanto Matías Rolón como Varela Villegas declararon en la Justicia que aquella madrugada en que fueron sorprendidos por los asaltantes estaban “jugando juegos en la computadora, como hacían habitualmente”. Toda una ternura adolescente.

Sin embargo, esa computadora fue pedida en calidad de secuestro por el fiscal federal Rafael Vehils Ruiz, con la sospecha de que se trata de un sofisticado equipo para operar con criptomonedas. Algo más creíble y ajustado a los antecedentes de ambos “gamers”.

¿Qué sucederá con la acción de nulidad del acuerdo conciliatorio? En los próximos días la Sala Penal de la Corte de Justicia, que integran los jueces María Fernanda Rosales, Hernán Martel y Verónica Saldaño, debe resolver si se declara competente o no. Puede enviarla a un juzgado o bien abocarse y fallar a favor o en contra de la sentencia del juez Maidana.

A esta altura, más allá de la cuestión técnica, lo que importa es si la Justicia aceptará que los delitos violentos en Catamarca puedan arreglarse con plata. Con plata de la peor política.