Hizo falta que el caso del feedlot vacuno de Ancasti, denunciado por contaminar las aguas y el aire de un pequeño poblado, tuviera una menuda repercusión pública para que el Estado provincial saliera de su letargo y activara oficinas y funcionarios. Sin embargo, todavía no está definido quién o quiénes serán los encargados de pactar el cierre del establecimiento, tras conocerse la decisión del propietario de mudar su negocio fuera de la frontera catamarqueña.
El emprendimiento dedicado a la cría intensiva y engorde de ganado pertenece al empresario santiagueño René Tauil, dueño además de un supermercado en la avenida Acosta Villafañez al 2000, en Capital. Se instaló hace diez años en El Totoral, un paraje ubicado a solo 7 kilómetros de Anquincila (Ancasti). Allí también posee una plantación de nogales.
Los problemas con el feedlot comenzaron 5 años atrás, cuando incrementó la cantidad de animales. Ello implicó hacer perforaciones de agua y extracción de arroyos y ríos linderos, además de construir diques de cola para derivar las heces y el estiércol. Obras no autorizadas ni supervisadas por los organismos técnicos del Gobierno provincial. De hecho, lo único que Tauil tiene es una habilitación comercial del municipio de Ancasti y un permiso del SENASA, que solo se ocupa del estado sanitario de los vacunos.
Un grupo de vecinos de El Totoral, cuyas viviendas están ubicadas en las inmediaciones del arroyo que atraviesa la zona, reclamaron al municipio a cargo del intendente Rodolfo Santillán (UCR) por el uso sin control del agua superficial y la contaminación de las napas subterráneas, por cuanto los diques de cola no están impermeabilizados y filtran materia orgánica. Pero no obtuvieron respuestas oportunas ni razonables.
Hasta allí la situación era más o menos crítica. Sin embargo, lo peor sucedió el 3 de marzo pasado. Ese día, una lluvia intensa produjo un enorme deslave de los desechos del establecimiento hacia el arroyo El Totoral, el cual quedó literalmente contaminado a lo largo de dos kilómetros. Los primeros pobladores están a partir de los 500 metros del corral. Además, el aire se volvió irrespirable por la emanación de gases.
A raíz de eso, los vecinos buscaron asesoramiento legal y al mes siguiente fueron por vía administrativa al Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente, que conduce Eduardo Niederle. Se hizo un expediente que durmió meses en un escritorio. O sea, tampoco allí fueron escuchados.
En rigor, el único respaldo concreto que encontraron durante ese tiempo fue el juez de Paz de Ancasti, Raúl Tula, quien accedió a visitar el lugar y hacer un acta de constatación de los hechos denunciados.
Sin respuesta en la Provincia ni en el municipio, los pobladores presentaron una acción de amparo y una medida cautelar en la Corte de Justicia, patrocinados por la abogada Carolina Juárez Aliaga. El tribunal tuvo dos meses el escrito en su poder para decidir si era competente o no para entender en el asunto. Finalmente cayó en manos de un Juzgado Civil que no solo agilizó la acción, sino que además la amplió con un recurso jurídico de mayor alcance social.
El amparo lleva las firmas de los siguientes vecinos: Leonardo José Embon, Ariel Filippo, Christian Martín Moya; Mario Fabián Bazán; Fabio Olivito, Karina Silva y Susana Borreguero Witt (de nacionalidad alemana).
La cronología del reclamo:
- Diciembre de 2018: los pobladores de El Totoral presentan una nota a la Municipalidad de Ancasti en la que piden adoptar medidas ante “el uso indiscriminado del agua y la contaminación de las napas y la cuenca del arroyo El Totoral”.
- Julio de 2019: el municipio da el ingreso formal al pedido de los vecinos.
- 2021: el municipio responde formalmente. Explica que el establecimiento de Tauil está registrado en el SENASA y que el organismo realiza inspecciones trimestrales.
- Abril de 2024: los vecinos presentan una solicitud en el Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente con el fin de que disponga “una clausura preventiva del establecimiento y una inspección que determine si el feedlot afecta el medio ambiente y el equilibrio de la cuenca hidrogeológica”.
El ministerio da ingreso al pedido y habilita el trámite: “EXPTE.- 2024-00950393-CAT-DA-SD-S/DENUNCIA POR CONTAMINACION Y USO INDISCRIMINADO DE AGUA DE ARROYO DEL TOTORAL.- ANCASTI”.
- Junio de 2024: ante la falta de respuesta del organismo oficial, los vecinos presentan un pedido de “pronto despacho”. Insisten en la necesaria intervención de la Provincia por tratarse de una situación “urgente”. No hubo ninguna acción.
- Agosto de 2024: los pobladores presentan una acción de amparo y una medida cautelar ante la Corte de Justicia de Catamarca por “actos de omisión de la Municipalidad de Ancasti y la Secretaria de Ambiente de la Provincia”, respecto a la “acción contaminante provocada por el establecimiento ganadero dedicado a Feedlot de propiedad de René Antonio Tauil, CUIT 23-14599143-9, ubicado sobre ruta provincial N° 15, en el paraje El Totoral, a 7Km de la Villa de Anquincila- Dpto. Ancasti.
- Octubre de 2024: la Corte de Justicia se declara incompetente y dispone bajar la causa a un juzgado de primera instancia. Por sorteo, recae en la jueza civil N° 4 María Gabriela Ruiz.
- 22 de octubre de 2024: la jueza Ruiz declara la procedencia del amparo, pero no hace lugar a la medida cautelar. Además, considera que la pretensión de los amparistas está comprendida en la figura de “acciones colectivas por intereses difusos”. Es decir, el daño ambiental a reparar afecta a la comunidad en general, por lo que cualquier ciudadano puede adherir a la acción.
- 28 de octubre: inspectores de Dirección Provincial de Hidrología y Evaluación de Recursos Hídricos del Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente concurren a El Totoral para constatar los hechos denunciados. Aún no se conoce el informe oficial.
- 29 de octubre: técnicos de la Secretaría de Ambiente se trasladan al lugar para realizar su propio relevamiento. Tampoco se conoce el informe.
- 2 de noviembre: Tauil anuncia que trasladará su emprendimiento a Frías, su ciudad de origen. Afirma que lo viene analizando hace dos años, ante la escasez de agua en Ancasti. Pero que terminó de decidirlo por las denuncias de contaminación.
- 3 de noviembre: se publica en un medio gráfico local el edicto de amparo judicial de “intereses difusos o derechos colectivos” ordenado por la jueza Ruiz. Los ciudadanos intereses en adherir al planteo tienen 10 días para sumar su firma en el Juzgado Civil N° 4.
- 4 de noviembre: Ambiente le pide a Tauil que presente un “plan de remediación” del daño antes de avanzar con el traslado del feedlot. Ello implica “descontaminar” el lugar.
Tomala vos
La primera presentación formal de los pobladores en la Provincia, en abril pasado, estuvo en la órbita de la Secretaría de Ambiente, durante la gestión del geólogo Gustavo Báez. Nunca se abocó al asunto.
Báez asumió al frente de ese organismo en diciembre de 2023. Formó parte del pelotón de funcionarios que llevó Niederle a la cartera de Agua, Energía y Medio Ambiente, entre ellos su esposa, Valeria Gallo, y un par de parientes con el mismo apellido.
Pero Báez no duró mucho tiempo: con fecha 1 de octubre se publicó el decreto del Ejecutivo por el cual dejó sin efecto su designación. Hubo varias versiones sobre la causa de su renuncia. Ninguna de ellas aludía a razones funcionales o personales.
En su lugar asumió Martín Castelli, comisario inspector y licenciado en Seguridad. Castelli construyó un alto perfil como director de Defensa Civil hasta octubre de 2023, cuando la ministra del área, Fabiola Segura, le pidió su renuncia, supuestamente por discrepancias con el manejo de una emergencia, y lo castigó con un traslado al interior.
Castelli se hizo cargo de la Secretaría de Ambiente de la Provincia el 10 de octubre último y a los pocos días se involucró con el caso de la contaminación del feedlot de Ancasti. Mandó inspectores a El Totoral, pero todavía no tiene un informe completo del daño ambiental.
De todos modos, el proceso de cierre del establecimiento ganadero en Catamarca y su traslado a Santiago del Estero es algo que debería quedar en manos del ministro de Inclusión Digital y Sistemas Productivos, Juan Cruz Miranda, quien coordinaría la cuestión ambiental con Niederle y Castelli. Esto, por lo pronto, no está definido.
Hay más todavía. El fiscal de Estado, Marcos Denett, recibió una cédula judicial que solicita su participación por cuanto está afectada la salud de la población de El Totoral por acción contaminante de una empresa privada. Además, porque hay dos organismos del Estado (Medio Ambiente y Recursos Hídricos) que fueron demandados por no mover un dedo durante medio año con el caso Tauil.
La misma cédula que recibió Fiscalía de Estado también fue enviada a la Defensoría del Pueblo de la Nación.
En Ancasti, las autoridades locales están preocupadas por la pérdida de empleo indirecto que supondrá la salida de Tauil a Frías, pese a que el empresario aseguró que seguirá comprando ganado a los productores de la zona.
Todo esto podría haberse evitado si los organismos provinciales hubieran actuado en forma oportuna. Pero ya es tarde. Una vez más, el Estado se mueve detrás de los hechos consumados.
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